Preocupación por un mensaje viral entre alumnos de un colegio de La Plata que promete una masacre

Una nueva amenaza vinculada a un posible ataque generó alarma en la escuela Nuestra Señora de Luján, de La Plata, en el marco de una seguidilla de episodios similares que mantienen en vilo a la comunidad educativa.

El caso salió a la luz luego de que familias denunciaran mensajes difundidos en redes sociales y estados de WhatsApp entre estudiantes, en los que se incluían frases como “entre las dos matamos a alguien”, lo que activó una investigación judicial.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la denuncia fue radicada en la comisaría 9ª y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, que busca determinar el alcance de las amenazas y la responsabilidad de los involucrados.

El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación, ya que el mismo establecimiento registró otros hechos recientes: días atrás apareció una advertencia escrita en un baño sobre un posible ataque y, además, un alumno de quinto año llevó un arma de aire comprimido y la réplica de plástico de una pistola.

“Se activó el protocolo, intervino la policía y el alumno y su familia fueron trasladados a una comisaría”, informó el diario El Día.

Tras lo sucedido, las autoridades escolares adoptaron medidas preventivas, como dar aviso a las autoridades, convocar a las familias y reforzar controles en el ingreso, incluyendo la revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes.

Ante la situación, el gobierno provincial difundió entre sus planteles educativos una exhaustiva guía con “orientaciones par ala actuación inmediate ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar”, según consta en la comunicación a la que accedió LA NACION.

Define “situaciones de alerta” ante la circulación de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presunta presencia de armas ante los cuales la institución educativa implicada “a intervendrá bajo los principios de celeridad, protección y promoción de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, y corresponsabilidad”.

La comunicación explica que “se priorizará en todo momento el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad, sin dilaciones y con carácter estrictamente institucional, evitando cualquier acción individual y teniendo en cuenta elementos contemplados en el Plan de prevención de riesgo, de modo de evitar que escale el conflicto o la exposición a mayores riesgos”.

Para el caso de “mensajes de amenaza en el escenario escolar”, se establece la comunicación desde la escuela hacia los escalones superiores en la jerarquía educativa, en tanto que los directores deberán radicar las denuncias ante la fiscalía de la jurisdicción, pero deberán evitar, “en esta instancia”, la identificación de los estudiantes implicados.

En caso de “exposición de un arma en el escenario escolar”, los directivos y docentes deberán “considerar siempre cualquier arma de fuego como si estuviera cargada”. Deberán intentar “calmar y dialogar” con el estudiante mientras otro directivo llama al 911; pedirle que saque el dedo de la cola del gatillo y que deposite el arma en una superficie plana de donde no pueda caerse, mientras se espera la llegada de la fuerza pública y se evacúa las aulas y se pone a resguardo a alumnos y docentes. Las armas solo podrán tocarlas los efectivos policiales que tomen intervención.

El protocolo también establece cómo serán las acciones posteriores. “Es fundamental planificar intervenciones socioeducativas integrales que atiendan las particularidades de cada comunidad y sus afectaciones. Asimismo, deberán planificarse acciones en el corto, mediano y largo plazo que contemplen lo institucional, la intersectorialidad y la comunicación con familias y referentes afectivos”, reza la comunicación.

La guía propone, en ese sentido:

Sostener espacios de trabajo pedagógico con estudiantes que permitan abordar la situación.

• Acompañar a familias y referentes afectivos al cuidado de NNAyJ.
• Elaborar el informe de situación de conflicto y evaluar institucionalmente lo actuado de manera de profundizar y/o redireccionar las intervenciones socioeducativas.
• Fortalecer acuerdos de convivencia y cuidado digital.

LA NACION

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