Reclamaron la suspensión de un diputado nacional acusado por violencia de género

Un grupo de quince diputadas del Frente de Todos, encabezada por la sanjuanina Graciela Caselles, presentó esta semana un proyecto de resolución para suspender a su par y comprovinciano Eduardo Cáceres, de Pro, procesado judicialmente por “lesiones leves agravadas por el vínculo” luego de ser acusado por violencia de género por su expareja.

Tras el fallo judicial, Cáceres pidió licencia en diciembre último y regresó a su banca en la Cámara baja hace diez días. Las legisladoras oficialistas reclaman que el sanjuanino sea suspendido hasta tanto finalice la investigación.

“Como diputadas de la Nación, tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señalaron las legisladoras en un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara.

Lejos de amilanarse ante la embestida de las legisladoras oficialistas, Cáceres decidió mantenerse firme en su banca mientras promociona su último proyecto de ley, a la que denominó “ley Alejo” por Alejo Oroño, un joven de 22 años que murió tras ser apuñalado por su pareja Nadia Navarro. La iniciativa propone ampliar los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no solo de las mujeres.

No solo las diputadas oficialistas cuestionaron la actitud de Cáceres y su proyecto de ley; desde su propio partido, la secretaría nacional de Pro Mujeres emitió un comunicado en el que criticó con dureza al diputado sanjuanino.

“No desconocemos que hay varones que sufren violencia, pero es desafortunado que quien presenta un proyecto en ese sentido se encuentre hoy en medio de una causa judicial por violencia de género. Parece ser un abuso de su posición”, aseveraron las mujeres de Pro.

“Desde la secretaría de Pro Mujeres acompañamos a Gimena Martinazzo (expareja y denunciante de Cáceres) en su denuncia y solicitamos al juzgado correccional de San Juan que se expida lo antes posible”, añadieron.

Fuentes del bloque de diputados de Pro, que preside Cristian Ritondo, aseveraron que si el diputado Cáceres resulta finalmente condenado por la Justicia, “de ninguna manera se lo va a proteger” y facilitarán su desafuero de la Cámara baja. Sin embargo, no anticiparán su suspensión pues, a su juicio, aún resta que la Justicia se expida.

Además de Caselles, quienes propician la salida de Cáceres son las diputadas bonaerenses Jimena López, Mónica Macha, Liliana Schwindt y Liliana Yambrun; la porteña Mara Brawer; las salteñas Verónica Cáliva y Alcira Figueroa; la jujeña Carolina Moisés; la fueguina Carolina Yutrovic; la santafesina Patricia Mounier; la chubutense Estela Beatriz Hernández; la pampeana Melina Delú; la formoseña María Graciela Parola, y la puntana Victoria Rosso.

“Suspender al procesado es preciso para defender el rol que la ciudadanía nos ha asignado y la necesidad de proteger y cumplir con la legislación para erradicar todo tipo de violencia de género”, aseguraron.

La denunciante expuso el caso en la Justicia a mediados de noviembre pasado y había explicado en ese momento que tomó la decisión de realizar una denuncia por consejo de su hija.

Martinazzo, que integra también el espacio político de Pro en San Juan, señaló expuso en la denuncia imágenes de sus brazos con moretones y esas fotografías fueron luego viralizadas en las redes sociales.

Por Laura Serra

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