Secuestran 425.000 dólares en una financiera por la causa en la que investigan a un exministro de Kicillof
El allanamiento se produjo en una causa que instruye el juez federal de Campana Adrián González Charvay y que tiene como imputado a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense
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LA NACION
Los ecos de la causa por lavado de dinero por la que son investigados el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y otros funcionarios provinciales presuntamente ligados a un escándalo de corrupción con fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) llegaron a la city porteña. En las últimas horas, efectivos de la Prefectura incautaron cientos de miles de dólares y reales, euros y cientos de millones de pesos en una financiera de la Capital.
Según informaron a LA NACION fuentes con acceso a la pesquisa, detectives de la fuerza federal realizaron cuatro allanamientos en el marco de una investigación que lleva adelante el juez federal de Campana Adrián González Charvay a partir de una denuncia presentada por Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que provee los equipos para detectar infracciones y el sistema informático para procesarlas.
En La Plata, precisamente, hay otra causa abierta con los mismos nombres, pero por otros delitos: fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es previa a la de González Charvay y está en manos del fiscal platense Álvaro Garganta. Esa causa se inició con la denuncia que señalaba la actividad de “gestores” que ofrecían eliminar fotomultas a cambio de un pago. Cohecho, como lo define el Código Penal. Coimas, como las conoce todo el mundo.
En esa causa que tramita en La Plata estaría encapsulado el “delito precedente” que se requiere para probar el lavado de dinero en el expediente que lleva adelante el juez federal de Campana.
En esa denuncia aparecen señalados D’Onofrio, el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV Facundo Asencio y Roxana Pombo, concejal en Pilar y hermana de Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de ese distrito y madre de Agustina Cuadra, esposa de Asencio.
Uno de los objetivos de los operativos fue, precisamente, una empresa que en la causa de González Charvay aparece como dadora de un préstamo a Asencio, a través de un contrato de mutuo, con el que el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV adquirió un Audi Q8. Según pudo saber LA NACION, la dirección acreditada a esa empresa es la misma que figuraba como domicilio de los padres del imputado. En el allanamiento, los efectivos de Prefectura no encontraron rastros de los padres ni de la empresa prestamista, sino de otra compañía.
Otro de los domicilios allanados por los efectivos federales fue una oficina de coworking donde eventualmente gestionaba un comercio virtual la hija de uno de los imputados.
De esos lugares se secuestró documentación “física y digital”, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado.
El procedimiento más interesante tuvo lugar en una financiera. Lo interesante, en este caso, es que cuando los efectivos entraron en la “cueva” la encontraron en plena actividad, con transacciones de dinero en efectivo y plata de todos los colores y denominaciones en bolsos.
Los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que acompañaban a los prefectos constataron que dicha entidad no contaba con autorización ni registro para operar. Ante la eventualidad de que ese dinero –en todo o en parte– pudiera tener algún tipo de relación con el movimiento de efectivo “en negro” para su reintroducción en el mercado formal a través de operaciones financieras, el juez González Charvay dispuso el secuestro de los fondos: 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales. El monto total, convertido a moneda nacional, supera los 817 millones de pesos.
Según confiaron fuentes judiciales a LA NACION, esta “cueva” se convirtió en un objetivo de la investigación tras el análisis de la documentación secuestrada el 24 de enero pasado en la financiera Token Capital, que funcionaba en el hotel Sheraton de Pilar.
Token Capital está en el centro de un cruce de curiosas coincidencias. Por un lado, en el mismo hotel funcionaba la peluquería Hairspray, que según la denuncia del titular de la Coalición Cívica en Pilar, Matías Yofe, sería una pantalla para lavar dinero, a tal punto que los empleados, supuestamente, cobraban su sueldo a través de la financiera. Yofe sostuvo que la dueña de esa peluquería sería Claudia Pombo, mano derecha de D’Onofrio en Pilar.
Por otro lado, Token Capital tendría estrechas conexiones con Over Cash SA. la financiera que quedó en el centro de la escena en el escándalo con una millonaria estafa piramidal con criptomonedas que el año pasado conmocionó a la ciudad bonaerense de San Pedro.
Según pudo relevar LA NACION, entre los socios de Token Capital figuran Bibiana Elizabeth Ojeda, Nicole Solana Genoud y Nicolás Omar Riolfo. Los tres nombres también son socios en Over Cash, la financiera ubicada en la calle Mitre, en San Pedro, donde se hacían operaciones de la plataforma Rainbow Exchange, trama que se destapó como una estafa piramidal. Ambas sociedades fueron rubricadas por la misma escribana.
Bibiana Ojeda es la hermana de Cristian Ojeda, socio también en Token Capital. Cristian Ojeda administraría una filial del Club Atlético Boca Juniors denominada “Chivas”, que funciona en un complejo de canchas de Don Torcuato. Participó, al menos como director suplente, de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, empresa que tiene como titular a Sebastián Desio y que está bajo investigación por sospechas alrededor de su contrato con las prestadoras de la VTV (cobra el 8,5% más IVA de cada verificación por brindar servicios informáticos) y por una presunta cercanía entre Desio y D’Onofrio.
La fiesta de casamiento de Ojeda fue en el Sheraton de Pilar. Ojeda tiene participación en, al menos, otras cuatro sociedades. Cuando Token Capital fue allanada por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, “la estaban desmontando”, recordó a la nacion una fuente judicial que aclaró que la investigación está en una “etapa muy embrionaria”.
LA NACION
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