Quién es Albertina Mangini, la funcionaria judicial acusada de integrar una banda que robaba datos biométricos

Ingresó en el Ministerio Público bonaerense en junio de 2009. Su primer destino fue una fiscalía de Saladillo. Diecisiete años después, la abogada Albertina Mangini, de 44 años, está presa. Está acusada de integrar una organización criminal que ofrecía dinero a cambio de escanear ojos. Con los datos biométricos, los delincuentes abrían cuentas en billeteras virtuales que fueron utilizadas para direccionar la recaudación de casinos online clandestinos.

Mangini está suspendida en sus funciones desde febrero de 2025, cuando quedó imputada en la investigación que lleva adelante la fiscal de La Plata Betina Lacki.

“La suspensión se renueva cada 90 días. Ahora con su detención y llamado a indagatoria se dispuso una nueva suspensión hasta que dure el proceso penal”, explicaron a LA NACION fuentes de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense.

Mangini está presa desde el jueves de la semana pasada. La orden de detención fue dispuesta por el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo, tras un pedido de la fiscal Lacki.

Hasta su detención, Mangini cumplía funciones en la oficina de coordinación que el Ministerio Público Fiscal bonaerense tiene en el Patronato de Liberados.

Pocas horas después de su detención, el abogado Guillermo Espinosa Viale, defensor de Mangini, presentó un hábeas corpus contra la privación de libertad de su asistida y solicitó su inmediata libertad.

Pero la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata rechazó el pedido hecho por el abogado Espinosa Viale.

“No se advierte que Mangini se encuentre privada de su libertad sin orden de autoridad competente, ni que la medida haya sido adoptada prescindiendo de los presupuestos exigidos por el ordenamiento procesal. Tampoco se verifica una situación de arbitrariedad manifiesta que habilite el remedio excepcional intentado. Por el contrario, los cuestionamientos desarrollados por la defensa traducen, esencialmente, una discrepancia con el mérito asignado por el magistrado garante a los elementos de convicción y con la valoración efectuada acerca de la subsistencia de riesgos procesales, mas no alcanzan a demostrar que la detención se encuentre desprovista de fundamento jurídico o fáctico. En consecuencia, encontrándose la privación de libertad de Mangini sustentada en una orden judicial previa, dictada por autoridad competente, precedida por el tratamiento y rechazo de la eximición de prisión oportunamente promovida y fundada en los presupuestos cautelares previstos por el Código Procesal Penal, no se configura en el caso una restricción ilegal o arbitraria de la libertad personal”, sostuvieron los jueces María Silvia Oyhamburu, Raúl Dalto y María Sofía Rezzonico Bernard al rechazar el hábeas corpus presentado por la defensa de la funcionaria judicial, según al resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Como se dijo, Mangini fue detenida el jueves de la semana pasada por detectives de la División Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Otro de los sospechosos detenidos fue identificado por fuentes policiales como Ignacio Marchioni. Los informantes dijeron que estuvo investigado en la causa donde está bajo la lupa la financiera Sur Finanzas, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La investigación comenzó con la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. En su presentación, la mujer dijo que le habían ofrecido 80.000 pesos por el escaneo de sus ojos, pero que solo le habían pagado $40.000.

“Detrás de ese trámite de pocos minutos [el escaneo de los ojos] se escondía una maquinaria financiera capaz de convertir la identidad de una persona vulnerable en una cuenta recaudadora de millones de pesos”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

Según explicaron las fuentes consultadas, el rol de Mangini en la organización criminal era la de captar a potenciales víctimas y habría aprovechado su trabajo para convencer a personas en estado de vulnerabilidad para que aceptaran escanearse los ojos a cambio de dinero.

Las víctimas de Mangini, según voceros consultados, habrían sido personas bajo procesos penales que se presentaban en el Patronato de Liberados para cumplir las medidas dispuestas por juzgados de ejecuciones penales. En ese lugar, según los investigadores, la funcionaria judicial les hacía el ofrecimiento de 80.000 pesos a cambio de escanearle los ojos.

Antes de estar en la oficina de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y el Patronato de Liberados, cumplió funciones en distintas fiscalías dependientes de la Fiscalía General de La Plata.

Ahora, la funcionaria judicial presa hasta restringió su perfil de Facebook.

Por Gabriel Di Nicola

• Poder Judicial

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