Una de las recaudadoras de la banda de extorsionadores era empleada de un municipio: fue echada
Se trata de Karen Cufré, que cumplía funciones en el Centro de Morón; fue detenida por orden de la jueza federal de Sandra Arroyo Salgado
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LA NACION
Hasta su detención trabajaba en la Central de Monitoreo de Morón, donde había ingresado el año pasado como “personal temporario”. Ahora, Karen Cufré está presa acusada de ser parte de la banda que extorsionó a Rodrigo Gómez, el soldado del Ejército argentino que se suicidó el 16 de diciembre pasado en la quinta presidencial de Olivos.
Cufré fue detenida la semana pasada por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandro Arroyo Salgado. Está acusada de ser una de las “recaudadoras” de la organización criminal.
Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. Cufré tiene una relación de pareja con otros de los acusados, Mauricio José Duarte, uno de los supuestos líderes de la organización criminal junto con Tomás Francavilla.
Francavilla y Duarte estaban presos en el penal de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cuando comenzó la extorsión a Gómez, de 21 años.
“Cufré conocía y colaboraba en las maniobras delictivas de su pareja. Aportaba datos de distintas personas para crear cuentas falsas en app de citas. También se encargaba de obtener y activar nuevos chips para teléfonos celulares y la distribución de las cuentas donde se depositaba el dinero sustraído a las víctimas”, explicó a LA NACION un detective que participa de la pesquisa.
Ayer, la Secretaría de Seguridad de Morón emitió un comunicado donde informó sobre la situación contractual de la sospechosa: “Desde el municipio de Morón informamos sobre la situación de la agente Cufré, exempleada de la Central de Monitoreo, incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se solicitara. Tras los hechos del 16 de diciembre pasado, que derivaron en el fallecimiento del soldado Gómez en la quinta presidencial de Olivos, y ante la investigación que analiza posibles vínculos con allegados a la agente, se dispuso su cesantía inmediata. El municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”.
El soldado cayó en la trampa de una banda de estafadores que creaban perfiles falsos de mujeres en una app de citas. Gómez pensó que había conocido a una joven, pero en realidad era una puesta en escena y terminó siendo extorsionado.
La pista para descubrir el plan criminal estaba en la carta de despedida que Gómez escribió para su familia y camaradas.
“Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos”, escribió en la carta de despedida el soldado, según reveló la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una conferencia de prensa la semana pasada donde estuvo acompañada de la jueza Arroyo Salgado.
Según pudo saber LA NACION, fueron varias las transferencias que hizo el soldado a cuentas de billeteras virtuales en los días previos a su suicidio.
Un día antes de que Gómez se quitara la vida, recibió varias llamadas. Primero no atendió. Era el mediodía del 15 de diciembre pasado. A las 17.34 hubo una comunicación de diez minutos de duración con una línea telefónica de La Plata.
Una vez finalizada la comunicación, el soldado envió el comprobante de una transferencia por $213.000. Pocos minutos antes de las 18 hizo otra operación por $400.000 y a las 18.38 otra más por $500.000, así consta en documentación a la que accedió LA NACION.
Al día siguiente, a la madrugada, cuando Gómez ya estaba muerto, recibió un mensaje de WhatsApp que decía: “No veo el comprobante” y, entre las 9.05 y las 9.22 recibió tres llamadas desde la citada línea radicada en La Plata.
Como se dijo, todo comenzó en una app de citas. Tras los primeros mensajes, continuaron los intercambios en chats por WhatsApp.
Después llegaba lo que la organización criminal llamaba “el audio del terror”: un mensaje de voz de la supuesta madre de la joven donde acusaba a la víctima de ser un degenerado porque su hija era menor de edad.
El plan criminal continuaba con la aparición de un supuesto policía que le exigía dinero a cambio de que la causa judicial no avanzara.
La Pyme del delito, como fue definida la organización criminal, le usurpó la identidad a un oficial de la Policía de la Ciudad para concretar el plan criminal.
En el expediente interviene el fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa.
A fines de la semana pasada, la jueza Arroyo Salgado rechazó el pedido de excarcelación presentados por la defensa de tres sospechosas detenidas por su presunta participación en el plan criminal.
“La medida de la jueza se dio en línea con lo dictaminado por el fiscal Iuspa. El representante del Ministerio Público se opuso al planteo al considerar que la gravedad de los hechos, la multiplicidad de damnificados —que podrían ser más—, el desenlace trágico de una de las víctimas, la posible afectación de intereses federales y el estado público del caso permitían presumir riesgos procesales", informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
En su dictamen, el fiscal Iuspa sostuvo que en caso de recuperar la libertad, las imputadas podrían eludir el accionar de la Justicia o entorpecer la investigación, ya que “restan medidas de prueba pendientes de producción”.
El representante del Ministerio Público Fiscal tTambién advirtió que podrían ocultar maniobras aún no esclarecidas o intimidar a eventuales testigos, especialmente en un contexto en el que las extorsiones se basaban en la amenaza de difundir aspectos íntimos —aunque fueran falsos— en entornos digitales.
Por el momento, a la organización criminal se le adjudican tres extorsiones.
LA NACION
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