“Más armas equivale a más muertes”, planteó la Red para el Desarme, que reclamó el fin de la política de flexibilización de permisos

La Red Argentina para el Desarme (RAD) argumentó que la tragedia ocurrida en San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante de 15 años ingresó armado a su escuela y mató a tiros a un compañero de 13 años e hirió a otros dos, “no es un hecho aislado, sino que es el resultado de una política irresponsable en torno a las armas de fuego” que atribuyó a las reformas encaradas por el Gobierno en torno a las leyes de registración y al rol que se le asignó al Renar y a la demora de más de un año y medio en poner en marcha el programa de entrega voluntaria de armas para reducir la cantidad circulante entre la población.

“Es el primer caso letal de violencia armada en una escuela desde la masacre de Carmen de Patagones, en 2004. Aquella tragedia dio lugar a una política sostenida durante dos décadas por gobiernos de distinto signo, orientada a reducir la circulación de armas y prevenir la violencia armada. Ese consenso hoy se está desmantelando por impulso oficial“, señalaron, en un comunicado.

Agregaron que “el Gobierno nacional impulsa una visión binaria, simplista y peligrosa: las armas serían un problema solo cuando las usan “delincuentes”, pero una solución cuando están en manos de “personas de bien” y señalaron que “esa idea desconoce la evidencia y la realidad”.

En ese sentido, pusieron el énfasis en el origen de las armas y en las consecuencias de su utilización. “Todas las armas matan. Y la mayoría de las muertes no ocurre en robos ni en legítima defensa, sino en conflictos interpersonales, violencia de género, suicidios o accidentes. La disponibilidad de un arma convierte cualquier situación de crisis en un hecho potencialmente letal“, precisaron.

En ese punto, señalaron la flexibilización normativa derivada de las consecutivas medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional como el foco del problema. “En lugar de advertir sobre estos riesgos, el Gobierno decidió facilitar el acceso [a las armas]: bajó la edad mínima de 21 a 18 años, habilitó fusiles semiautomáticos de alto poder de daño, flexibilizó controles, promovió mecanismos de acceso “express”, desarticuló la agencia de control y abandonó el plan de desarme voluntario. Estas decisiones no son abstractas: tienen consecuencias".

La RAD sostuvo que “la Argentina mantiene hoy una de las tasas de homicidio más bajas de la región” y “eso no es casual: es el resultado, entre otros factores, de políticas activas de control de armas” por lo que “desmantelarlas implica asumir un riesgo evidente”.

“Lo ocurrido en Santa Fe no puede leerse al margen de este contexto. Cuando se facilita el acceso a armas y se naturaliza la violencia desde el discurso público, el riesgo se multiplica. La combinación es conocida: más armas y mayor legitimación equivale a más muertes”, afirmaron desde la RAD.

“Frente a esta tragedia, no alcanza con la conmoción. Hace falta responsabilidad política”, destacaron, al tiempo que reclamaron:

• La inmediata reactivación y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permitió retirar de circulación más de 200.000 armas.
• Dejar sin efecto la habilitación de fusiles semiautomáticos.
• Revertir la reducción de la edad mínima de acceso.
• Reconstruir una política estatal activa de control y prevención de la violencia armada.
• Retomar campañas de concientización sobre los riesgos de la proliferación de armas, especialmente dirigidas a jóvenes.
• Cesar en los discursos que promueven o legitiman la violencia.

“La sociedad argentina ya tomó una decisión hace años: no quiere vivir en una sociedad armada. Y mucho menos en una donde los jóvenes tengan miedo de morir a tiros en una escuela”, concluyeron.

LA NACION

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