Prófugo: cumplió una condena por traficar casi una tonelada de cocaína y ahora ordenaron su captura por contrabando de oro
La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Alejandro Catania, magistrado que había estado a cargo de la investigación de la conexión local del contrabando de 944 kilos de droga secuestrados en un Bombardier Challenger 604 que aterrizó en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona
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En enero de 2013, dos años después de su detención en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, Gustavo Juliá fue condenado a la pena de 13 años de prisión. La Audiencia Provincial Sección Octava lo encontró culpable del delito de tráfico de estupefacientes agravado. Había intentado ingresar en territorio español con 944 kilos de cocaína ocultos en un avión. Cumplió la pena y volvió a la Argentina, donde era investigado por contrabando de oro y, después de declararlo en rebeldía, el juez Alejandro Catania, a cargo del expediente, firmó la orden de captura nacional e internacional.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Catania es el magistrado del fuero en lo penal económico que, en su momento, tuvo a su cargo la investigación sobre la conexión local por el tráfico de los 944 kilos de cocaína secuestrados por la Guardia Civil el 2 de enero de 2011 cuando aterrizó en Barcelona el Bombardier Challenger 604, que Juliá había adquirido después de firmar un contrato de leasing.
“Después de cumplir la pena en España, Gustavo Juliá regresó a la Argentina. Pero, en el momento de citarlo a prestar declaración indagatoria no pudo ser hallado en ninguno de los domicilios que denunció en el expediente. Así que fue primero fue declarado en rebeldía y después se ordenó su captura nacional e internacional en la causa donde es investigado por contrabando de oro”, explicaron las fuentes consultadas.
La causa se tramitó cuando Juliá estaba preso. Catania, según explicaron las fuentes consultadas, por medio de un exhorto judicial, había pedido que el empresario sea indagado en España por ocho operaciones de contrabando de oro hacia los Estados Unidos.
En ese expediente judicial, Catania procesó y envió a juicio a tres sospechosos: un socio del empresario aeronáutico y dos mujeres.
Para el abogado Carlos Broitman, que defendió a Juliá en le caso del narcojet, la causa por el contrabando de oro está prescripta.
Todavía no está cargada en la base de datos de Interpol la circular roja (notificación dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega). El juez Catania hizo el pedido de carga a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), pero todavía no se pudo finalizar el trámite porque se requirió mayor documentación, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.
Juliá es hijo del fallecido brigadier argentino José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.
La Audiencia Provincial Sección Octava de Barcelona también condenó a 13 años de prisión a Eduardo Juliá, hermano del empresario y piloto del Bombardier Challenger 604 que había despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza la tarde del 1 de enero de 2011. Matías Miret, el copiloto, fue absuelto.
En el alegato del juicio, que se hizo en diciembre de 2012, el fiscal David Benages había acusado a los hermanos Juliá de cometer “un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de extrema gravedad por el uso de un aeronave como medio de transporte específico”.
Además, el representante del Ministerio Público español había sostenido que los acusados cumplían una función fundamental dentro de una “planificación estricta y meticulosa de custodia y transporte de los casi 1000 kilos de cocaína”.
Ese cargamento, con un peso de 944 kilos de cocaína, fue valuado, en su momento, en 32.116.000 de euros. Los paquetes que contenía la droga estaban ocultos en dos falsos sofás-cama, que estaban enfrentados, de espaldas a las ventanillas, y en un armario colocado en el fondo del avión.
Antes de volar con el Bombardier Challenger 604, los hermanos Juliá habían viajado a Murcia y a Málaga, España, con un Hawker 800 XP. Los investigadores judiciales interpretaron que habían sido viajes para familiarizarse con la ruta que usarían para el contrabando de droga.
“Para conocer directamente las rutas e instalaciones aeroportuarias disponibles, los hermanos Juliá realizaron dos viajes a España, ambos en la aeronave de alquiler N348 MC. El primero, el 9 de junio de 2010, a San Javier, Murcia, procedente de Cabo Verde, con salida el 12 de junio; el segundo, entre el 30 de junio y el 9 de julio de ese año, con el itinerario Cabo Verde-Reus, Reus-San Javier, San Javier-Torrejón y Torrejón-Málaga”, sostuvo el fiscal Benages en el juicio.
En el juicio declararon dos de los oficiales de la Guardia Civil que participaron del secuestro de la cocaína. Los policías solo fueron identificados por códigos alfanuméricos, para mantener sus identidades en reserva.
“El señor Gustavo asumió la culpa”, dijo el oficial identificado como K44687Q. En ese momento, el empresario aeronáutico se quebró.
El testigo K44687Q también recordó que cuando subió a la aeronave con un perro para hacer la inspección, los hermanos Juliá se pusieron nerviosos y el copiloto (Miret) tuvo una actitud distinta e incluso sintió curiosidad por el animal. Ante una pregunta del abogado defensor, Carlos Echavarri, el oficial volvió a explicar que, en el momento del hallazgo de la droga, Miret estuvo tranquilo y amable.
El otro uniformado dijo que habían decidido revisar el lujoso jet por el nerviosismo que tenían el piloto y el pasajero (los hermanos Juliá). También afirmó que el empresario dijo que “la droga era suya y que los pilotos no sabían nada” y les señaló otros sectores donde buscar la cocaína. Al igual que su compañero, exculpó a Miret y sostuvo que cuando se descubrió la carga, el copiloto preguntó si todo se trataba de “una cámara oculta o una broma”.
En esa misma audiencia declararon los imputados. Gustavo Juliá contó que fue contratado por un empresario español de nombre Gerardo Fernández para trasladar en el lujoso jet documentación bancaria, obras de arte y personas. Dijo que, a pedido de su cliente, se hicieron cambios en la configuración de cabina de la aeronave y se colocaron dos sofás camas. Explicó que las modificaciones las llevaron adelante tres personas que contrató el empresario español. Se trata de una cuestión clave, porque gran parte de la droga fue hallada en dos falsos sofás camas.
Durante su relato, Juliá dejó en claro que su hermano y Miret no tuvieron acceso al jet mientras estuvo en el aeródromo de Morón, donde se habría cargado la cocaína.
“Ellos [el piloto y el copiloto] no tuvieron acceso al avión, yo controlé las modificaciones. Las llaves las teníamos yo y las tres personas que hicieron los arreglos”, sostuvo el empresario. Aseguró que no estuvo presente cuando la Guardia Civil descubrió la droga y negó haber dicho que la droga era suya.
“Nunca nombré la palabra droga. Sí, expliqué que los pilotos no tenían en absoluto conocimiento de nada, pero para referirme a que yo había hecho el contrato y las modificaciones y ellos hacían su labor”, afirmó.
Ahora, la Justicia lo busca para indagarlo por contrabando de oro.
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