Revocaron el sobreseimiento de nueve policías en el caso de una mujer trans asfixiada en una comisaría

“Este logro es de la familia, de las organizaciones y de toda la comunidad que se movilizó y presentó más de 100 cartas a la Justicia para que la causa no se cierre. ¡Nuestra lucha fue clave!”, se ufana Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández, quien apareció muerta en una celda de la comisaría de Derqui, partido de Pilar, en abril de 2023.

“Los policías, que siguen increíblemente en funciones, irán a juicio por homicidio agravado por odio a la identidad de género y por abuso de su función policial, un delito que tiene expectativa de pena de prisión perpetua”, remarca, todavía conmovida por el fallo de la Sala I de Casación, que rechazó el sobreseimiento que había otorgado el juez de Garantías Walter Saettone a nueve de los diez policías acusados por el travesticidio de su hermana y el consecuente encubrimiento.

“La lucha sigue. A partir de ahora seguiremos empujando para que se hagan los peritajes pendientes y se ponga fecha de juicio para que la verdad de lo que pasó con Sofía salga a la luz”, avisa Mabel, que ahora podrá quitarse de encima los sentimientos de “bronca, rabia e indignación” que cargaba tras el fallo con el que Saettone había beneficiado a los policías acusados.

Sofía, una mujer transgénero de 39 años, permaneció detenida 48 horas hasta que, según la versión del personal policial, se suicidó. La autopsia, sin embargo, sumó detalles brutales al caso: se encontraron restos de una bombacha y un colchón en la garganta. También se determinó que fue violentamente sujetada de brazos y piernas por “el accionar de tres o más personas al unísono, mediante la reducción de la víctima por golpes con objetos duros y romos en torso y dorso que aseguró su inconsciencia”.

Había sido alojada, incomunicada, en una celda para hombres por un supuesto delito excarcelable (se la acusó de haber trepado al techo de una casa para intentar robarla); también se supo por los peritajes a los celulares de los agentes de la seccional que tenían animosidad contra ella por su identidad de género.

Antes del receso invernal, el juez de Garantías Walter Saettone dejó en libertad al oficial ayudante Carlos Rodríguez, imputado por “homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial”.

Rodríguez había sido procesado junto a los otros nueve uniformados por el crimen de Sofía y era el único que había permanecido detenido, señalado como el presunto autor material, ya que fue el único que accedió a la celda durante el rango horario en el que fue asesinada.

Saettone tomó la decisión de dejar volver a su casa a Rodríguez luego de que un nuevo peritaje de la Policía Federal desestimara la presencia de terceros en la muerte de Sofía. Sin embargo, la resolución del juez provocó un hecho insólito: recursos de todas las partes, incluida la defensa.

Los fiscales Manuel Cayuela y Esteban Álvarez insistieron en caratular el hecho como transfemicidio y plantearon que al existir elementos suficientes de prueba para que Rodríguez llegue al juicio oral, la misma suerte debería correr tanto la sargento Yésica Núñez como la subteniente Viviana Ruiz, quienes compartieron con Rodríguez la guardia en la comisaría durante la muerte de Sofía.

Respecto de los otros siete acusados, no los dejan afuera de la acusación al señalar que “los funcionarios policiales han incumplido con su mandato legal de procurar la integridad física y el derecho a la vida de una persona bajo su custodia y además realizaron maniobras claras para evitar que se llegue a la verdad”.

En ese sentido destacan la eliminación de más de 190 mensajes del celular de la víctima, la desaparición del libro de guardia y las horas que pasaron desde que notificaron la muerte de Sofía, entre otras irregularidades que el juez apenas consideró como “cuestiones administrativas”.

“Arbitrariedad manifiesta”

Siguiendo del lado de la acusación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la familia de Sofía también expresaron su rechazo. “La resolución que dictó el juez es nula, no puede ser tomada como válida porque existe una arbitrariedad manifiesta a lo largo de la investigación. Todo lo que venga del lado de los policías acusados, Saettone lo cree. No estamos hablando de cualquier delito, sino de una muerte en custodia con la agravante de que alguien agarró el celular de la víctima, lo desbloqueó y le eliminó 193 mensajes; también desaparecieron los libros de guardia y se recuperaron conversaciones entre los policías que habían sido eliminadas y que hablaban de que ‘iban a arreglar lo que pasó’. Es un papelón”, se queja Ignacio Fernández Camillo, abogado que representa a la hermana de Sofía como particular damnificada.

Por su parte, la defensa del policía Rodríguez, encarnada por el abogado del presidente Javier Milei, Francisco Oneto, pidió la absolución y calificó de “absurda” la resolución del juez. “¿Cómo puede sostenerse, siquiera con un mínimo de racionalidad, la elevación a juicio de una sola persona por la comisión de un homicidio que –según la propia calificación elegida por la acusación– habría sido cometido con el acuerdo previo de al menos tres personas? La simple lectura del párrafo basta para advertir el carácter absurdo de la decisión: se acusa a mi defendido de haber actuado junto a otros dos individuos que, paradójicamente, no son elevados a juicio”.

En el mismo recurso presentado por Oneto se filtró una nota al pie en la que se trata a Sofía de “drogadicta y problemática” y de que “murió como vivió”, lo que generó la indignación de la familia.

“Después de lo de mi hermana –concluye Mabel– empecé a tener patrulleros rondando por la cuadra de mi casa unas 15 veces al día. Está muy claro que esta policía odia al colectivo LGBTI+. A mi hermana la detuvieron y le costó la vida de la peor manera. No puede ser que la justicia avale a policías que asesinan con total impunidad”.

Anotaciones polémicas

En el final del rechazo planteado por el abogado Francisco Oneto a la resolución del juez Saettone de elevar a juicio a su defendido, Carlos Rodríguez, el único policía bonaerense que queda imputado por el homicidio de Sofía Fernández, puede leerse, entre otras, las siguientes anotaciones: “Esto es para demostrar las incoherencias de la investigación y que la idea acá es mandar a alguien a juicio porque no se puede entender la idea de que Sofía Fernández era una persona problemática, y no por su condición sexual, sino porque era delincuente y drogadicta, y que murió como vivió”.

La filtración del comentario generó el inmediato repudio de organizaciones del colectivo LGBTI+, como la de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). “De esto hablamos cuando denunciamos los índices de odio y violencia a los que estamos expuestas y de la deuda, enorme, que la democracia tiene con nosotras”, denunció esa organización.

En el mismo sentido opinó Mabel Valdez, quien se puso al frente del reclamo de justicia: “Está muy claro que Oneto odia al colectivo y está a favor de la policía que asesinó y encubrió el homicidio de mi hermana”.

Oneto, en tanto, aclaró a través de sus redes sociales que “por un error involuntario, se subió al expediente un borrador de trabajo que aún contenía anotaciones internas realizadas por un empleado del estudio mientras elaboraba el recurso, simplemente para no olvidarse de ciertos puntos a tratar”, y agregó que “no forman parte del cuerpo definitivo del escrito ni reflejan lo que efectivamente se presentó como argumento. De hecho, yo mismo había indicado que fueran eliminadas. Lamentablemente, por error, se terminó subiendo ese borrador en lugar del documento final. Cosa que está siendo enmendada”.

LA NACION se comunicó con Oneto, pero prefirió no responder a las acusaciones que señalan su animosidad contra el colectivo LGBTI+.

Oneto defiende a Javier Milei en la causa $LIBRA y en la iniciada por la familia de Ian Moche, el chico de 12 años con autismo que denunció haber sido agraviado por el presidente en redes sociales. Además, fue el abogado del rugbier Máximo Thomsen, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El año pasado el letrado estuvo envuelto en una polémica luego de declarar públicamente que “a los homosexuales hay que curarlos”.

En 2023, Oneto fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) en la fórmula que encabezó Carolina Píparo y que tuvo en la promesa de “mano dura” uno de los principales ejes de la campaña.

Por Gastón Rodríguez

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