Un secretario judicial, procesado por favorecer al acusado de un caso de lavado

La justicia federal de Corrientes procesó y trabó un embargo de 500.000 pesos al secretario penal Pablo Molina, que se desempeñaba ante el Juzgado N° 1 del fuero en esa provincia, a cargo de Carlos Soto Dávila, un magistrado que también está bajo la lupa por su desempeño en causas de narcotráfico en esa zona caliente del contrabando de estupefacientes, en especial, marihuana que baja hacia los centros urbanos por ruta o por la Hidrovía.

Molina, que pidió licencia días antes del procesamiento que dictó el juez federal Carlos Vallejos, está imputado por falsificar firmas y alterar trámites para beneficiar con la devolución de dos vehículos de alta gama a un empresario detenido por lavado de dinero y narcotráfico.

Él y Soto Dávila están desde hace tiempo en la mira del fiscal de Cámara Carlos Schaefer, quien pidió que el juez sea investigado por este mismo hecho. La Cámara de Apelaciones rechazó su planteo. Esa medida fue apelada. "Soto Dávila avaló con su firma los trámites que había realizado Molina para beneficiar al imputado", dijo Schaefer a LA NACION.

El desempeño del secretario N° 2 del Juzgado Federal N° 1 correntino, que tiene jurisdicción sobre una zona caliente del tráfico fronterizo con Paraguay, carga con duros cuestionamientos desde principios de este año, cuando la Procuración de Narcotráfico (Procunar) comenzó a cruzar información de 13 expedientes -que nunca fueron investigados de forma integral por el magistrado- que tenían como denominador común a la banda narco que actuaba en la localidad de Itatí, donde luego fue detenido el intendente "Roger" Natividad Terán, familiares suyos, funcionarios de la comuna y policías.

En junio pasado Diego Iglesias, de la Procunar, elaboró un duro informe en el que involucraba a Soto Dávila y otros empleados judiciales en un caso de supuestas coimas para beneficiar a personas vinculadas con el narcotráfico. Se basó en escuchas telefónicas que el juez federal porteño Sergio Torres transcribió en el procesamiento de 28 detenidos por la causa del narcotráfico irradiado desde Itatí hacia al menos siete provincias argentinas.

Según la transcripción de los audios en ese expediente, una de las escuchas refiere que se habría pagado una suma millonaria para que el juez Soto Dávila otorgara la libertad a un acusado identificado como Cachito Bareiro, de Itatí, detenido hace varios años por narcotráfico.

"Bareiro pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno en esa oportunidad, Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se hiciera efectiva la captura que pesaba sobre él... Se escuchó que un allegado del juez fue a cenar al domicilio de Bareiro para ir a buscar la plata. Que el secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones. O sea, hacía de intermediario del juez para estas cuestiones", se señaló en el expediente.

En este contexto, la megacausa de Itatí no fue investigada en Corrientes, sino a 900 kilómetros de allí, en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. Fue gravitante la desconfianza que los investigadores le tenían a Soto Dávila.

Esta organización, con sede en aquella pequeña ciudad históricamente reconocida por la veneración a la Virgen, distribuía la marihuana proveniente de Paraguay en Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y la Capital.

Molina, de 47 años, oriundo de Resistencia, Chaco, fue procesado junto a un empleado del juzgado y a otras tres personas. Se lo involucra en un caso en el que se comprobó que se pretendía beneficiar con la entrega de vehículos al empresario Roberto Rodríguez, detenido y con fecha de juicio por lavado de dinero para principios de diciembre.

Como consecuencia de esta investigación, en marzo, Molina fue apartado de su cargo en la Secretaría N° 2 del juzgado de Soto Dávila. La Cámara de Apelaciones de Corrientes dispuso en aquel momento trasladarlo a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

En la causa fueron investigadas las maniobras para la devolución de un Mercedes Benz y de una camioneta Toyota Hilux secuestradas tras allanamientos en la agencia "RR Vip", de Rodríguez, a través de falsificaciones de firmas y de supuestas usurpaciones de identidad.

El fiscal Ferrini, que inició la causa en septiembre de 2016, dio por acreditado "el despliegue de maniobras simuladas y ardidosas tendientes a lograr el recupero de vehículos" confiscados en el curso de la causa por lavado de dinero iniciada contra Rodríguez.

Al ser investigado, el empresario en cuestión desconoció haber estado en Corrientes y haber testificado en esa ciudad, como habría rubricado el secretario. Y agregó que la firma al pie del documento que se le exhibía no era de él. Ese testimonio fue avalado y sellado por el juez Soto Dávila y el secretario Molina.

Ahora, además de al secretario de Soto Dávila el juez Vallejos procesó al empleado judicial Zacarías Miguel Issolio, a los abogados Duylio Barboza Galeano y Noelia Agnello y al comerciante Víctor Fernández, todos por los supuestos delitos de falsedad ideológica y cohecho.

Molina y Barboza fueron señalados como "autores"; Agnello, Fernández e Issolio fueron procesados como "partícipes necesarios", y recibieron embargos de entre 300.000 y 500.000 pesos cada uno.