Un informe expone 503 casos de violencia contra detenidos en Buenos Aires

"Me picanearon, me golpearon en la cara y la cabeza". "Me preguntaron en dónde estaban las cosas, y como les dije que no sabía nada, me dieron un escopetazo en el pie". "A los quince días de estar detenida empezó a torturarme. Me quemó las manos con el anafe mientras me preguntaba quiénes eran. Abusó sexualmente de mí tres veces, con acceso carnal. Yo estaba esposada y me decía que si gritaba le iban a poner droga a mi familia o iban a matar a mi hija". Esos son algunos de los testimonios (el primero, de un adolescente de menos de 18 años) que se desprenden del informe anual 2018 "Registro de casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes", de la Defensoría de Casación Penal de Buenos Aires.

En el relevamiento se contabilizaron 503 casos de jóvenes, hombres y mujeres víctimas de torturas y otras vejaciones, con presunta autoría de policías y penitenciarios bonaerenses. En 2017, habían sido 682.

"No podemos responder si cada año hay más o menos casos de tortura, porque tenemos el problema de la falta de independencia: el registro aumenta o disminuye en función del nivel de compromiso de los operadores de la defensa que denuncian o no estos casos", explicó a LA NACION el defensor ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Mario Coriolano, para quien los hechos relevados son apenas la punta del iceberg. "Lo que sí podemos afirmar es que la tortura y los tratos inhumanos siguen siendo una práctica generalizada y sistemática en nuestra provincia, con un preocupante correlato de impunidad de los autores de estos hechos", subrayó el defensor.

El informe busca echar luz sobre una realidad invisibilizada, donde los casos seleccionados representan una muestra de "las múltiples vejaciones que sufren las víctimas de torturas y tratos inhumanos por parte de agentes estatales, en especial en el momento de la aprehensión y el traslado a las dependencias policiales".

Miedo a represalias

Golpes de todo tipo, agresiones con proyectiles, abuso sexual, asfixia, quemaduras y pasaje de corriente eléctrica son algunos de los hechos denunciados. Con respecto a los responsables, en 364 casos la autoría fue adjudicada a efectivos de la policía; en 103, del servicio penitenciario, y en 36, a personal de otras instituciones, como Gendarmería, Prefectura, policías locales, personal de centros cerrados de jóvenes y neuropsiquiátricos. Los departamentos judiciales que más casos tuvieron fueron La Matanza (96), Lomas de Zamora (95) y Morón (67).

Del total de los hechos, 207 fueron puestos en conocimiento de otro funcionario judicial además de la defensora o defensor, mediante denuncia penal, habeas corpus o testimonio en audiencias ante el juez o el fiscal. En los otros 296, las víctimas lo hicieron saber bajo secreto profesional, de modo confidencial: es decir que casi el 60% no fueron denunciados por temor a represalias.

El "Registro de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes" funciona en la Defensoría de Casación desde marzo de 2000. A diciembre del año pasado lleva un total acumulado de 12.927 hechos.

"El denominador común es que durante todas las gestiones hubo una tortura generalizada que luego se convirtió en sistemática", asegura Coriolano. "El miedo a la policía es mucho mayor que a los agentes penitenciarios y eso se ve reflejado en la cantidad de hechos relevados por los defensores que las víctimas eligen denunciar y aquellos que no", agrega.

Para él, el caso del fuero penal juvenil es particularmente alarmante: solo el año pasado fueron 143 los adolescentes víctimas de estos abusos. "En La Matanza, por ejemplo, se registraron 63 casos de tortura policial a pibes de 16 a 18 años, 60 de los cuales fueron bajo secreto profesional. Es para poner la lupa en el terror que les generan a los y las jóvenes la tortura y el armado de causas", dice Coriolano.

Según el defensor, el informe generó "un mapa de la tortura muy coherente".

"Todos los hechos, más allá de que las víctimas decidan denunciarlos o no, coinciden en la descripción de los actores, en el tipo y lugar de los abusos", describió. Y concluyó: "Para cambiar esto se necesitan reformas estructurales: una policía judicial, una defensa pública independiente y la generación de un mecanismo provincial de prevención de la tortura. Hoy, esto no ocurre".