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Renunció el fiscal acusado de realizar escuchas ilegales del celular de su ex novia
A Fernando Rodrigo se le imputa haber hecho "pinchar" los teléfonos de su ex pareja, del padre y de dos amigas de ella; para eso, los incorporó en cuatro investigaciones
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SANTA FE.- Acorralado por la acusación de haber hecho "pinchar" subrepticiamente los celulares de su ex novia y de amigas y familiares de la mujer con fines puramente personales, a contramano de la ley, el fiscal Fernando Rodrigo presentó su renuncia ayer, horas después de haber sido suspendido por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini.
Ahora, el jefe máximo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafecino, estudiará la presentación y esta mañana dará a conocer su decisión en una conferencia de prensa que ya tenía planeada para dar detalles de las implicancias de la investigación contra Rodrigo.
La novedad se conoció dos días después de que tres abogadas del fuero penal rosarino presentaran denuncias contra Rodrigo por las escuchas ilegales en su contra.
Una de las letradas que lo denunció es su ex novia -cuyas iniciales son JG y fue pasante en la Fiscalía Regional Rosario-, y dos amigas a las que Rodrigo, según la acusación, escuchaba sus teléfonos por cuestiones que no tienen nada que ver con su trabajo. Otro de los teléfonos intervenidos fue el del padre de JG. Habría incluido sus números de celular en las listas sábana de teléfonos a intervenir en cuatro investigaciones diferentes.
Carlos Edwards, abogado que representa a las víctimas, presentó una denuncia ante el MPA, para que se investiguen los presuntos delitos de interceptación indebida de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público. Las fuentes remarcaron que los pedidos de intervenciones ilegales de Rodrigo indujeron a los jueces de las respectivas causas a cometer errores.
Rodrigo había sido apartado preventivamente de las causas a su cargo. Hace dos semanas había participado del mayor operativo contra el comercio de autopartes ilegales en la provincia. Esa vez, la Dirección Nacional de Desarmaderos y la Policía Federal desbarataron una banda que desguazaba autos robados y vendía sus piezas en Rosario. El valor calculado de los repuestos clandestinos ascendía a 120 millones de pesos. Se hicieron 17 allanamientos y, además del decomiso de miles de repuestos ilegales, fueron detenidos 14 sospechosos.
Ese mismo día había tenido participación en otro caso mediático: la detención de dos parejas por un enfrentamiento armado en el Fonavi de Grandoli y Gutiérrez.
El origen
Pero más allá en el tiempo, un empleado de la Fiscalía Regional de Rosario descubrió que Rodrigo espiaba a una mujer que trabajaba en la Unidad de Investigación y Juicio con la que el funcionario había tenido una relación sentimental. Aquel empleado notó entonces que entre los números a intervenir en una de las investigaciones a cargo de Rodrigo figuraba el de su compañera de trabajo, que por estas horas está con custodia policial.
La situación fue puesta en conocimiento de la auditora general interna del MPA, María Cecilia Vranicich. Se encomendó entonces una investigación a la fiscal Natalia Benvenutto, que ordenó allanamientos en las casas de Rodrigo y de su madre. Hubo resultados positivos: se secuestraron varios elementos que avalan la presunción de las escuchas ilegales.
El material colectado en esos allanamientos -entre los que se cuentan computadoras, celulares, tablets y otros elementos que puedan aportar a la pesquisa- también fue remitido a la auditora.
"Por el momento al fiscal no se le ha tomado declaración, pero sí continúa la investigación que lleva adelante la fiscal Natalia Benvenutto, de la sede de Cañada de Gómez, quien está evaluando y corroborando datos que fueron surgiendo. Una vez que esto avance se analizará la posible imputación", explicó el vocero de prensa del MPA, Sebastián Carranza.
Confirmó que para "garantizar la transparencia" de los procesos en trámite, las causas que tenía a su cargo Rodrigo fueron remitidas a otros fiscales.
Indagatoria para 21 policías
- El fiscal federal de Rosario Marcelo Degiovanni pidió la indagatoria de 21 policías por la desaparición forzada de Franco Casco, un joven de 20 años que en octubre de 2014 estuvo 22 días inhallable tras haber pasado por una comisaría local, hasta que fue encontrado muerto en el río Paraná. La Defensoría General de la Nación acusó por el caso a 28 personas.
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