Pedofilia: hay más detenidos, pero las sanciones efectivas son muy escasas

Ricardo Russo, el médico pediatra detenido por distribuir pornografía infantil
Ricardo Russo, el médico pediatra detenido por distribuir pornografía infantil
Los especialistas consideran que la Argentina está hoy entre los países con mayor circulación de pornografía infantil en el mundo; sin embargo, eso no se traduce en causas penales ni en condenas
Vanesa Listek
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22 de julio de 2019  

Los investigadores de ciberdelitos saben que cuanto mayor sea la demanda de pornografía infantil, mayor será el número de víctimas. Con tantos niños abusados sexualmente para registrar el aberrante momento en una imagen o en un video, y revictimizados una y otra vez en tanto el material se viraliza en grupos transnacionales de pedófilos, hay urgencia por apresurar los tiempos de las investigaciones, generar conocimiento y prevención en la sociedad, y cerrar los vacíos legales que dan la ventaja a los criminales. Pero, por ahora, la respuesta de la ley ante tamaño problema es muy baja.

En 2018 hubo detenciones solo en el 5% de los allanamientos realizados por la Dirección de Prevención e Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad. En lo que va de 2019 ya hubo sospechosos apresados en el 39% de los procedimientos. El año pasado, en 59 allanamientos solo resultaron detenidas tres personas, algo que los especialistas consultados por LA NACION relacionan con las penas bajas que existen por producción, distribución y tenencia de pornografía infantil. Este año, al cabo de 23 procedimientos hubo nueve aprehendidos, entre ellos, el pediatra del Garrahan Ricardo Russo, apresado a fines de mayo pasado en el hospital de niños porteño.

De un año a otro se produjo el triple de detenciones en menos de la mitad de operativos. Un buen avance que, sin embargo, confirma que resta un largo camino por recorrer. Sobre todo si se toma en cuenta un dato estremecedor: durante 2018, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recibió a diario del National Center of Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Ncmec, según sus siglas en inglés), un promedio de 128 reportes de delitos sexuales con menores que estarían ocurriendo en la Argentina; se calcula que el tráfico de pornografía infantil alcanzó en el país los 66.000 videos el año pasado. En 2013 se habían reportado 21 casos.

El comisionado general Carlos Gabriel Rojas, que conduce la Dirección de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad, dijo a LA NACION: "En su mayoría, las personas a las que allanamos por pornografía infantil no tienen antecedentes, así que se benefician con penas excarcelables, probation o incluso con simples notificaciones, lo que significa que vuelven a sus casas de inmediato".

En 2018, la policía porteña abrió 176 sumarios por pornografía infantil, de los cuales 106 no llegaron siquiera a la etapa de allanamiento, algo que según Rojas ocurre porque, en varios casos, es difícil determinar la edad de personas que se ven en imágenes sexualizadas descubiertas a partir de ciberpatrullajes, en especial cuando se presume que tienen entre 16 y 19 años.

Un mes después de la caida de Russo, un especialista en rehabilitación física fue detenido por producir e intercambiar material sexual explícito con menores
Un mes después de la caida de Russo, un especialista en rehabilitación física fue detenido por producir e intercambiar material sexual explícito con menores Crédito: CIJ

La detención del pediatra Russo visibilizó una problemática que a nivel mundial se extendió tanto a redes sociales como a la deep y la dark web. Para Robert Muggah, cofundador y director de investigaciones del Instituto Igarapé, las compañías tecnológicas aún tienen problemas para regular este tipo de contenido en sus plataformas. "La pedofilia online se generalizó y hace imposible conocer el alcance y la escala real de esta problemática. Pero sabemos que existen millones de páginas de contenido. Además, se estima que un 80% de todas las visitas a la dark web están conectadas a la pornografía infantil, y aunque no existe un perfil ?típico' para los pedófilos online, la gran mayoría son hombres", dijo a LA NACION.

De perversiones y de leyes

Muchos de los allanamientos del año pasado se hicieron antes de la modificación del artículo 128 del Código Penal, que ahora castiga la tenencia de material pornográfico con una pena de cuatro meses a un año de prisión. "Existen varios ?grises' en muchos de los casos que tenemos. Algunos se truncaron técnicamente porque no se pudo determinar un domicilio físico, dado que la IP estaba enmascarada por el uso de la red TOR. O descubrimos una conexión a un sitio de pornografía infantil y eso solo no alcanza para detener a nadie, ya que el usuario pudo haber bajado material por error al intentar entrar en una página sospechosa o al bajar una película ilegalmente (algo que ocurre a diario)", agregó el jefe policial.

Aunque una imagen puede ser una pista, los investigadores necesitan seguir otros rastros para asegurarse de que van tras un pedófilo. Rojas y su equipo tampoco descartan que haya casos de menores que conviven con un presunto pornógrafo. "En los allanamientos siempre buscamos a niños en peligro y es habitual encontrarlos. En esos casos nos interesa proteger al menor para asegurarnos de que no haya existido un abuso filmado y divulgado online. Pero no siempre se los puede aislar ya que no siempre contamos con suficiente evidencia para acusar a una persona de pedofilia", continuó Rojas.

Fernando Tomeo, abogado especializado en delitos informáticos, considera que "las penas por pornografía infantil deberían modificarse", y que debe haber "un debate serio en el Congreso para generar una reforma integral de las figuras de cibercrimen".

Afirma Tomeo: "En delitos que involucran a menores, las penas deben ser ejemplarizadoras. La tecnología nos invadió y existen nuevas modalidades delictuales que tienen que ser sancionadas porque el daño que se causa con la inmediatez de la tecnología es muy grande. Es importante actualizar las normas de procedimiento y de prueba vinculadas al ciberdelito y establecer una normativa aplicable a la prueba digital".

En el mundo, los organismos de seguridad, los grupos de ciberpatrullaje, las organizaciones de protección infantil y las compañías de medios sociales trabajan para disuadir, interrumpir e investigar estas prácticas. Pero es un proceso difícil ya que las redes de pedofilia alcanzan a millones de usuarios que ocultan sus actividades mediante el uso de tecnologías cifradas.

"Hay un fuerte debate global sobre cómo lidiar con la pedofilia online. Algunos grupos que trabajan en abuso sexual infantil, como la Fundación Lucy Faithful (Reino Unido) o el Proyecto Dunkelfeld (Alemania), creen que es fundamental trabajar con pedófilos para cambiar su comportamiento; los social media bregan para lidiar con pedófilos "no ofensivos" o "anticontacto", quienes dicen sentirse atraídos por los niños, pero estar en contra del sexo y la pornografía infantil entre adultos y menores. Twitter, Tumblr y Reddit recibieron críticas por permitir que estos individuos tengan una cuenta social y una voz, ?normalizando' sus prácticas", contó Muggah.

Este especialista considera que el filtro de contenidos por parte de las empresas de tecnología podría ayudar, aunque no siempre se ha tenido éxito al respecto. En el caso de YouTube, donde una gran parte del problema es la forma en la que los algoritmos de recomendación dirigen a los usuarios a contenidos específicos, incluidas las imágenes sexualizadas de niños, o la sección de comentarios, que permite a usuarios compartir enlaces pornográficos explícitos e identificar niños y usuarios directos. "Solo se necesitan entre cuatro y seis clics para pasar de imágenes inofensivas a otras explícitas", reveló.

Tanto para Tomeo como para Muggah involucrar a los "gigantes", como Google y Facebook, ayudaría a reducir el avance de la problemática. Desde la mirada legal, Tomeo considera que en la Argentina debería estar vigente la normativa de Proveedores de Servicios (tendría que existir hace dos años), que obliga a las empresas enfocadas en las tecnologías a colaborar con la Justicia de forma inmediata y no solo en el fuero criminal, sino en cualquier tipo de investigación.

Sostiene Muggah que "hay indicios de una creciente colaboración entre las empresas de tecnología y los grupos dedicados a la protección infantil". YouTube se asoció con grupos como Internet Watch Foundation (IWF) para proporcionar archivos de referencia de huellas digitales de material conocido sobre abuso sexual infantil, donde identifican y eliminan el contenido ilegal mediante el seguimiento de los hash criptográficos y la detección automática cuando alguien intenta cargar una imagen indecente conocida en su plataforma.

Cuando se habla del delito de abuso sexual infantil online se remite a un complejo ecosistema que, desde la clandestinidad, genera ganancias muy importantes. Roberto Martínez, analista senior de seguridad de Kaspersky Lab, una de las firmas de seguridad informática más reputadas del mundo, afirma que una sola red de pornografía infantil es capaz de atraer alrededor de 100.000 visitantes por día, generando para los involucrados ingresos mensuales por cerca de cinco millones de dólares.

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