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Allanaron el diario La Voz del Interior
Reclamo: el periódico cordobés protestó por la medida judicial, tomada a raíz de una denuncia de un socio minoritario.
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CORDOBA.- La justicia provincial allanó la sede del diario La Voz del Interior a raíz de una denuncia por presunta falsedad ideológica contra dos integrantes del directorio del matutino, que en su edición de ayer calificó el procedimiento como "agraviante" y lo consideró "un atropello al libre ejercicio de la libertad de prensa".
El procedimiento, ordenado por el juez de Instrucción Rodolfo Alvarado, se realizó el 19 de este mes y terminó en el secuestro de una serie de documentos tales como el libro societario de la empresa.
La presentación contra la titular del directorio de La Voz del Interior, Marisa Faillá de Remonda, y contra la accionista Graciela Remonda fue efectuada por el empresario Samuel Liberman dentro del proceso de transferencia del paquete mayoritario de las acciones del matutino cordobés.
La Justicia imputó a ambas por la presunta comisión del delito de "falsedad ideológica", por haber ejercido el derecho de preferencia de la compra de acciones. La sospecha de Liberman es que lo hicieron en favor del grupo Clarín, que adquirió la mayoría de las acciones de La Voz del Interior. El empresario adquirió una parte minoritaria del paquete societario.
Ayer, en una nota, el diario consideró a la presentación "una denuncia sin pruebas en el marco de un reclamo societario de naturaleza privada".
Sostuvo, además, que el denunciante "aparentemente buscaba impedir la realización de la asamblea ordinaria del diario" y señaló que "el excepcional procedimiento en época de feria judicial intentaba interferir el normal desenvolvimiento de la empresa".
La Voz del Interior reveló que la documentación secuestrada hace diez días aún no fue restituida y que se pudieron realizar las acciones investigativas sin necesidad de allanamientos. Ante ello, calificó el procedimiento judicial de "apresurado, intempestivo y extemporáneo".
"La Justicia no está para tomar rehenes, sean éstos personas o documentos. Es doble el peligro cuando el filo de la Justicia corta donde no debe cortar, interfiere donde no debe interferir. Paralizar, obstruir, alterar, no son verbos dignos para un valor y un instrumento tan sagrado como humano", concluye la nota editorial.
Además, se allanaron las oficinas del abogado Gustavo Viramonte Otero, que consideró como "una barbaridad jurídica" los procedimientos y adelantó que podría pedir un jury de enjuiciamiento contra el juez Alvarado.
"El delito que se imputa es menor y no justifica la violación de los derechos bancarios o el secuestro del libro societario de un medio de prensa", puntualizó el letrado, que representa al grupo Clarín en esta operación.
