Polémica decisión. Cambiaron la forma de medir los resultados de la encuesta sobre consumo de cocaína y ya no se sabe qué pasa con esa droga

La percepción social marca la presencia de vendedores de drogas en cada barrio. Y las investigaciones judiciales señalan la capacidad económica que tienen las bandas de narcomenudeo para apropiarse de territorios. Con balas o dinero. Billetes no les faltan. Por ejemplo, en la causa que derivó en la condena y expulsión del país de Marco Antonio Gonzales Estrada quedó expuesto que la banda que opera en la villa 1-11-14 tenía bajo la conducción del narco peruano un excedente de ganancia que era cambiado a euros, llegándose almacenar cada año 3.500.000 de esa moneda. Eso solo un grupo de vendedores callejeros, más o menos organizado, pero que no deja de ser un clan criminal sin proyección más allá de su corto límite de influencia. Son cientos de bandas similares, incluso en asentamientos se reparten el dominio por manzanas. Si crece la oferta en forma tan evidente, es porque aumenta la demanda. El narcomenudeo no escapa a las reglas del mercado. Pero eso no podrá conocerse porque el Estado decidió vendarse los ojos.

Durante seis años no se realizó la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas, insumo básico para saber qué pasa en el país. Ese sondeo debería ser bianual con el objetivo de establecer metas y verificar los resultados en la reducción de la demanda y de la oferta de drogas. Pero Indec y Sedronar cambiaron la metodología en el sondeo sobre consumo de cocaína. Y volvieron imposible saber qué pasa realmente en la Argentina frente a la droga que causa las mayor cantidad de muertes por la lucha territorial de los vendedores ilegales. Muertes por consumo o por balas.

Cada encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales incluyó el sondeo a personas entre los 12 y 65 años. Pero esta vez en el caso del consumo de cocaína se apeló a una franja etaria diferente. En definitiva, se alteró el mecanismo de sondeo, que a su vez representa un sistema de vigilancia preventiva.

La medición realizada por Indec-Sedronar cambió toda la metodología vigente. Colocó una cifra de 5,1% en su nuevo informe, pero la vinculó solo a la población de 16 a 49 años y tomó como referencia exclusivamente la prevalencia en vida, es decir, el porcentaje de la población que reconoció haber consumido al menos una vez cocaína sin importar el momento de ese hecho o su continuidad. En 2011 y 2017 se habían encuestado a personas de entre 12 y 65 años, con resultados de 2,6% y 5,3%, respectivamente. El actual informe no tiene otro indicador más que ese dato de prevalencia en vida. De esa manera, el Estado no sabe que pasa con la demanda de cocaína y, en consecuencia, tampoco con la oferta.

En la presentación del informe se establecen los objetivos de la muestre. Y solo su enunciado expone que el cambio de la medición en el caso de consumo de cocaína no está alineado con la planificación del sondeo. “Fueron objetivos específicos determinar las prevalencias de vida, anual y mensual, del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Estimar la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Determinar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Profundizar el conocimiento sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Conocer los factores de protección y riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Indagar sobre las prácticas de cuidado de sí y de otras personas, y sobre la demanda existente de servicios de atención y tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, se indicó en el documento de Indec/Sedronar. Nada de esa idea de cumplió en el caso de la cocaína.

Se quitó del informe los datos sobre consumo anual y mensual de cocaína. Y no es un tema menor. El propio documento aclara la importancia de esos dos parámetros: “Tanto la prevalencia anual como la prevalencia mensual pueden asociarse al consumo reciente o frecuente”.

En las evaluaciones de consumos de alcohol, tabaco, psicofármacos y marihuana se cumplen con las premisas del estudio. Solo se altera la medición en el caso de la cocaína. “No se difunden los indicadores correspondientes a mujeres, la prevalencia anual y mensual, la incidencia y los factores asociados al consumo”, se aclaró en ese documento amparándose en una metodología que habría sido pautada en forma previa a la difusión del informe. Pero lo concreto es que no se sabe si el consumo de cocaína aumentó o disminuyó. O si fue muy pronunciado el ascenso de los indicadores de consumo si se toma como dato indirecto la expansión de los puntos de venta de cocaína. De nuevo, el negocio narco sigue la regla básica del mercado.

Con la alteración del sistema de medición no se puede definir la magnitud del problema, como si logra visualizar con los datos sobre consumo de marihuana: desde 2011 aumentó 300% la cantidad de consumidores de marihuana.

La Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado estableció que el 13,8% de las personas entre los 16 y 75 años consumieron marihuana dentro de los últimos 12 meses del momento en que fue consultado por los encuestadores del Indec y de la Sedronar. Un informe similar se había realizado en 2011 y solo el 3,2% de las respuestas marcaron el uso anual de cannabis. En ese momento se evaluó los consumos de la población entre los 12 y 65 años. El cambio de franja etaria no altera demasiado en ese caso el concepto sobre el impactante crecimiento en poco más de una década de esa droga con la que se preparan cigarrillos caseros.

Peor es el escenario del consumo mensual de marihuana. La nueva información oficial detalla el uso cotidiano de esa sustancia psicoactiva ilegal por parte del 8,1% de los habitantes en la Argentina. Cuatro veces más que lo observado en 2011. El crecimiento del consumo de marihuana se había visualizado en la encuesta de la Sedronar de 2017, con una prevalencia anual de 7,8.

Por Daniel Gallo

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