Los fiscales pidieron destituir a la jueza Makintach para indagarla por cohecho y abuso de autoridad
Para los representantes del Ministerio Público hay pruebas suficientes para continuar la investigación contra la magistrada
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LA NACIONGabriel Di Nicola
La jueza de San Isidro Julieta Makintach fue acusada de los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios cometidos por su rol estelar en el documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que iba a girar en torno a las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona. En el proceso, la magistrada acusada era una de las tres funcionarios que debía impartir justicia.
Así surge en un dictamen presentado en las últimas horas por los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo donde solicitaron que la jueza Makintach sea destituida para poder indagarla en el expediente penal y avanzar en la investigación. Hasta el momento, la magistrada tiene fueros.
“La aquí imputada [por Makintach] aceptó la propuesta comercial efectuada, al menos, por María Lía Vidal Alemán [una amiga de la magistrada] y bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del mentado juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”, afirmaron los representantes del Ministerio Público, según el dictamen al que tuvo acceso LA NACION.
En el escrito, de 42 páginas y dirigido al fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusadores públicos piden que el dictamen sea elevado al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, “con el objeto de que se le dé debida intervención al Jurado y de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires”, a cargo del jury contra la jueza.
“Ambas [Makintach y Vidal Alemán] procuraron que Juan Manuel D’Emilio [guionista] se ocupara de la producción del proyecto cinéfilo -lo que incluía la gestión de su financiamiento que, a raíz de un presupuesto aproximado, partía de un mínimo de US$800.000- y paralelamente, en función de la contraprestación venal acordada, la encausada se comprometió a hacer y a dejar de hacer actos propios de sus funciones, como habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate -dejando de lado la orden judicial impartida por el Tribunal que ella misma integraba- y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo que garantizaría liderar la publicidad de la decisión jurisdiccional a adoptarse en el proceso”, afirmaron los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo.
Según afirmaron los representantes del Ministerio Público, “con el objetivo de asegurar el éxito de la empresa audiovisual, fue que dolosamente, inobservando [sic] la Constitución, leyes y deberes que regían su labor como Magistrada Judicial, utilizó arbitraria y sistemáticamente la función jerárquica que ostentaba. Así, sin contar con autorización de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ni de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, en provecho propio y dándole a los bienes públicos un destino totalmente distinto al que están asignados, el domingo 9 de marzo de 2025 -dos días antes de la iniciación de las audiencias del juicio-, habilitó el acceso al edificio de los Tribunales de San Isidro a un grupo de al menos seis personas que se encargaría de llevar adelante el aludido documental”.
Para los fiscales Amallo, Asprella y Chaieb, para “lograr su menester”, Makintach “se valió de la llave que poseía exclusivamente por el rol que desempeñaba, con cuya utilización posibilitó que el grupo accediera al edificio de Tribunales por la entrada destinada al ingreso de magistrados y funcionarios, ya que el mismo se encontraba cerrado al público. Luego de ello, tras invocar falsamente al personal policial que lo custodiaba que contaba con la debida autorización, franqueó la movilidad de los extraños para simplificarles el traslado de los diversos equipos y elementos que exigía la realización de un documental de calidad, que se desenvolvieran libremente junto a ella por diversos espacios que utilizaron como escenarios reales para dotar de autenticidad y verosimilitud a la historia, y que tomaran imágenes fílmicas de calidad cinematográfica de la magistrada, mientras esta se desplazaba en la soledad de aquellos sitios, consiguiendo de ese modo escenas que la cotidiana asistencia a tribunales de letrados, empleados, justiciables y público en general, hubiese frustrado”.
También, según los fiscales, “con el objeto de garantizar material inédito y exclusivo del juicio para el éxito del proyecto audiovisual, el 11 de marzo pasado, la magistrada se sirvió, en provecho propio y de los terceros involucrados en la serie documental, de la sargento Malen Itatí Romero, custodia del Tribunal en lo Criminal (TOC) N° 2 en el que desempeñaba habitualmente sus funciones, para nuevamente franquear, a través del rol policial de la nombrada, el ingreso en el edificio de Tribunales de Alemán (guionista), Jorge Huarte (camarógrafo) y José Arnal (productor), asegurando de ese modo que evitaran colas, esquivaran controles establecidos, y también filmaran escenas únicas: en su despacho, en los pasillos públicos del edificio y en los internos desconocidos por el común, cuyo uso se encuentra destinado para el ingreso de magistrados a la sala de debate".
Cuando presentó su descargo de defensa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Makintach negó las acusaciones e involucró a sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, los otros dos jueces que participaron del juicio.
“No hubo filmación prohibida, sino que trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal. Las decisiones se adoptaron colegiadamente, de manera conjunta con los doctores Di Tomasso y Savarino, tanto de modo de diálogo presencial como por chat de WhatsApp. No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino, por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas, por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”, sostuvo en un escrito presentado el 20 de agosto pasado, que también llevó la firma de su abogado Darío Saldaño.
Después hizo referencia a Justicia Divina, el proyecto audiovisual que derivó en que el juicio que intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Maradona se declarara nulo.
“El potencial o eventual documental, una idea gestada, realizada y planificada por personas distintas a la doctora Makintach no ventilaba ninguna cuestión o incidente vinculado al desarrollo del debate. Makintach solo aceptó -a propuesta de una amiga del colegio conocida desde la infancia – dar una entrevista previa al inicio del juicio, en el ámbito tribunalicio [sic], un día inhábil [domingo 9 de marzo], lo que no provoca afectación a su labor diaria judicial. Sostener que alguno de sus actos o comportamientos adoptados durante el debate se encontraba ´guionado’ o motivado en razones distintas a aquellas estrictamente jurídicas y procesales es una especulación malintencionada sin ningún sustento fáctico probatorio capaz de darle crédito alguno a esa posibilidad", se afirmó en el escrito.
En la audiencia donde el juicio se declaró nulo, los jueces Di Tomasso y Savarino negaron haber tenido conocimiento de la producción del documental.
Al tomar la palabra, Savarino, que ejercía la presidencia del tribunal, afirmó: "Fuimos filmados por un cámara oculta. Escuché falsedades de mí y de mi colega [por Di Tommaso]. No tenemos nada que ver con la filmación, con el documental. No voy a permitir que nadie me denuncie falsamente. Di Tommaso y yo integramos un mismo tribunal [el TOC N°3]. Hace cinco años que nos falta un juez. Makintach integra otro tribunal, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. No tenemos nada que ver con la filmación. Es una infamia decir que yo sabía, que vi a alguien grabando en la primera audiencia. Tengo una carrera de esfuerzo, que empezó como meritorio. Di Tommaso y yo no tenemos que ver con ningún documental”.
Por su parte, Di Tommaso explicó: “Quiero y cuido mucho mi trabajo. No puedo quedarme callada. Uno espera que del trabajo de uno no hablen o cuando dicen algo lo ponderen. Cuando escucho que mi apellido está vinculado a escándalo, engaño, sospecha, ego, papelón, vergüenza. Que mi apellido esté cerca de esas palabras no lo merezco. Yo soy la primera profesional de mi familia. Mis padres hicieron un esfuerzo gigante para que yo fuera a la universidad pública. No soy hija de ningún funcionario, no soy hija de nadie, sobrina de nadie“. Fue una clara alusión a Makintach, hija de un histórico juez y con aceitados nexos en la justicia bonaerense.
En el descargo presentado por Makintach y su abogado, se afirmó que no hubo una cámara oculta como sostuvo Savarino: “Esta circunstancia puede ser acreditada con las respectivas conversaciones que descartan el postulado de la existencia de una ‘cámara oculta’. La presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala, llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado. No hubo promoción o participación de la doctora Makintach en un documental sobre el juicio. El eventual proyecto fue idea de terceros y nunca abordó cuestiones propias del debate judicial, sino más bien vinculadas a la idea de justicia frente a situaciones complejas como la vida y muerte de un ídolo mundial. En caso de avanzar esta idea o eventual proyecto, sería canalizado con los permisos formales que fueran necesarios y requeridos para el caso”.
En caso de ser encontrada culpable, la jueza Makintach podría enfrentar severas sanciones. Según el Código Penal argentino, el delito de cohecho pasivo contempla una pena de prisión o reclusión de uno a seis años, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El abuso de autoridad se castiga con una pena de prisión de uno a veinticuatro meses y una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. En tanto, la malversación de caudales públicos prevé una pena de dos a diez años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua.
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