Suspendieron la indagatoria del Rey de la Salada porque el abogado fue acusado de ser parte de la banda
El letrado no quedó detenido pero la fiscal ordenó que sean allanados su domicilio y el estudio jurídico
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LA NACIONGustavo Carabajal
Jorge Castillo, conocido como El Rey de la Salada, tenía que ser indagado en las últimas horas, acusado de ser el jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero y a la evasión de impuestos.
Sin embargo la audiencia en la que el imputado tenía la posibilidad de defenderse de los cargos por los que era sometido al proceso tuvo que ser suspendida en medio de un escándalo.
Cuando Castillo se presentó ante la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, acompañado de su abogado, la representante del Ministerio Público manifestó que la audiencia no se podía realizar porque el defensor de Castillo también estaba acusado de formar parte del grupo delictivo comandado por El Rey de la Salada.
Cuando el abogado presentó el cargo en el que constaba la designación como defensor de Castillo, la fiscal le comunicó que no podía ejercer la defensa del Rey de la Salada porque, a criterio de la parte acusadora, según los elementos incorporados en el expediente, había indicios que abonaban la sospecha de que formaba parte del grupo delictivo liderado por Castillo.
Luego de notificarle de la imputación en su contra, la fiscal ordenó a la policía los allanamientos del domicilio y del estudio jurídico del acusado. No obstante, la representante del Ministerio Público no dispuso la detención del letrado, cuyo apellido sería Albarracín.
La indagatoria de Castillo fue suspendida hasta que designe un nuevo abogado. Mientras tanto, en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, continuarán con las declaraciones al resto de los 16 detenidos.
El resumen de la causa indica que se realizaron 62 allanamientos, en los cuales fueron secuestrados 45 vehículos. Se investigan 89 empresas fantasmas utilizadas como fachadas para lavar dinero y los investigadores tienen identificados a 160 personas que habrían actuado como prestanombres en la maniobra ilícita.
Según fuentes de la investigación, ese lavado de activos se habría concretado a través de la comercialización de mercaderías en una de las mayores ferias ilegales de la Argentina.
Castillo fue detenido en su casa del country Haras Argentino Farm Club, situado en el límite entre los partidos de General Rodríguez y Luján. Se trata del mismo lugar en el que había sido apresado el 13 de junio de 2017, cuando un grupo de efectivos de la policía bonaerense irrumpió en esa vivienda y El Rey de la Salada hirió a un agente de un disparo.
En esta oportunidad, la segunda en ocho años, Castillo fue acusado por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y por la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) por presunto desvío de fondos mediante la creación de más de 80 sociedades comerciales que fingían la realización de actividades que no cumplían y además, aumentaban el crédito fiscal mediante operaciones ficticias.
Dicha causa había sido iniciada en 2022 por la fiscal Incardona y tuvo la característica de que actuaron agentes encubiertos de la PFA para infiltrarse en la organización con el objetivo de impedir que se destruyeran pruebas.
Con esta medida se evitó una situación como la ocurrida en 2017, cuando después del allanamiento realizado a las oficinas de Castillo en La Salada fueron borradas evidencias por los subordinados del jefe de la organización. Por ese motivo, Castillo nunca fue condenado por la Justicia Federal.
Pasaron ocho años y una nueva investigación con más pruebas para que la Justicia federal de Lomas de Zamora pudiera avanzar sobre El Rey de la Salada y así poder fundar una acusación más sólida. Los responsables de la pesquisa no dejaron ni objetivo vinculado a la organización comandada por Castillo, sin revisar.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella en más de 60 objetivos entre los que figuran los galpones de la feria La Salada, en el partido de Lomas de Zamora, el predio de la feria Urkupiña, que pertenecía a Enrique “Quique” Antequera, una galería en Flores y los domicilios de los imputados.
A pesar de estar preso, Castillo nunca perdió el control de La Salada. Al contrario, acrecentó su poder con la caída de su exsocio Antequera, gerente de Urkupiña, quien es buscado en el marco de esta causa.
Castillo había sido detenido en 2017 y fue liberado en 2019, cuando era monitoreado mediante una tobillera electrónica. Había decido esperar el juicio oral con prisión domiciliaria.
En 2022, la Justicia condenó a penas de entre tres y ocho años de cárcel a 38 acusados en la denominada causa La Salada. Entre los sentenciados en un juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de los cargos, se encuentra Adrián Castillo.
Castillo aparecía acusado de ser el presunto jefe de la asociación ilícita que extorsionaba a vendedores ambulantes para dejarlos instalar sus puestos en el espacio público adyacente al gigantesco predio de la feria de gangas, está libre. Había sido beneficiado por una excarcelación dictada por una sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora. Pero en caso de que lo condenen, podría recibir una pena mayor.
La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Criminal N°8 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Gustavo Ramilo, Alejandro Sgarlata y Nicolás Amoroso. Adrián, el sobrino de Jorge Castillo, recibió una de las penas mayores -ocho años de prisión- al admitir su responsabilidad como organizador de la asociación ilícita que obligaba a los vendedores ambulantes a pagar importantes sumas de dinero a cambio de permitirles poner sus mostradores de un metro cuadrado.
Para el Ministerio Público, Jorge Castillo encabezaba una de las tres asociaciones ilícitas que se valían del uso de la fuerza para extorsionar a los puesteros. Aquellos que no pagaban o intentaban instalarse sin el permiso de la organización eran sometidos a palizas por parte de patotas formadas por barrabravas y policías que respondían al grupo delictivo.
Según la acusación presentada por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, los condenados aplicaron la intimidación pública para aterrorizar a los vendedores, y a los que no les pagaban, les destruían sus mercaderías. Por eso, habían sido imputados por daño calificado, encubrimiento agravado, estafa en grado de tentativa y tenencia de armas de guerra.
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