Se endureció el reclamo y los policías esperan la propuesta de Kicillof
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LA NACIONDaniel Gallo
El conflicto policial traspasó los límites bonaerenses y llegó directamente al despacho del presidente Alberto Fernández. El mandatario fue en auxilio del gobernador Axel Kicillof y anunció, rodeado de intendentes, una quita del 1% de la coparticipación destinada a la ciudad de Buenos Aires para dirigir esos recursos a la provincia. Se trata de un monto que este año asciende a $31.000 millones, dinero que la administración bonaerense podrá usar para afrontar los aumentos salariales que exigen los uniformados. Es que un incremento en los haberes de los policías implica un gasto presupuestario importante, ya que la fuerza provincial cuenta con 90.000 agentes. Los policías, que desde el lunes iniciaron una serie de protestas, aguardan a conocer hoy la propuesta que se realizará en La Plata para definir los próximos pasos.
El anuncio presidencial sorprendió a las autoridades porteñas y, por ahora, no causó el efecto de resolver de inmediato la crisis desatada por la policía bonaerense. Los uniformados expusieron que no levantarían la medida de fuerza hasta conseguir un importante incremento salarial. En las asambleas policiales que se realizaron en Puente 12, en La Matanza, los manifestantes exigieron 56% de aumento, entre otros puntos tendientes a mejorar sus condiciones laborales y sociales.
La protesta policial se endureció con manifestaciones directamente delante de la quinta presidencial de Olivos. Decenas de móviles se concentraron allí, circunstancia que fue señalada por el Presidente, molesto por el uso de los patrulleros para la protesta. Fuentes de varias intendencias del conurbano aseguraron a LA NACION que el 50% de los móviles asignados a sus distritos habían sido utilizados para fortalecer el reclamo policial.
Pese a que las autoridades bonaerenses y los propios policías afirmaron en estos días que no se descuidaría la tarea de prevención del delito, la ausencia de esas unidades en las calles representa un riesgo frente a la ola de delitos violentos que creció durante la cuarentena en el conurbano.
Las palabras del Presidente aumentaron, incluso, la tensión en otro de los principales focos del conflicto: Puente 12, donde el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, estableció este año su puesto diario de comando. Berni quedó al margen de las negociaciones con los policías, según contaron tanto fuentes de la administración de Kicillof como los propios uniformados.
En La Plata se considera que esta revuelta policial expuso la ruptura de la cadena de mandos. Eso no implica solo al jefe de la policía bonaerense, comisario Daniel García, sino también al propio Berni, que no pudo evitar que el conflicto escalase de esta manera.
Asambleas policiales
En las asambleas policiales que se desarrollaron en Puente 12, sede de una de las unidades de comando de La Matanza, quedó en claro, además, que los policías no consideran a Berni interlocutor válido en esta crisis. Los uniformados aprobaron la presentación de otro petitorio. Mantiene los ejes de los reclamos salariales y sociales –como la reforma de la obra social– y quitaron al Ministerio de Seguridad bonaerense del eje de la negociación. Ese petitorio, aprobado por aclamación y firmado por decenas de uniformados en Puente 12, tiene como destinatario el Ministerio de Trabajo bonaerense. Reclaman así la intervención de la cartera laboral, como en cualquier puja por salarios en otras actividades.
Entre los puntos exigidos figuran el aumento del 56% del "sueldo de bolsillo", la incorporación al salario básico de los suplementos no remunerativos, la desregulación de la obra social y la creación de un consejo del salario. También aparecen reclamos por fuera del aspecto económico, ya que se piden la instauración de un registro de jefes violentos y la creación de la figura del defensor policial.
Ese último punto aparece como una alternativa explorada por otros países frente a la prohibición de la sindicalización de fuerzas policiales.
El reclamo de la policía bonaerense generó un temor en el Gobierno por el posible efecto contagio en otras fuerzas de seguridad. Algunos gobernadores se anticiparon a esa posibilidad y en las últimas horas anunciaron medidas en favor de sus policías. En Santa Fe se otorgará un plus salarial a todos sus agentes de $7000, mientras que en Tucumán se decretó ayer el ascenso de 1300 uniformados, algo que de por sí representa una mejora salarial para más del diez por ciento de esa fuerza.
La resolución del conflicto bonaerense, en cambio, aún no encontró su punto de equilibrio entre las exigencias policiales y las propuestas gubernamentales. Kicillof expondrá hoy el plan de recomposición salarial para los uniformados y, con las cifras en la mano, los policías decidirán en una asamblea los próximos pasos a seguir.
Más allá de la aceptación o no de la propuesta oficial por parte de los manifestantes, queda otra incógnita en esta crisis: la situación del ministro Berni.
Alejado de los micrófonos en estos días, busca reconstruir su poder de conducción de una fuerza que salió a la calle y desconoció a sus mandos naturales.
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