“Lo mató con una pala y lo prendieron fuego”, la revelación que hizo un arrepentido sobre la víctima de un secuestro
Gastón Tallone fue secuestrado el 8 de julio del año pasado; su familia pagó un rescate de, al menos, 65.000 euros
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“Uriburu se volvió loco y lo mató al empresario con una pala de cavar, y lo llevaron cerca de Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde lo tiraron al costado de la ruta y lo prendieron fuego”.
La afirmación pertenece a un imputado colaborador de la Justicia que declaró en la causa donde se investiga el secuestro del empresario Gastón Tallone, quien fue capturado el 8 de julio del año pasado en la zona del Abasto y cuya familia pagó un rescate de, al menos, 65.000 euros. El dinero fue entregado en una estación de servicio del barrio porteño de Núñez. Nunca más se supo de la víctima, que en el momento de su desaparición estaba bajo investigación por lavado de dinero. Ya se asumía que estaba muerto, pero el cuerpo no aparece.
José Alberto Tomás Uriburu es abogado y está detenido con prisión preventiva. En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de primera instancia que le había dictado la jueza María Servini por el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por haber sido cometido por tres o más personas y por haber dado muerte intencional a la víctima.
El imputado colaborador, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, reprodujo una conversación que habría tenido con otro de los supuestos partícipes del secuestro y homicidio de Tallone.

Según el arrepentido, su interlocutor, solo identificado por sus iniciales, C. M. G., habría participado del plan para deshacerse del cuerpo de la víctima.
“Creo que fueron ellos dos [Uriburu y C. M. G.], porque me lo contó así; me dijo ‘lo prendimos fuego’”, dijo el imputado colaborador en su declaración.
En un primer momento, y a instancias de la denuncia de la familia de la víctima que reside en Entre Ríos, el secuestro de Tallone, que habría ocurrido entre los barrios de Balvanera y Almagro el 8 de julio del año pasado, era investigado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, pero después esa funcionaria judicial declaró la incompetencia en el caso y la investigación pasó a los tribunales de Comodoro Py, con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli y la jueza Servini.
“Tallone ha sufrido un destino trágico, como la muerte. La falta de evidencia directa de su bienestar, combinada con la ausencia de intentos genuinos de comunicación y la presencia de sus documentos personales y de valor en un lugar donde fácilmente podrían haber sido recuperados, sugieren el peor de los escenarios para la víctima. Tampoco se han verificado, pese al considerable lapso de tiempo transcurrido, nuevas comunicaciones exigiendo condiciones para su eventual liberación, ni tampoco pruebas de vida”, había sostenido el fiscal Stornelli en el dictamen donde, en su momento, solicitó ampliar los procesamientos de los imputados.
Además de Uriburu hay otros siete sospechosos que están cerca de ir a juicio por su presunta partición en el secuestro y homicidio de Tallone, entre ellos el empresario Gustavo Juliá, quien en 2013 había sido condenado en España a la pena de 13 años de prisión por el tráfico de 944 kilos de cocaína que ocultó en un Bombardier Challenger 604 que, piloteado por su hermano Eduardo, aterrizó en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en enero de 2011.

Para Stornelli, “los elementos recolectados apuntan a que Tallone fue secuestrado en el marco de un conflicto con Uriburu, siendo posteriormente asesinado y su cuerpo ocultado mediante métodos extremos”.
Y afirmó: “El simple hecho de no haberse hallado, de momento, el cuerpo de la víctima, no implica la imposibilidad de probar su muerte, dado que el fallecimiento puede y debe ser acreditado por otros elementos probatorios -como los aquí tratados-, por cuanto, en caso contrario, la ausencia del cadáver favorecería a las personas que arbitraron los medios para lograrlo”.
En las últimas horas, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, confirmaron los procesamientos de Uriburu, Juliá y otros seis sospechosos, entre los que se encuentra el imputado colaborador.
“En torno a los distintos tramos que conformaron el hecho ilícito y el aporte que cada uno de los procesados materializó para su efectiva concreción corresponde señalar que, en oposición a lo señalado por cada uno de los letrados defensores [en las apelaciones], no es cierto que esas contribuciones puedan ser distanciadas de un carácter delictivo y, como consecuencia de ello, desechar la hipótesis del acusador público y la querella -ratificada en el auto de mérito cuestionado-, pues la lectura integral de cada una de esas conductas, en el contexto general del hecho acaecido, permite una reconstrucción razonable y sólida -conforme al estadio procesal que atraviesa el proceso- que en modo alguno permite la desvinculación de los procesados de la investigación iniciada en su contra”, sostuvieron los camaristas en su reciente fallo.
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