Serán indagados por lavado 60 miembros de una red de contrabando

Cuando los detectives de la Policía Federal y los funcionarios judiciales estuvieron frente al escritorio del abogado Guillermo Heisinger se toparon con una carpeta de cartón verde que tenía un rótulo que sorprendió a todos: "Proyecto Crematorio VGG". Cerca había una repisa con fotografías. En una de las imágenes el dueño de casa saluda a Juan Pablo II y en otras dos al entonces presidente Carlos Menem. El letrado fue subsecretario de Interior durante el gobierno menemista. Pero la investigación no tenía que ver con corrupción política, sino con narcotráfico.

En esa oficina, situada en el quinto piso de un coqueto edificio en Alvear al 1500, en Retiro, funcionaba una de las usinas que usaba la banda de los Urabeños, un cartel transnacional que exportaba cocaína desde Argentina a África, integrado aquí por 60 personas y 30 empresas, que empezó a ser desbaratada por el juez federal Sergio Torres y el fiscal federal Federico Delgado, funcionarios judiciales a cargo del caso, el 17 de septiembre de 2015 cuando la Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas secuestraron 12 kilos de cocaína. Esa droga había sido camuflada en cargamentos de arroz que serían exportados desde el depósito fiscal Binder, en Rosario, hacia Guinea Bissau, África, a través del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas.

En las últimas horas, el juez federal Torres, a cargo de la causa, ordenó la declaración indagatoria por lavado de dinero de 60 sospechosos y dispuso la inhibición general de bienes de los imputados. También, el magistrado decidió levantar el secreto bancario y fiscal de dos de las personas imputadas.

Pero esa carpeta encontrada en la oficina de Heisinger escondía otro de los misteriosos negocios de esta organización, que logró lavar -según un dictamen elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) - 197.395.630 pesos y 4.100.561 dólares. Quedó registrado que la organización liderada por los hermanos colombianos Erman y Williams Triana Peña había pagado en 2013 al entonces intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González (fallecido en mayo pasado), un canon de 2.000.000 de pesos para explotar el crematorio del cementerio municipal San Lorenzo, cerca de Rosario.

Este crematorio iba a ser construido por una mutual rosarina. El costo estaba estimado en 19.500.000 pesos y 700.000 dólares. Fue adjudicado a esta organización a través del expediente 4808/2013 y por medio del convenio de concesión 3369/2013.

Además de los 12 kilos de droga camuflados en el cargamento de arroz, a la banda le adjudican otros 85 kilos de cocaína secuestrados en un departamento de Palermo y 945,50 gramos del mismo estupefaciente decomisado a una "mula" que operaba para la organización cuando estaba por abordar, en Ezeiza, un avión rumbo a Tailandia .

Importante flujo de dinero

"De acuerdo a la investigación desplegada, el grupo delictivo se dedicaría a la realización de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes etapas y al manejo de los fondos producidos en pos de mantener viva la estructura. Se dedicarían [los sospechosos] principalmente al manejo del flujo de dinero obtenido como consecuencia del tráfico, solventando así las actividades de los demás integrantes para mantener la estructura de la organización", afirmó el juez Torres en su resolución firmada hace pocas horas.

En la causa figuran escuchas telefónicas entre un intermediario rosarino [que no fue imputado], Heisinger y Carlos Yorelmy Duarte Díaz, un colombiano que los investigadores sitúan como uno de los principales lavadores de dinero, donde se habla de tres posibles inversiones en Santa Fe, entre las que aparecen la adquisición del crematorio, las negociaciones para adquirir un puerto en la localidad de Fray Luis Beltrán, vecina a Rosario, donde allí se encuentra la Fábrica de Armas de Fabricaciones Militares, y la compra y venta de jugadores con Rosario Central.

"Este complejo entramado fue diseñado para canalizar los beneficios de la organización transnacional -con células y conexiones en numerosos países y respondiendo siempre estrictamente a sus directivas e instrucciones para la administración de sus propios bienes y las maniobras necesarias para disimular su verdadero origen", se afirmó desde la Procelac , a cargo de Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, y la Procunar, conducida por Diego Iglesias. Ambas dependencias creadas por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Garbó.

En el dictamen se detalla que se identificaron 314 operaciones con 30 empresas constituidas en la Argentina.

En las escuchas telefónicas se vislumbran las negociaciones que miembros de esta organización entablaban supuestamente con las autoridades de Villa Gobernador Gálvez para explotar el crematorio de restos humanos en el cementerio municipal. Como se dijo, las conversaciones se dan entre Heisinger, el intermediario y Duarte Díaz. En esas escuchas se registró el nombre del intendente González.

Histórico dirigente del peronismo, el fallecido González era intendente de esa localidad cercana a Rosario, donde mataron al líder de Los Monos, Claudio Cantero, más conocido como "Pájaro".