“Perdiste guachín”: procesan a tres policías y un delivery por un secuestro extorsivo cerca de la cancha de San Lorenzo
La víctima fue engañada con la venta de unas zapatillas y terminó secuestrada durante dos horas; la banda exigió un rescate millonario antes de liberarlo en Villa Soldati
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LA NACION
A las cinco de la tarde la esquina de Rucci y Zuviría parecía una más en Villa Lugano, cuando un motociclista con el rostro semicubierto detuvo la marcha, dijo una frase que fue clave, recibió un paquete con dinero y se alejó sin mirar atrás. Minutos antes, la familia de un joven de 24 años había reunido US$4000 y $1.500.000 para poner fin a un secuestro extorsivo que habían comenzado con un señuelo: la venta de unas zapatillas acordada por redes sociales. La víctima fue liberada poco después en una plazoleta y se reencontró con los suyos en Mariano Acosta y Tabaré, en Villa Soldati. Esa secuencia, que ocurrió hace cuatro meses, es el corazón de una causa que ahora tiene a tres inspectores de la Policía de la Ciudad y a un repartidor de 20 años procesados con prisión preventiva y acusados de llevar adelante el golpe.
Los efectivos porteños procesados son A.N.L., de 32 años; P.O.M., de 43, y H.M.D.S., de 50. Los tres tienen la misma jerarquía de inspectores dentro de la fuerza y cumplían, hasta su detención, tareas como personal de “brigada” de la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 de la Policía de la Ciudad, con asiento en el barrio de Parque Patricios en la zona sur.
El secuestro comenzó cuando la víctima acudió a un encuentro en el cruce de las calles Perito Moreno y Cruz, en el Bajo Flores, en las inmediaciones de la cancha de San Lorenzo, para vender un par de zapatillas importadas que había publicado en Instagram.
Allí, llegaron en una motocicleta dos hombres, uno de los cuales se identificó como el comprador de las zapatillas y le pidió a la víctima si podía contar el dinero dentro de su auto, ocasión que aprovechó para decirle “perdiste guachín” y amenazarlo y golpearlo con un arma de fuego. El secuestrador lo obligó a conducir por distintas zonas de la ciudad mientras lo mantenía cautivo y le quitó el celular con el que realizaron los llamados extorsivos. La rápida negociación derivó en el pago del rescate en Villa Lugano y en la posterior liberación del joven. Toda la pesadilla duró cerca de dos horas.
La primera pista para dar con los secuestradores fue la identificación en cámaras públicas y privadas de una Citroën Berlingo blanca asignada a la DIC 4, que circuló por horarios y lugares vinculados al hecho. Filmaciones mostraron que el 17 de mayo pasado, a las 15.05, P.O.M. salió como conductor del móvil, A.N.L. como acompañante y H.M.D.S. en el asiento trasero.
La Dirección Autónoma de Asuntos Internos aportó el geoposicionamiento del vehículo y de los celulares de los efectivos, así como consultas en sistemas institucionales sobre el dominio del auto de la víctima y su número de documento durante el lapso en que permanecía privada de libertad.
En otra escena, la camioneta quedó captada detrás del Ford Fiesta del joven, en Rivera y Vedia. Otro tramo de la reconstrucción sitúa a uno de los policías que bajó de la Berlingo, abordó el asiento trasero del auto de la víctima y, desde allí, llevó adelante la comunicación extorsiva con el teléfono sustraído.
Las detenciones se realizaron el 2 de septiembre en ocho allanamientos: seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el conurbano, a cargo del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina. En los operativos se secuestraron armas, teléfonos y prendas que coincidían con lo visto en las imágenes; además, se documentó el uso del móvil oficial en franjas horarias no autorizadas.
Los cruces de antenas ubicaron a H.M.D.S. en la zona del secuestro; un testigo lo describió como “policía de brigada” con cadena de oro, rasgo que la fiscalía cotejó con los elementos incautados.
La otra pieza clave es la motocicleta del repartidor, una Hero Hunk 150. Imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) la ubican en el primer contacto con la víctima y, más tarde, en el cruce donde se concretó el cobro. “Yo no tengo nada que ver, solo vengo por la plata”, se excusó el joven con tonada extranjera y una cicatriz en el rostro.
A eso se sumaron publicaciones en redes sociales donde se lo ve con el mismo rodado y la descripción física del cobrador realizada por el hermano del joven. El imputado, de 20 años y nacionalidad peruana, está domiciliado en Barracas y se desempeñaba, además, como delivery para aplicaciones de reparto.
La decisión del procesamiento la tomó la jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal N°1, que impuso embargos por $50.000.000 a cada uno de los cuatro imputados. La instrucción está a cargo de la Fiscalía Federal N°3, cuyo titular es Eduardo Taiano.
Además, dictó la prisión preventiva para los detenidos por la existencia de riesgos procesales como peligro de fuga o de entorpecimiento que, a criterio del juzgado, no pueden neutralizarse con medidas menos gravosas. En este punto, la magistrada escribió: “Existen elementos objetivos que permiten inferir que, en el supuesto de recuperar la libertad, los encausados intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”.
La jueza encuadró los hechos en secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el pago del rescate, por la participación de tres o más personas y por el empleo de armas de fuego, delito que tiene una pena que va de 10 a 25 años de prisión. A ello sumó robo agravado por el uso de armas, 5 a 15 años, ya que a la víctima le sustrajeron un iPhone 12 y el par de zapatillas talle 39 que funcionó como señuelo. En el caso de los tres policías, se añadió el agravante de formar parte de una fuerza de seguridad. Las figuras se atribuyeron en concurso real, lo que implica que, de llegar una condena, las penas se considerarían de modo independiente antes de unificarse.
En los fundamentos, Servini destacó la solidez del cuadro probatorio reunido por la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano. A su criterio, imágenes, geolocalizaciones, consultas a sistemas y testimonios, permiten tener por acreditado el hecho y la participación de los imputados con el grado de convicción requerido en esta etapa.
En su resolución, la jueza escribió: “El cúmulo de elementos de prueba recolectados hasta aquí me permite tener por acreditada la materialidad del hecho investigado y la responsabilidad de los imputados”, y agregó que “las cámaras de la DIC 4, en las que se observa ascender al móvil no identificable a los tres imputados, y el seguimiento del móvil que realizó Asuntos Internos, donde se comprueba que coincide con los movimientos de la víctima, despeja todo tipo de duda”.
La magistrada también subrayó la gravedad institucional de que el caso involucre a integrantes de una fuerza local: recordó que el deber de quienes portan la condición policial es prevenir delitos y proteger derechos, no servirse de recursos oficiales para facilitar maniobras delictivas.
“Resulta abrumador siquiera pensar que quienes ostentan la condición policial y tienen el deber de garantizar el cumplimiento de la ley, prevenir delitos, brindar seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos, sean quienes se involucren en hechos como el que aquí nos ocupa”, sostuvo. Y describió la frialdad con que se movieron tras el pago del rescate: “Incluso, consumado el hecho ilícito pesquisado, todos los funcionarios policiales regresan a la seccional como si nada hubiese ocurrido”.
Para imponer la prisión preventiva, el juzgado ponderó la existencia de riesgos procesales y la expectativa de pena: el mínimo elevado del delito principal, sumado a los agravantes, incrementa el incentivo de fuga. Con ese cuadro, se dispuso el alojamiento de los cuatro en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°3.
Entre las medidas en curso figuran pericias sobre los dispositivos secuestrados (teléfonos y cámaras), el análisis patrimonial de los imputados y nuevas acciones orientadas a identificar a posibles partícipes no individualizados.
En paralelo, se profundiza el examen del Sistema Integral de Seguridad Pública (Sisep), con trazas de móviles y efectivos, y se consolida la línea de tiempo con imágenes del CMU para robustecer la atribución de roles de los efectivos, según indicó en su sitio web el Ministerio Público Fiscal.
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