Otra vez cayó "Marcos", el capo narco que todavía reinaba en la villa 1-11-14

Gozaba del beneficio de la libertad condicional por ser un "buen alumno". Desde que había salido de la cárcel, donde cumplía una condena de diez años después de declararse culpable en un juicio abreviado, se había instalado en el barrio cerrados La Celia, en Ezeiza, donde ya vivía su mujer, Silvana Salazar, alias "Señora". Pero, según una investigación policial y judicial, Marco Estrada González, más conocido como "Marcos", también llamado "Padrino", continuaba con el liderazgo de una temible banda narco que opera en la villa 1-11-14, del bajo Flores.

"Marcos" fue detenido ayer por orden del juez federal Sergio Torres, que desde 2010 lleva una profusa investigación sobre la organización criminal. El allanamiento fue hecho en La Celia, donde también vive el ex ministro de Seguridad bonaerense e intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.

La hipótesis del juez federal Torres y de su equipo de investigadores es que la organización criminal tiene dos facciones, una liderada por "Marcos" y la restante por uno de sus hermanos apodado "Piti", que se reparten por semana el territorio y las ganancias de la comercialización de las drogas.

"La banda se estructuraría a modo de seguridad y reparto de las ganancias entre las cabezas, por dos facciones perfectamente organizadas, integrantes de una misma estructura, y con miembros inclusive comunes, por la función que tendrían asignada, que se dividirían los momentos y las ganancias del tráfico de drogas por períodos semanales separados", sostuvo el juez Torres en la resolución donde ordenó la detención.

"Marcos" no fue el único apresado. Detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) también detuvieron a Salazar y a otros 21 sospechosos. Torres ordenó 55 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Los uniformados secuestraron 200 kilos de marihuana. 11.748 dosis de paco y cocaína, 400 teléfonos celulares, 34 armas, 1450 municiones, $ 769.852, US$ 3600, alhajas y automóviles.

Desde que comenzó la causa, en 2010, el juez Torres y su equipo de colaboradores, lograron identificar a más de 100 sospechosos vinculados al negocio ilegal de las drogas dentro de la villa 1-11-14, una zona caliente del narcotráfico. Se especulaba que la banda llegó a "facturar" 1.500.000 de pesos mensuales.

"Las tareas encomendadas y las interceptaciones telefónicas concretadas hasta por la Policía Federal, han permitido robustecer la hipótesis acerca de la subsistencia de la cuestionada organización, con su misma estructura funcional que se sigue presentando por demás compleja, dividiendo sus actividades en distintos grupos de personas que, a su vez, ejercen diversos roles y funciones en turnos rotativos", sostuvo el magistrado en su última resolución. En la investigación participaron también el fiscal federal Juan Pedro Zoni y la Procuraduría de Narcocriminal (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada de los secretarios de Estado Eugenio Burzaco y Gerardo Milman y del jefe de la PFA, comisario general Néstor Roncaglia, y del titular de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, comisario mayor Jorge Casas, dio una conferencia de prensa donde dijo: "Lo importante es que logramos desbaratar a la banda en su totalidad".

El dato de color, según el juez Torres, es que la organización tenía la colaboración de "asesoras espirituales" que les aconsejaban cómo y cuando entregar la droga.

Por Gabriel Di Nicola

• Narcotráfico

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