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Mendoza: 34 acusados irán a juicio por una organización que traficaba armas y droga a Chile
Serán juzgados por asociación ilícita, contrabando agravado y acopio de armamento de guerra, entre otros cargos
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LA NACION
La Justicia Federal de Mendoza pidió llevar a juicio oral a 34 acusados de integrar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de armas entre la Argentina y Chile, en una causa que además permitió detectar maniobras vinculadas al narcotráfico y al movimiento irregular de dinero mediante giros internacionales.
El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, quien solicitó que los imputados sean juzgados por asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra, tenencia ilegítima de armas y, en algunos casos, por infracción a la Ley de Estupefacientes.
La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura criminal que operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 con ramificaciones en la Argentina, Chile y conexiones con Brasil, desde donde parte del armamento habría sido adquirido para luego ingresar ilegalmente al país y ser trasladado hasta Mendoza antes de cruzar clandestinamente la frontera hacia territorio chileno.
Según la acusación fiscal, la organización estaba integrada por ciudadanos argentinos y chilenos que cumplían funciones específicas dentro de la maniobra: adquisición de armas, financiamiento, recepción de dinero, logística, acopio, transporte y cruce fronterizo.
La pesquisa determinó que el circuito comenzaba con viajes a Brasil para comprar armas, cargadores y accesorios. Luego, el material era ingresado a la Argentina mediante maniobras destinadas a evadir controles aduaneros y fronterizos. Posteriormente, el armamento era trasladado primero a Buenos Aires y después a Mendoza, donde era distribuido entre choferes de camiones internacionales que ocultaban las armas en las cabinas para cruzarlas por el Paso Cristo Redentor hacia Chile.
Durante la investigación fueron secuestradas 36 armas de fuego de distintos calibres y marcas, 32 cargadores, más de 2000 municiones, kits con extensores y diversos accesorios vinculados con el armamento. Además, todos los acusados permanecen con prisión preventiva bajo diferentes imputaciones.
Según consignó la Procuración General de la Nación en su portal informativo www.fiscales.gob.ar, uno de los primeros hechos detectados ocurrió el 2 de abril de 2022, cuando personal de la Gendarmería Nacional detuvo en la Ruta Nacional 7, a la altura de La Paz, Mendoza, a un sospechoso que viajaba en un colectivo de larga distancia con 11 armas de fuego y 18 cargadores ocultos entre el equipaje.
El análisis posterior de su teléfono celular permitió reconstruir comunicaciones con otros integrantes de la organización y detectar transferencias de dinero provenientes de Chile para financiar la operación.
Semanas después, el 17 de abril de ese mismo año, otro camionero fue interceptado en Uspallata mientras intentaba cruzar hacia Chile con 11 armas, siete cargadores y más de 2000 municiones ocultas en la cabina del camión que transportaba azúcar.
La investigación también permitió descubrir otra modalidad utilizada por la organización. El 19 de diciembre de 2023, dos ciudadanos chilenos fueron detenidos en Tucumán mientras viajaban en un colectivo de pasajeros con ocho pistolas y cinco cargadores escondidos entre la ropa y el equipaje.
Para los investigadores, el financiamiento de la estructura se realizaba mediante transferencias internacionales y giros de dinero entre Argentina y Chile realizados a través de empresas de remesas. Según la fiscalía, muchos de esos movimientos carecían de justificación económica y eran utilizados para sostener viajes, compras de armas y logística operativa.
El avance de la causa también permitió detectar una actividad paralela vinculada al narcomenudeo. En distintos allanamientos realizados en el departamento mendocino de Maipú fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y registros de ventas.
Los investigadores sostienen que parte de los integrantes utilizaban la misma infraestructura logística del tráfico de armas para comercializar drogas en forma secundaria.
La complejidad del expediente obligó a coordinar un Equipo Conjunto de Investigación entre el Ministerio Público Fiscal argentino y las autoridades judiciales chilenas. En ese marco, el 23 de mayo de 2024 se realizaron más de 30 allanamientos simultáneos en Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile.
En los procedimientos participaron efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile, y se secuestraron armas, teléfonos celulares, documentación y distintos elementos considerados clave para la causa.
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