Allí funcionaba un prostíbulo, pero según dos policías no era más que "una casa de familia"

El fiscal general Abel Córdoba pidió que dos policías de la excomisaría 38ª de la Policía Federal sean condenados a tres años y seis meses de prisión por encubrir el funcionamiento de un prostíbulo del barrio porteño de Flores. En el juicio que se desarrolla a través de la plataforma Zoom, el fiscal sostuvo que el subinspector Sergio David Rodríguez y el inspector Néstor Jorge Barros falsearon una declaración y dijeron que el lugar donde, según denuncias, al menos una joven había estado cautiva y obligada a prostituirse era "una casa de familia".

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias www.fiscales.gob.ar, "en su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°2, la fiscalía tuvo por acreditado que los agentes falsearon una declaración con el fin de facilitar que los dueños y administradores del prostíbulo conocido como La Casona de Flores eludieran la acción de la Justicia federal mediante el entorpecimiento de la pesquisa".

El subinspector Rodríguez ya había sido condenado por el Tribunal Oral Criminal N°20 por cuatro hechos de falsedad ideológica en el marco del expediente que investigaba el encubrimiento de la cúpula de la comisaría 38ª a otros prostíbulos de la zona de Flores, causa que fue desdoblada y dio origen al actual debate oral.

El fiscal Córdoba pidió que se condene a los uniformados por considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de falsedad ideológica, en concurso ideal con encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos.

"Las pruebas de las conductas de falsedad ideológica y encubrimiento de ambos imputados se encuentran documentada por ellos mismos. Es una ventaja para la apreciación definitiva que terminará realizando el Tribunal", señaló Córdoba, que agregó: "No se encuentra controvertido que ambos acusados encabezaron las investigaciones que ordenó el juzgado federal y confeccionaron los informes que conocemos, ocultando dimensiones relevantes y decisivas para esa investigación que estaba en su curso inicial y optaron por informar circunstancias falsas, contrarias a la verdad y obstructivas para el desarrollo de la investigación".

La fiscalía precisó que el subinspector Rodríguez tenía "un cúmulo de información" relativa a la existencia del prostíbulo que funcionaba en la propiedad de la calle Fray Cayetano Rodríguez al 100, a metros de la plaza Pueyrredón, el corazón del barrio de Flores, así como del contenido de otras causas judiciales vinculadas a la investigación. En el caso del inspector Barros, se reseñó que conocía la zona de los prostíbulos y los movimientos del establecimiento, ya que había realizado observaciones durante una semana.

"El encubrimiento de los imputados da cuenta de ciertos acuerdos previos y que buscaban ocultar la condición de prostíbulo de ese domicilio. Esos acuerdos implicaban la cobertura de la trata, de la infracción a la ley de drogas", señaló en el alegato la auxiliar fiscal María Laura Grigera, según se informó en el portal del Ministerio Público.

La causa se había iniciado el 2 de julio del 2009, cuando una mujer denunció al 911 que había sido secuestrada y que se encontraba cautiva en la calle Fray Cayetano Rodríguez 120, donde era obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. A raíz del contacto telefónico de la denunciante, el juzgado de turno ordenó que la policía corroborase el domicilio y que se realizaran averiguaciones respecto de la titularidad de la línea telefónica desde donde se había hecho la llamada.

En este momento intervino el subinspector Rodríguez, quien habría asistido al lugar, pero luego sostuvo que en la dirección señalada "había una casa de familia". Sin embargo, ya tenía registros de infracción a la ley de profilaxis, en el domicilio y en las inmediaciones, y funcionaba un local clandestino en el cual se ofrecían servicios sexuales bajo la denominación de fantasía "La Casona de Flores".

La acusación consideró probado que tanto Barros como Rodríguez fueron responsables de la constatación del domicilio denunciado, posteriormente declarado por los uniformados como una "casa familiar".