Triple crimen: “Estamos pensando en irnos del país”, dijo el juez que investigó a Pequeño J tras un extraño robo en su casa

Los brutales asesinatos de tres chicas impactaron en septiembre pasado por la ritualización de la violencia narco. Torturas transmitidas en directo como parte de un sistema de venganza hacia rivales y adoctrinamiento de propios. Así se movía la banda de Pequeño J, que hoy espera en un penal peruano la extradición a la Argentina. Esa organización criminal que buscaba colonizar lugares de venta de narcomenudeo mostró su peligrosidad con los homicidios de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Y ahora el juez que desmanteló ese estructura delictiva, procesó y puso en la cárcel a una docena de sospechosos se siente amenazado por la banda a partir de extraños robos que sufrió en los últimos dos meses. La situación escaló en Navidad, cuando volvió con su familia a la que casa que habitan y encontró todo revuelto. Para el magistrado Fernando Pinos Guevara, no fue un robo, fue una amenaza por su actuación en el expediente del triple crimen.

“Estamos pensando con mi familia en irnos el país”, dijo el juez de Garantías de La Matanza al detallar a LA NACION las extrañas circunstancias que rodearon al robo en la casa de su suegra, donde vive hace unos meses luego de vender su propiedad.

“Estoy muy preocupado. Es difícil acostarse a dormir y no pensar que voy a levantarme a las 3 de la mañana con una pistola en la cabeza. Estuve hablando con mi esposa y tenemos que buscar una solución inmediata porque vamos a terminar mal”, comentó al señalar puntos que llamaron la atención de la irrupción de delincuentes en el hogar familiar. Por un lado, contó que quienes entraron en la vivienda hallaron dólares que tenía guardados, una caja de seguridad portátil, una joya familiar y los dejaron desparramados en el suelo, algo difícil de entender si se tratase de un robo. Incluso, relojes de alto valor económico tampoco fueron tomados como botín, pese a estar a la vista. Los intrusos solo se llevaron una consola de juegos. Para el juez, se trató de un mensaje. Y él lo decodificó como una amenaza seria.

El pasado 2 de noviembre ya había vivido Pinos Guevara otra situación de violencia extrema cuando ladrones lo sorprendieron cuando abría la puerta del garaje de la vivienda de su suegra para estacionar la camioneta. Contó que fue encañonado con una pistola 9mm en la cabeza y que también apuntaron de igual manera a uno de sus dos hijos y a su esposa. Eso ocurrió el 2 de noviembre pasado, a las, 6 y podría tratarse de un riesgo que corren todos los vecinos de La Matanza, pero el magistrado aseguró que los cinco delincuentes -tres de ellos armados pistolas 9 mm nuevas- querían meterse con la familia en el hogar, algo que fue evitado por los bocinazos de alerta emitidos por los conductores dos vehículos que vieron la escena. Siguió algo más preocupante.

La propia víctima era en ese momento el juez de turno en La Matanza y pese a eso casi no pudo lograr la colaboración de la policía bonaerense. Los rastreadores satelitales de su camioneta y de los teléfonos celulares arrebatados a la familia habían permitido seguir el rastro de los ladrones hasta el complejo de monoblocks conocido como Fuerte Apache, en Tres de Febrero. Los uniformados tardaron varias horas en concretar allanamientos de urgencia.

“Este robo ocurrió en plena coyuntura del expediente por el triple femicidio, cuando debía resolver sobre pedidos de prisión preventiva. No se olvide que firmé dos pedidos de captura internacional que terminaron con las detenciones de dos acusados en Perú. También llevaron mi firma las órdenes de allanamiento”, expresó el magistrado a LA NACION.

Afirmó el juez que tenía en sus manos el expediente sobre Pequeño J y sus secuaces que pidió protección policial y que solo se le asignó un agente destinado a permanecer entre las 8 y las 14 en la puerta del juzgado.

La sorpresa de Navidad fue, finalmente, la situación que llevó a Pinos Guevara a considerar la posibilidad de dejar su puesto e irse del país. “Entraron en mi casa y dieron vuelta toda la vivienda, pero con la idea de que yo pueda ver esa imagen, porque daban vuelta, sacaban, abrían los placares y tiraban todo al piso. Y, por ejemplo, se llevaron la consola porque creo que alguno de los que entró dijo “me la llevo” por llevársela, porque había cadenas de oro, un reloj de oro tirado en el piso, dólares. Dejaron una caja de seguridad que es portátil, la agarraron y la dejaron arriba de la cama“, dijo.

Tras procesar a una docena de implicados en el triple crimen, Pinos Guevara se había declarado incompetente para seguir adelante con la causa por las conexiones narco que requería la intervención de la Justicia Federal. El caso del triple crimen está ahora en manos del juez federal de Morón Jorge Rodríguez.

“Mi situación era complicada. Vendí la casa para escaparme del lugar en el que vivía porque sabía que algo me iba a ocurrir y pasó. Hace falta que los hechos se investiguen con seriedad. No se trató de episodios de inseguridad comunes. Existen muchos indicios que fundaron la sospecha de que se trataron de episodios ocurridos por mi trabajo como juez”, agregó el magistrado que se desempeña hace treinta años en el Poder Judicial bonaerense y, hace 15 años, que es juez de Garantías en La Matanza.

Antes de dejar el caso, la investigación encabezada por el juez Pinos Guevara y el fiscal Carlos Arribas procesaron a los primeros ocho detenidos, pidieron la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, el narco conocido como Pequeño J, y ordenaron la captura de otros dos sospechosos, entre ellos el supuesto jefe de la red, un hombre conocido como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias Señor J. Su caso tiene una particularidad: en el momento del crimen estaba preso en uno de los calabozos más importantes de la Policía Federal Argentina.

Entre los acusados del triple crimen, cuyo móvil habría sido la venganza por el supuesto robo de drogas que habrían cometido algunas de de las víctimas o sus allegados, tienen prisión preventiva Celeste González Guerrero, de 28 años; Milagros Florencia Ibañez, de 20; Iara Daniela Ibarra, de 19; Matías Agustín Ozorio, de 28; Maximiliano Parra, de 18; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25; Víctor Sotacuro Lázaro, de 41, y Ariel Jiménez, de 29, porque, según se sostuvo en la acusación generada por la Justicia provincial “existen indicios vehementes de que los imputados tratarán de eludir la acción de la Justicia, teniendo en cuenta las características y la violencia, frialdad, e impunidad con la que se comportaron a lo largo de la ejecución del hecho, como así la pena en expectativa del delito que aquí se les imputa”. Como se consignó, Pequeño J espera detenido en Perú la decisión de su regreso forzado a la Argentina.

Por su parte, la detención de Cubas Zavaleta -que como se mencionó estaba alojado en un calabozo de la sede Cavia de la PFA en el momento de la masacre- se fundó en la declaración de un testigo de identidad.

En los últimos días se sumó el arresto de Bernabé Mallón, el primer sospechoso detenido por la intervención de la Justicia Federal.

Tres días después de procesar a los sospechosos del triple crimen y de declarar la incompetencia de la Justicia bonaerense para derivar ale caso a la Justicia Federal, se registró el primer robo violento sufrido por el magistrado Pinos Guevara y su familia.

Por Gustavo Carabajal

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