La mujer tucumana acusada de robo en Bolivia fue enviada a un penal y tendrá prisión preventiva seis meses
Corine Belén Fadel espera que la justicia boliviana fije una fecha de audiencia para determinar si la causa avanza o no va a juicio
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María Clara Aron De Simone
Corina Belén Fadel, la argentina detenida en Bolivia tras ser acusada de haber robado más de $5.000.000 a una comerciante en una feria de Bermejo, fue trasladada el lunes al Penal de Morros Blancos, en Tarija, situado a casi 200 kilómetros del lugar del hecho.
El consulado argentino logró visitarla en las últimas horas y confirmó a LA NACION que, pese al impacto emocional, la mujer se encuentra en buen estado físico y no presenta hematomas en el rostro ni en las manos. “Está conmocionada y algo aturdida, pero bien dadas las circunstancias”, advirtió Rolando Hugo Pocovi, cónsul interino en Tarija, a este medio.
Por el momento, se desconoce si continúa representada por el abogado defensor que le fue asignado inicialmente. Desde el consulado intentaron contactarlo en reiteradas oportunidades, pero hasta ayer por la tarde no obtuvieron respuesta. Por ese motivo, evalúan dialogar con la Defensoría Pública de Tarija para ponerla al tanto de la situación y definir los pasos a seguir.
“Aunque el consulado no tiene intervención directa en la defensa de la detenida, es nuestra obligación controlar que se respeten sus garantías y que tenga igualdad ante la Justicia boliviana”, remarcó Pocovi a LA NACION.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Tarija. En paralelo, la justicia boliviana debe fijar una fecha de audiencia para determinar si la causa avanzará hacia un juicio. Si bien ya se presentaron denuncias formales, el consulado desconoce la carátula oficial – ello en cuanto la imposibilidad de contacto con el abogado defensor asignado - y explicaron que, hasta ahora, Fadel no fue indagada ni declaró culpabilidad alguna.
Además, las autoridades resolvieron que debe permanecer bajo detención preventiva por un plazo inicial de seis meses, en espera de la primera audiencia judicial donde determinarán si la acusación se sostiene y si el caso continúa. Hasta tanto no se celebre esa primera audiencia, Fadel no puede abandonar el país aunque recupere su libertad. En caso de que la causa avance, podría derivar en un juicio oral, en el que se definirá si es inocente o culpable.
Casi linchada y detenida
El jueves por la noche, el rostro y el cuerpo golpeado de Corina Belén comenzaron a circular por redes sociales. En los videos que grabaron los propios vecinos puede verse cómo un grupo de comerciantes bolivianos la arrastran por la calle, la insultan, la dejan semidesnuda, le cortan el pelo y la amenazan con prenderla fuego. Según testigos, incluso llegaron a pedir combustible para concretar el ataque. La Policía estaba allí, pero durante varios minutos no hizo nada.
La violenta reacción de la horda se dio luego de que una comerciante de la Feria Petrolera señalara a la tucumana de 34 años como parte de una banda que le había robado. La acusación era contundente: había desaparecido un bolso. Dentro, había ni más ni menos que $5.000.000.
Según el relato de la víctima, un grupo de personas había ingresado al local haciéndose pasar por clientes. Unos distraían y otros actuaban. En segundos, el dinero ya no estaba. La sospecha cayó sobre una sola mujer: Corina Belén Fadel.
La multitud no pidió explicaciones. La humillaron en plena calle, y grabaron cada segundo del castigo ilegal. Pero cuando todo terminó, ella fue la única detenida. Ni los supuestos cómplices del robo, ni quienes la molieron a golpes, fueron demorados.
Qué dice la ley boliviana
En Bolivia, el robo simple —cuando se sustraen bienes con fuerza o intimidación, pero sin agravantes— se pena con entre 1 y 5 años de prisión. Si se prueba que el hecho fue cometido con cómplices, con armas, en un lugar despoblado o mediante engaño, se configura el robo agravado, que contempla penas de 3 a 10 años. En todos los casos, la legislación establece que los cómplices reciben la misma pena que los autores directos.
En el caso de Corina, todo depende de cómo se reconstruya el episodio: si actuó sola o si, como sostienen los comerciantes, formaba parte de una banda. También es clave determinar cómo se ejecutó el robo: si hubo violencia, intimidación, el uso de armas o algún tipo de engaño para distraer a la víctima.
La situación judicial se resolverá recién cuando la Justicia boliviana convoque a una primera audiencia y defina si hay mérito para abrir juicio. Mientras tanto, permanece detenida preventivamente por los próximos seis meses en el Penal de Morros Blancos, en Tarija.
Pero la posibilidad de un juicio oral aún es incierta. Según indicaron fuentes oficiales a este medio, la causa podría cerrarse sin condena si se concreta un acuerdo entre las partes. En ese escenario, Fadel debería admitir el hecho y devolver el dinero. Pero todavía no está confirmado si eso ocurrirá. Todo depende de si la comerciante damnificada mantiene la denuncia o decide desistir.
Algunos detalles
El viernes por la mañana, el Consulado argentino en Tarija —a 200 kilómetros de Bermejo— se enteró oficialmente del caso. “Nos enteramos por los videos que circularon en redes. Hasta ahora, ningún familiar se había comunicado con nosotros”, explicó a LA NACION Pocovi.
Desde entonces, Fadel iba a ser representada por Cimar Bamba, abogado de la Defensoría Pública boliviana, pero hasta el día de la fecha el letrado no responde los mensajes del consulado. Por ello, no está claro si este continuará siendo su defensor..
En paralelo, la tucumana fue sometida a una revisión médica. Según el informe preliminar, las lesiones eran leves, pero visibles, señal de la brutal golpiza que recibió en plena calle.
Además, el cónsul interino en Tarija despejó una de las dudas que giraban en torno al caso: el ingreso de Fadel a Bolivia no fue ilegal. “No hay elementos concluyentes que indiquen que su entrada haya sido clandestina”, aseguró a LA NACION. La hipótesis de un cruce irregular por un paso fronterizo quedó, por ahora, descartada.
Ahora, la familia de la mujer tucumana denuncia torturas y exige garantías: “Fue un acto de barbarie. No se puede permitir que la justicia sea reemplazada por la violencia”, lamentaron.
Por María Clara Aron De Simone
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