Advirtió ADEPA acerca de los embates a la libertad de prensa

SANTIAGO DEL ESTERO.- "La libertad de prensa vigente en la Argentina desde 1983 ha soportado múltiples embates en los últimos doce meses. A la ya recurrente intolerancia de ciertos funcionarios públicos se ha sumado la peligrosa posición asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual el llamado derecho de réplica está vigente en la Argentina".

Tal fue una de las conclusiones del informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que se dio a conocer ayer en Santiago del Estero, al cierre de la 36º asamblea general ordinaria de la institución.

El documento, aprobado por aclamación, fue presentado al mediodía por el presidente de la citada comisión, Guillermo Ignacio, que por la tarde fue elegido nuevo presidente de ADEPA, como se informa por separado. Las deliberaciones se realizaron en el diario El Liberal, que este año celebra sus 100 años.

"En el plano económico -advierte el informe-, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, por la mayoría oficialista, un proyecto de ley por el cual se generaliza el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la publicidad en los medios de comunicación, exceptuándose el precio de tapa de diarios, revistas y libros."

La declaración subraya que el gobierno actual será recordado por el periodismo por haber pretendido gravar impositivamente su labor, cuando había estado exento desde los albores de la República.

Agrega que hasta tanto "no se brinde adecuada respuesta a la interminable e inaceptable secuencia de amenazas y agresiones a periodistas y medios de comunicación, y mientras no se esclarezca definitivamente el asesinato de José Luis Cabezas, la libertad de prensa vigente se halla comprometida en nuestro país".

Este año, prosigue ADEPA, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó en tres oportunidades el derecho de réplica, al fallar en abril contra Página 12, pocos días después contra el diario Pregón, de Jujuy, y en agosto último contra Editorial Atlántida, por un artículo publicado en la revista Somos hace seis años.

"Este mal llamado derecho de réplica es presentado frecuentemente como un instrumento para la defensa de la dignidad o el honor de una persona afectada por una publicación periodística. Por error, o con una no confesada intencionalidad, se pretende destacar que una persona que ve lesionada su honra no tiene protección jurídica alguna", señala el informe.

Añade que, por el contrario, toda persona está amparada por el Código Penal para accionar contra quien haya eventualmente empleado algún medio periodístico para injuriarla, calumniarla o deshonrarla.

Cuando considera el fallo Petric contra Página 12, ADEPA señala que la Corte Suprema se basó en la aplicación del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de rectificación o respuesta, sin reparar en el artículo 32 de nuestra Constitución, que prohíbe al Congreso sancionar leyes específicamente restrictivas de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación social.

Al respecto, ADEPA deplora "la formulación simplista de la Corte al rescatar la vigencia del derecho de réplica sin explicar la causa que justifica desconocer los postulados constitucionales".

En cuanto a la actitud de algunos funcionarios públicos, el informe apunta a las declaraciones del presidente Menem, quien manifestó que "la prensa debe tener límites".

En este sentido, ADEPA rechaza enérgicamente las expresiones del senador Eduardo Menem y otros funcionarios gubernamentales, que "intentaron sembrar ciertas sospechas sobre una supuesta vinculación entre un pretendido acoso periodístico y el suicidio del empresario Alfredo Yabrán".

El informe dedica un párrafo especial para considerar el crimen aún irresuelto de José Luis Cabezas: "Al cumplirse 20 meses de este cruel asesinato, ADEPA continúa reclamando que una Justicia efectiva eche luz sobre los móviles, los inspiradores, los secuaces y los autores de un hecho que confirma la bajeza a la que puede descender el hombre".

Sobre la aplicación del IVA a determinados ingresos de los medios de comunicación, el informe recuerda que el presidente Menem, durante una reunión que mantuvo con representantes de ADEPAen 1990, expresó que la exención del IVA a los medios "no constituye una excepción, sino una tutela jurídica a la libertad de prensa". La entidad advierte que, lamentablemente, el titular del Ejecutivo modificó su postura.

Entre varios casos, ADEPA critica la sentencia de la sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, en voto dividido, condenó a la Editorial Perfil a indemnizar al presidente Carlos Menem por presunta violación a su derecho a la intimidad en notas publicadas en la revista Noticias.

"El voto mayoritario confunde el derecho a la intimidad", que "son dos valores jurídicos diferentes", sostiene ADEPA. Los artículos publicados por Noticias, precisa, se referían a hechos relacionados con la privacidad.

Además, en un reciente fallo, la sala III de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de Capital Federal impuso al periodista Eduardo Aliverti una sanción indemnizatoria en beneficio de un ex funcionario. La entidad considera que resulta "irrazonable sancionar a un periodista que se limita a leer, en un programa radial, las afirmaciones presuntamente agraviantes contra un funcionario público" aparecidas en una revista.

En el plano legislativo, ADEPA se refiere a los diversos proyectos destinados a regular la difusión -por los medios de prensa- de conversaciones telefónicas o de imágenes registradas de manera ilícita, y afirma que si bien la intromisión en la intimidad y la vida privada de las personas puede configurar un acto ilícito, no cabe extender dicha calificación a los medios.

SANTIAGO DEL ESTERO.- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas eligió ayer al nuevo Consejo Ejecutivo, que será presidido por Guillermo Ignacio (Ecos Diarios, de Necochea). Reemplazará al doctor José Claudio Escribano, subdirector de La Nación .

A Ignacio lo acompañan Fernando Maqueda (La Gaceta, de Tucumán), como vicepresidente 1º; José Matilla (La Reforma, General Pico), como vicepresidente 2º, y Alberto Rocha (La Mañana, de 25 de Mayo), como secretario general. Carlos Rago (La Nueva Provincia, de Bahía Blanca) será el secretario de Organización. Luis Humberto Tarsitano (Clarín) presidirá la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y Miguel Gaíta (La Palabra, de Berazategui), la de Asuntos Económicos.

Luis Etchevehere (El Diario, de Paraná) será titular de la Comisión de Relaciones Internacionales y María José Surra (El Pueblo, de Villaguay), de la de Jóvenes. José Luis Castiglione (El Liberal, de Santiago del Estero) presidirá el Centro Técnico Luis A. Pérez. Juan Boglione (El Ancasti, de Catamarca) será secretario de Relaciones y Hugo Soto (La Voz de Bragado, de Bragado), de Actas. Florencio Aldrey Iglesias (La Capital, de Mar del Plata) se desempeñará como tesorero y Carlos Vernazza (El Tribuno, de Salta), como protesorero.

Serán vocales titulares Luis Remonda (La Voz del Interior, de Córdoba); Emilio Grande (La Opinión, de Rafaela); Héctor Perincioli (La Opinión Austral, de Río Gallegos); Lucio Córdoba (El Independiente, de La Rioja); Antonio Maciel (La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos) y Jaime Smart (Carta Abierta, de San Isidro).

Luis Jacobi (Paralelo 32, de Crespo); Aníbal Filippini (Nueva Era, de Tandil); Susana Bachini (El Litoral, de Santa Fe); Daniel Zamit (Crónica, de Comodoro Rivadavia); Valerio Mataitis (El Lugareño, de Capilla del Señor) y Néstor Santos (La Calle, de Avellaneda) se desempeñarán como vocales suplentes.

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