La influencer del mundo narco que montó un falso atentado para culpar a la policía

ROSARIO. Norma Acosta aprendió a contonearse entre la denuncia pública y la sombra del delito, entre el papel de víctima y su rol protagónico en el mundo criminal, ligada a la viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, Lorena Verdún, hoy detenida en el penal de Ezeiza, pero también a los organismos de derechos humanos, como voz de defensa de las familias de presos.

La mañana del 7 de mayo de 2025, cuando cinco disparos perforaron la fachada de su casa de Larguía al 3400, en el Barrio Tablada, Acosta salió a decir ante los medios que el supuesto “atentado” era una venganza policial por sus posteos en las redes sociales sobre la corrupción en la fuerza. Pero según la fiscalía de Rosario no era más que una farsa.

En los días anteriores a esa balacera, Acosta había sido una presencia incesante en las redes sociales. En sus vivos de Facebook emitía, con su estilo, largos videos en los que mezclaba situaciones de su historia personal y de la corrupción de la policía.

En uno de esos videos señaló a exjefes del Comando Radioeléctrico de Rosario por un escándalo con el desvío de fondos para combustible, un caso que dos días antes del ataque ya había provocado 34 allanamientos y 16 detenciones de agentes de la Policía de Santa Fe.

El clima estaba enrarecido y su relato encajaba con la historia de corrupción que se publicó en los medios, entre ellos, LA NACION. Su denuncia decía que dos tiradores que se desplazaban en un Volkswagen Voyage con vidrios polarizados habían disparado contra su casa. El guion parecía perfecto, salvo por la evidencia: las cámaras mostraron -de acuerdo a la investigación que hizo el fiscal Pablo Socca- a dos pibes en bicicleta que hicieron una especie de pasamanos con una pistola antes de escapar del lugar.

Socca reconstruyó el itinerario del ataque. Un adolescente de 17, Ignacio N., habría apretado el gatillo. A su lado, Nicolás Robles, de 18, pedaleaba y hacía de apoyo. Los detuvieron el mismo día. A partir de ellos se llegó hasta Nahuel ‘Monta’ Depetris, un barra de Newell’s, señalado como reclutador de chicos “tiratiros”.

Por encima de ellos, el nombre que suena fuerte es el de Juan José “Jota Jota” Gómez, ex Los Guerreros, un sector de la barra de Rosario Central que lideraba en su momento Andrés “Pillín” Bracamonte, asesinado el 9 de noviembre pasado. Gómez fue fotografiado luego en el paraavalanchas leproso, los supuestos archirrivales de Rosario Central. El Ministerio de la Acusación lo ubicó como organizador del montaje en el que Norma Acosta fingía ser víctima. La fiscalía argumentó que hubo pagos por los tiros: 200.000 pesos para ‘Monta’, 150.000 para el menor y 100.000 para el ciclista.

La escena que fue clave para los investigadores no fue la de los balazos contra el frente de la casa de Acosta, sino un chat de WhatsApp. Del teléfono secuestrado a esta mujer surgieron líneas que, leídas en espejo, parecen un parte de operaciones.

La noche del 6 de mayo, escribió a su pareja: “Parece que acá no va a pasar nada, así que me acosté”. Él le sugirió cancelar, pero ella insistió. También dejó entrever que había puesto a resguardo a su hijo. A las 9.27 del día siguiente, los tiros llegaron. La cronología, a juicio del fiscal, desarma la coartada y dibuja un autoatentado.

En un posteo de Facebook, Acosta lanzó fuertes críticas contra el fiscal. “Me rompieron toda mi pieza cuando entraron con policías que están dentro de la trama de corrupción”, afirmó días después de que inspeccionaran su casa, donde se fraguó el atentado.

Acosta arrastra una condena por narcotráfico dictada en 2019 y su biografía reúne tragedias y también una fuerte exposición, a la que se volvió adicta a través de las redes sociales, en las que lanza crudos comentarios, incluso, contra los periodistas.

A su padre lo mataron a tiros y su pareja, Miguel ‘Japo’ Saboldi, murió en un incendio aún no esclarecido dentro de la Jefatura de la Policía. La sospecha es que se montó un falso motín en la cárcel para asesinarlo.

En esa frontera borrosa entre el dolor y la denuncia se forjó como vocera de familiares de presos y construyó una audiencia digital dispuesta a escucharla. Esa visibilidad, sostienen en tribunales, es el combustible que alimentó la puesta en escena. Se transformó en una influencer del mundo criminal, pero sin límites.

El 4 de septiembre, la División de Asuntos Internos irrumpió en Larguía al 3400 y la detuvo. En paralelo hubo procedimientos en Villa Gobernador Gálvez y en otros domicilios. Para entonces, el caso ya no trataba de quién había tirado, sino de quién habría decidido que se tirara.

La figura penal elegida por la fiscalía fue “intimidación pública agravada por uso de armas y participación de un menor”. Una semana más tarde, la jueza Eleonora Verón les dictó seis meses de prisión preventiva a Acosta y a Gómez.

¿Denuncias sin sustento para instalar agenda? ¿Una estrategia de manipulación? El propio fiscal Socca dijo que en veinte años de profesión no había visto un expediente con estos ribetes: quien declaró como víctima se convirtió en sospechosa central de llevar adelante un autoatentado para victimizarse y perjudicar al gobierno provincial.

Lo que ocurrió aquella mañana en el barrio La Tablada encaja en un ecosistema mayor. Rosario atraviesa un momento especial. A pesar de la fuerte baja de los homicidios, de un 65% este año con respecto al anterior, ocurren crímenes muy focalizados en el mundo criminal. Y las barras de los dos principales clubes están en principal tensión porque tienen fuertes vínculos con el narcotráfico.

En medio de ese contexto, la causa de corrupción policial con la compra de combustible expuso una caja negra dentro de la fuerza de seguridad. El supuesto autoatentado, para la fiscalía, intentó parasitar esa crisis para amplificar un mensaje: ‘me persiguen’. El costo social fue otro sacudón en la confianza pública.

En su declaración inicial, Acosta había descrito el auto del que le dispararon a su casa era un Voyage blanco, “chocado atrás y con vidrios polarizados”. Sostuvo que dentro del vehículo iban dos hombres vinculados a exjefes del Comando. Aportó un relato medido para televisión. La prueba técnica, sin embargo, impuso su propia economía narrativa: una bicicleta playera, dos jóvenes, cinco disparos, un arma que cambia de mano y un escape por rutas separadas. Minutos después, el Comando Radioeléctrico detuvo al presunto tirador; a la tarde cayó el conductor. No había auto, ni vidrio polarizado, ni motor al ralentí.

Depetris, el barra apodado ‘Monta’, cayó a finales de agosto; Gómez fue a una audiencia imputativa con un prontuario abultado. La acusación lo ubica como gestor del arma y del pequeño presupuesto del ataque. En los pasillos, su nombre se liga a vasos comunicantes entre tribunas, negocios y grupos de choque. Nada de esto sorprendió a los investigadores: la subcontratación de violencia es moneda corriente cuando se busca ruido sin dejar huellas propias.

La defensa de Acosta cuestionó el enfoque, pero, por ahora, se impone el relato fiscal. “Intimidación pública” es un tipo que no solo mide el daño concreto, sino el efecto de pánico y conmoción que desata.

Cuando el expediente llegue a juicio, si llega, quedará por verse qué parte de este rompecabezas resiste el tamiz del contradictorio. ¿Hubo otros instigadores? ¿Se utilizaron sus denuncias previas como “pantalla” para intereses más grandes? Lo incontrovertible, hoy, es que la versión ‘ataque policial’ está herida por las pruebas de video y de teléfono, y que la fiscalía encontró un hilo conductor que va de un celular a una bicicleta y de ese rodado a la barra brava de Newell’s.

Norma Acosta ya conoce la cárcel. En 2013 la Justicia Federal la condenó por integrar una red de narcotráfico que operaba en Rosario. La sentencia, confirmada años después, la llevó a prisión y la marcó como una pieza más en el engranaje del negocio narco. Sin embargo, su historia no se detuvo ahí: tras recuperar la libertad, se reinventó como denunciante pública, apuntando contra policías y políticos, y construyó un perfil mediático que la colocó en el radar de ese mundo marginal.

En esa trama aparece Miguel “Japo” Saboldi, su pareja y figura clave en la llamada “Narcochacra”, un operativo que destapó el hallazgo de casi 20 kilos de cocaína en una quinta de Alvear.

Saboldi no llegó a juicio: murió en abril de 2013 en un incendio dentro de la alcaidía de la Jefatura de Rosario, un siniestro que la investigación calificó como intencional y que dejó tres internos muertos. Aquella muerte, rodeada de sospechas sobre complicidades y ajustes de cuentas, se convirtió en el punto de quiebre que empujó a Acosta a un rol más visible, denunciando connivencias y reclamando justicia.

A la pérdida de Saboldi se sumaron balaceras contra su casa, amenazas y la muerte violenta de su padre, episodios que ella atribuyó a represalias del narcotráfico y a la corrupción policial.

Ese relato, amplificado en redes sociales y medios, le dio voz y seguidores, pero también la colocó en el centro de un ecosistema donde la frontera entre víctima y la mafia se vuelve difusa.

Por Germán de los Santos

• Narcos

---

Conforme a