Trabajadoras sexuales denuncian el hostigamiento policial durante la pandemia

Detenciones arbitrarias, operativos desmedidos y discursos racistas y transfóbicos son algunos de los modos del abuso policial que se profundizaron durante la cuarentena, según la denuncia de las trabajadoras sexuales agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). "No puede ser que en este contexto que estamos atravesando la respuesta del Estado sea el atropello y la vulneración de los derechos", señalan.

Un relevamiento de la propia organización resalta que se registraron unas 200 denuncias de algún tipo de hostigamiento o violencia policial hacia trabajadoras sexuales de todo el país. En la mayoría de los casos se trató de detenciones arbitrarias y de operativos "desmedidos" que incluyeron golpizas, tratos humillantes y el incumplimiento de la ley de identidad de género.

"Denunciamos el aumento de la violencia institucional en este contexto de cuarentena; hay mucho más hostigamiento hacia las compañeras, sobre todo del colectivo trans migrante. Con la excusa de que estamos violando el artículo 205 del Código Penal -figura usada para quienes no respetaran el aislamiento social preventivo y obligatorio-, la actuación de las fuerzas de seguridad ha sido brutal", le explica a LA NACION Georgina Orellano, una de las referentes de la Ammar.

Orellano destaca que las detenciones ocurren cuando no están ejerciendo el trabajo sexual. "Se concretan en todo momento en el uso del espacio público" como, por ejemplo, al salir a hacer compras o camino al comedor para buscar una vianda de comida, señala.

"Nunca está la posibilidad o la instancia del diálogo con los agentes para poder explicarles que las compañeras estaban regresando a sus casas o volviendo de una jornada de testeos. Los policías dan por hecho que estaban ejerciendo la prostitución por portación de cara, por ser trans o por ser migrantes. Esos operativos suelen durar de dos a tres horas, luego las llevan a las comisarías de la zona por averiguación de antecedentes y ahí pueden pasar hasta 12 horas detenidas", se queja.

El 21 de septiembre, las integrantes de la Ammar se manifestaron frente al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad con el fin de visibilizar su reclamo y entregar en la Secretaría de Seguridad un petitorio que, entre sus reclamos principales, planteaba la necesidad de armar una mesa de diálogo con funcionarios de las comisarías de Once, Constitución y Flores.

"Esas son las zonas -justifica Orellano- donde se despliegan con más frecuencia estos operativos violentos. La mayoría de las víctimas no solo trabajan, sino que viven en esos barrios y sufren constantemente atropellos por ser, además de trabajadoras sexuales, extranjeras. Son paraguayas, ecuatorianas, peruanas, que denunciaron violencia verbal y física por parte de los policías, lo que refleja la mirada racista y homofóbica que todavía está enquistada en las fuerzas de seguridad".

Al respecto, fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad explicaron que la oficina de Transparencia y Control Externo interviene en todos los casos donde hay denuncias sobre la actuación policial. Asimismo, explicaron que también hay actuaciones sobre denuncias recibidas en el 911 por delitos como el narcomenudeo presuntamente realizados por trabajadoras sexuales.

Defensa de derechos

Yokhari Márquez trabaja en la esquina de Salta y Pavón, en Constitución. Su doble condición de extranjera y trans la volvió blanco recurrente de la violencia institucional. "Cuando me cruzo con un policía ya sé que me va a parar por el solo hecho de ser quien soy. Tengo que vaciar la cartera y dejar que examine todas mis pertenencias, me tratan como si fuese una delincuente. También tengo que soportar que me digan que me vuelva a mi país. Hay mucho discurso xenófobo", señaló.

Yokhari nació en Perú, pero hace 13 años que vive en la Argentina. En el último tiempo se acostumbró a ver a varias de sus compañeras tiradas en el piso antes de ser subidas a los patrulleros. "Es duro ver cómo les pegan sin motivos, pero más duro es no poder defenderlas. Si te metés, los policías también te atacan, te humillan, vulneran todos tus derechos. Siempre se la agarran con el más débil".

Para Orellano, "el trato hacia las compañeras trans es muy violento, las requisan y las hacen desnudar en la calle, las atacan verbalmente"; lo atribuye a que un gran porcentaje de los miembros de las fuerzas de seguridad "desconocen el espíritu de la ley de identidad de género".

"Los policías -agrega- te dicen: 'Lo trato como masculino porque eso dice el documento', entonces nosotras les tenemos que leer el artículo de la ley que explica que lo que se tiene que respetar es la identidad autopercibida. En muchos casos se sorprenden porque no lo sabían".

Yokhari destaca la importancia de estar organizadas en la Ammar, porque "nos orientan y nos dicen que las prostitutas también tenemos derechos".

Insiste: "Lo que hacemos es un trabajo, no un delito. Por el solo hecho de ser prostituta, la policía te vincula con la trata de personas o el narcotráfico; somos señaladas constantemente, pero no estamos a favor del delito. Las trans hacemos lo que hacemos para sobrevivir, si no ¿quién nos da para comer, para pagar el alquiler, para comprar los remedios?".

En ese sentido, Orellano enfatiza: "Hoy la policía tiene una doble facultad porque, por un lado, te persigue con el artículo que dice que estamos violando la cuarentena y, por otro, están los códigos contravencionales que criminalizan el uso del espacio público". Y concluye: "No puede ser que en este contexto que estamos atravesando la respuesta del Estado sea el atropello y la vulneración de los derechos. Lejos de conocer la realidad de las trabajadoras sexuales y de desplegar políticas públicas, lo que recibimos es más represión policial, más violencia institucional y más detenciones arbitrarias".

Fondo de emergencia

Desde el inicio de la cuarentena, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) creó un fondo nacional de emergencia para atender las demandas de las trabajadoras sexuales en el actual contexto de pandemia, que incluye, entre otras ayudas, la entrega de bolsones de comida y de artículos de limpieza para combatir eventuales contagios de Covid-19.

"En estos momentos no contamos con ningún ingreso económico. En los primeros meses de la cuarentena la plata de ese fondo estaba destinada a la compra de alimentos, pero en el último tiempo la principal demanda de las trabajadoras sexuales tiene que ver con saldar deudas. Más del 90% de las compañeras deben el alquiler del hotel, la pensión o el inquilinato donde viven, y en algunos casos esa deuda supera los 60.000 pesos", detalla Orellano, referente de la Ammar.

En la Casa Roja, la sede que la asociación tiene en el barrio porteño de Constitución, atienden por semana a unas 700 compañeras que se acercan a buscar las viandas y a pedir algún tipo de ayuda económica. Precisaron desde la Ammar: "Desde el comienzo de la crisis por el Covid en la Argentina las trabajadoras hemos apoyado a 5000 compañeras de todo el país".

"Las maneras que tenemos las trabajadoras sexuales de alquilar son precarias porque carecemos de recibos de sueldo y de garantías. Los contratos son de palabra y entonces los dueños ponen las condiciones que ellos quieren. Por ejemplo, hay compañeras que están pagando por una habitación de cuatro por cuatro hasta 22.000 pesos por mes, cuando otras personas pagan por el mismo cuarto entre 9000 y 10.000 pesos. Es otro modo del abuso que soportamos por ser prostitutas, travestis y migrantes", señala la referente de Ammar.

Desde la organización insisten en que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que rigió hasta hace unos pocos días las trabajadoras sexuales estuvieron imposibilitadas de prestar sus servicios, lo que tuvo como consecuencia para ellas una situación precaria que las redujo a un estado de mera subsistencia.

"El 96 por ciento de las trabajadoras mujeres -argumenta Orellano- somos madres y sostenes de hogar. Al no tener opción de generar ingresos, nuestras condiciones de vida se precarizan aún más".