Agostina Páez, entre el rigor de Río y la grieta en Buenos Aires: el entorno cree que el “manoseo” político posterga su regreso

RIO DE JANEIRO.- La vuelta a casa, para Agostina Páez, se convirtió en una línea del horizonte que se aleja cada vez que parece estar cerca. La abogada santiagueña de 29 años, que desde hace más de 70 días está retenida en Brasil tras ser acusada de injuria racial, atraviesa horas angustiantes en las que la esperanza de un acuerdo para volver rápidamente a la Argentina se transformó en frustración.

En la intimidad de su resguardo, según pudo saber LA NACION, la joven no oculta su amargura ante lo que percibe como una utilización de su caso.

“Quedé en el medio de un conflicto político. Yo no hago política y se están peleando entre ellos”, repite por estas horas a sus allegados, con una mezcla de cansancio y decepción.

Para su círculo íntimo, la joven quedó atrapada en un fuego cruzado de egos de la política en Buenos Aires. El entorno de la abogada es tajante al calificar la situación como un “manoseo” de la política que terminó por dinamitar la “buena predisposición” que el tribunal mostraba hasta hace apenas 48 horas.

Sienten que los comentarios del canciller Pablo Quirno, de la diputada Marcela Pagano y del expresidente Alberto Fernández fueron contraproducentes. Al buscar capitalizar un éxito antes de que el juez estampara su firma final, creen, entorpecieron el camino de una fiscalía y un magistrado que estaban dispuestos a allanarle el regreso, pero habrían cambiado de opinión para desmarcarse de un supuesto resultado empujado por actores fuera del expediente.

“Hay mucho manoseo de todos lados. Hay que ser serios y dejar que las cuestiones judiciales se resuelvan en la sede judicial, como corresponde”, aseguraron a LA NACION en el entorno de Páez.

Mientras Quirno destacó la gestión técnica consular, Pagano reivindicó el peso de la “diplomacia parlamentaria” y las gestiones de Fernández ante el canciller brasileño. Ante este ruido, la abogada brasileña Carla Junqueira, quien lidera la defensa técnica de Páez, debió trazar una frontera tajante y aclarar que actúa exclusivamente bajo esa función, distanciándose de cualquier negociación política.

“Hubo gestiones institucionales diversas, parlamentarias y de la Cancillería argentina, todas bienvenidas, pero no participé ni puedo dar fe de negociaciones políticas, condicionantes o conversaciones que no presencié personalmente”, aclaró Junqueira en un comunicado compartido en X.

Lo que el martes por la noche parecía un regreso inminente se convirtió el miércoles en un laberinto de reproches y una inesperada dureza judicial. El nudo del conflicto radica en la ruptura de un pacto implícito alcanzado el martes, cuando existía el acuerdo entre las partes para que el magistrado levantara las medidas cautelares antes de la sentencia final.

Sin embargo, todo cambió tras la conferencia de prensa de la joven y su defensa en el consulado argentino en Río la mañana del miércoles. Tras esa exposición, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte decidió que Agostina deberá esperar a que todas las partes presenten sus alegaciones finales antes de que se dicte la sentencia de fondo.

Hasta entonces, la santiagueña seguirá bajo monitoreo electrónico y con la prohibición absoluta de abandonar Río de Janeiro. Este revés inesperado dejó a Páez, su defensa y su entorno atónitos.

Al rechazar la revocación de las cautelares, el magistrado advirtió que permitir el retorno de Páez generaría una indeseada “sensación de impunidad” ante la repercusión del caso. El golpe de gracia también fue de carácter técnico: el juez calificó de “apócrifo” el documento presentado por la defensa sobre los supuestos convenios de cooperación internacional, al alegar que carecía de referencias legales sólidas que garantizaran que la acusada cumpliría la pena en su país, según una nota divulgada por el Ministerio Público de Río.

A este error se sumó la carga semántica del término “resarcimiento” hacia las víctimas, al cual Páez y su entorno se refirieron tras la audiencia del martes. En un Brasil que hoy aplica tolerancia cero a la discriminación, la sola sugerencia de que el racismo tiene un “precio en efectivo” fue leída como una subestimación de la gravedad del delito, algo que habría caído mal al magistrado y a la fiscalía.

Detrás del cambio de postura judicial, la defensa identifica también a la prensa local como un actor determinante.

Para Junqueira, el abordaje de medios como O Globo, que tituló con el testimonio de las víctimas del episodio en Ipanema del 14 de enero afirmando que no les gustaría que el caso quedase impune, condicionó la independencia del tribunal.

“Víctima de racismo: Perdoné, pero no me gustaría que quede impune”, se tituló la nota publicada este jueves.

“El sistema de justicia no puede servir como respuesta al clamor público. Es absurdo”, señaló la letrada ante la consulta de LA NACION, desconfiada del impacto de la cobertura mediática local.

La nueva carta de la defensa se jugará ahora en la 8ª Cámara del Tribunal de Justicia de Río (TJ-RJ), donde esta tarde presentarán un habeas corpus para intentar destrabar la salida.

Por ahora, Páez permanece bajo monitoreo electrónico, atrapada en un limbo donde el rigor de la justicia brasileña y las internas de la política argentina parecen jugarle en contra.

Por Marcelo Silva de Sousa

• Río de Janeiro

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