Aprobación en Uruguay: hay cuatro proyectos para legalizar la eutanasia en la Argentina y un debate pendiente
El país vecino sancionó una ley pionera en la región; cuáles son las iniciativas vigentes a nivel nacional y la opinión de los especialistas
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A partir del miércoles, Uruguay forma parte de una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida en la que figuran Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España. En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero el caso de Uruguay sienta un precedente importante, ya que es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.
La novedad en el país vecino trajo rápidamente una pregunta: ¿en qué situación se encuentra la Argentina respecto de la eventual legalización de la eutanasia?
LA NACION habló con médicos, abogados, especialistas en bioética y legisladores que, en su mayoría, coincidieron en que si bien existen proyectos para legalizar la muerte digna en el país y hay un amplio apoyo de la sociedad civil, aún es un debate pendiente al que le faltan avances. Quienes se oponen sostienen que el camino es fortalecer los cuidados paliativos. Consultados, desde el Arzobispado de Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina no realizaron comentarios sobre el tema.
“Actualmente hay cuatro proyectos que tienen estado parlamentario: tres en Diputados –uno de Miguel Ángel Pichetto, otro de Carolina Gaillard y el de Gabriela Estévez– y uno en el Senado, de Mariana Juri”, informó Mara Brawer, candidata a diputada nacional por el Frente Patria y autora de otro proyecto de ley presentado en 2022 que perdió estado parlamentario. “Por el momento no avanzó ninguno”, detalló.
Según Mario Sebastiani, médico especialista en obstetricia del Hospital Italiano y hace años movilizado en defensa de la muerte asistida, la ley uruguaya representa un paso muy importante. “Tener a un país limítrofe y con el prestigio de Uruguay con este avance puede mover un poco las cabezas de nuestros legisladores. Es curioso, porque tenemos buenos proyectos y sin embargo no se debate el tema. No veo dónde está el motivo, porque es un problema de salud pública que puede beneficiar a personas”, sostuvo.
Respecto de los sectores que empujan por estos proyectos y la opinión de la sociedad argentina sobre el tema, Brawer opinó: “Si vos ves los firmantes de estos proyectos y los anteriores, hay personas de todas las ideologías y partidos políticos, incluso las personas con valores religiosos. El acompañamiento es muy transversal. No dudo que el apoyo social está muy bien”.
En ese sentido, el informe “Actitudes y opiniones sobre la eutanasia” realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés constató, en septiembre de 2024, que el 79% de los encuestados apoyaba decisiones sobre la propia muerte en casos médicos extremos.
Del mismo modo, los resultados de la encuesta nacional sobre creencias sociales del observatorio Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires, mostraron un apoyo social creciente a la eutanasia: mientras que en 2023 el 72% dijo estar muy de acuerdo con que las personas tomen decisiones sobre su propia muerte, en 2024 esa cifra subió al 76%.
La Argentina fue pionera en sancionar la Ley 26.742 de muerte digna en 2012, que reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento cuando la enfermedad es incurable o terminal. Sin embargo, esta ley no permite la eutanasia activa, es decir, no autoriza procedimientos para causar la muerte directamente, sino que se enfoca en el derecho del paciente a no prolongar su vida.
El caso uruguayo y los proyectos locales
La flamante ley uruguaya exige entre los principales requisitos para acceder a la eutanasia ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables con grave deterioro de la calidad de vida. Según el texto, el médico al que se solicite el procedimiento puede rechazar el pedido. A efectos legales, los procedimientos de eutanasia se considerarán como muertes naturales.
“Me parece un paso importante, admirable y que marca el sendero, pero hay que recordar que lo que hacen ellos no es inmediatamente extrapolable a otro tipo de sociedades, ni siquiera a la nuestra que es muy parecida. Cada sociedad tiene sus tiempos, sus debates internos, necesidades y prioridades”, consideró María Susana Ciruzzi, abogada especialista en bioética y cuidados paliativos.
De acuerdo con Ignacio Maglio, abogado, vicepresidente de la Red Bioética de Unesco, coordinador del área de promoción de derechos de la Fundación Huésped y de los comités de bioética de los sanatorios Otamendi y Finochietto, la ley uruguaya es sólida y robusta en términos legales y representa un paso fundamental para la región, porque es la primera autorización legislativa.
“En términos legales, la ley uruguaya sigue algunos lineamientos de la legislación europea y de Colombia. Es sólida porque los presupuestos para acceder a lo que yo prefiero llamar el derecho a la interrupción voluntaria de la vida son muy rígidos. Hay una primera evaluación de un médico que revisa si se dan las condiciones provistas por la ley; luego hay una intervención de un segundo médico, sin relación con el primero, que vuelve a evaluar. Deben transcurrir diez días desde la petición y recién entonces se procede a administrar la medicación para poner fin a la vida. Además, hay una comunicación al Ministerio de Salud en la que se indica que la causa final de muerte fue el procedimiento eutanásico, y el ministerio puede requerir información adicional y dar intervención a la fiscalía nacional en caso de que lo considerara. En síntesis, nadie con una dolencia temporaria o depresión aguda va a poder requerir la eutanasia”, explicó.
Ciruzzi, por su parte, dijo que se trata de una ley “muy prudente” porque no permite el turismo médico: “No se van a poder trasladar de otros países para acceder a esta ley. Tiene muchas salvaguardas en cuanto al proceso de toma de decisiones”.
Sin embargo, señaló una diferencia entre la legislación uruguaya y los proyectos argentinos. “La ley uruguaya tiene una precisión terminológica envidiable. Una de las cuestiones que yo más he criticado acá es la imprecisión terminológica, algo sumamente riesgoso. Por ejemplo, se confunde lo que es la adecuación de esfuerzo terapéutico –una medida médicamente necesaria frente a la desproporcionalidad de ciertos tratamientos médicos, éticamente correcta y legalmente válida– con eutanasia pasiva. Estos grises son peligrosos”, apuntó.
En el caso de los proyectos argentinos vigentes, Brawer dijo que si bien hay algunas diferencias de forma entre los mismos, no son diferencias de fondo.
“Algunos proyectos autorizan a menores de edad y otros no, esa es la cuestión más de fondo. Pero en todos los casos lo que queda claro es que es una decisión personalísima que no puede ser delegada a un tercero. La persona debe manifestar su voluntad de recibir la eutanasia y, si no hizo voluntad anticipada, no se puede aplicar. Por supuesto todos los proyectos argentinos contemplan un procedimiento, interviene más de un médico, la persona está asesorada por un equipo interdisciplinario y antes se tiene que cumplir con la ley de cuidados paliativos”, describió.
En línea con Brawer y Sebastiani, Maglio dijo: “Es interesante destacar que todos los proyectos un poco sobrevolaron la grieta porque tanto los sectores de la más extrema derecha como los del centro y de izquierda coinciden en que se trata de asegurar el derecho de la interrupción voluntaria de la vida, de evitar un padecimiento inútil, y de resguardar la integridad y dignidad personal. Esperemos que no pierdan estado parlamentario y los legisladores estén a la altura de las circunstancias”.
Agregó que, al igual que cuando se debatía la interrupción voluntaria del embarazo, se trata de un tema de salud pública. “Todos sabemos que a pesar de estar prohibida, hay prácticas clandestinas de eutanasia y, al igual que ocurre con el aborto, hay un doble estándar. Aquellas personas que tienen condiciones económicas favorables y contactos pueden acceder a una eutanasia segura, pacífica y digna, pero hay una parte grande de la población que no tiene estos recursos y recurre a métodos cruentos. Lo más lamentable es que cuando no consiguen su propósito, quedan en situaciones de tremendo dolor”, denunció.
Según Sebastiani, la legalización de la eutanasia no es una autorización para matar personas. “Es una autorización para que se ayude a quien lo pide. Ayudar a morir es un acto de amor y de compasión. En cambio, no ayudar a alguien que quiere morir y cruzarse de brazos como hacemos ahora, porque si no vamos presos entre 8 y 23 años, es un acto profundamente inmoral”, concluyó.
Deuda en cuidados paliativos
Mary Coller, médica paliativista, docente, investigadora y coordinadora de un programa provincial público de cuidados paliativos, está a favor de la aplicación de la ley de eutanasia siempre y cuando existan las instancias previas de cuidados paliativos y acompañamientos de los pacientes y sus familias.
“Hoy en la Argentina no tenemos una estructura que pueda asegurar esa situación, porque no existen equipos de cuidados paliativos que puedan cubrir todas las necesidades. Uruguay sí la tiene”, advirtió.
De todas maneras, sostuvo, como sociedad nos debemos esta discusión. “Puede ser que los sistemas sanitarios no estén preparados, pero es una demanda de la sociedad sin duda y los sistemas de salud tendrán que prepararse como corresponde. Muchas veces es al revés, lo que se ofrece no es lo que la sociedad demanda. Muchos de los cambios que se han producido en materia de derechos de los pacientes tienen que ver primero con demandas sociales, como ocurrió con el aborto o la ley de parto respetado, creo que este es un caso similar”, expresó.
En la misma línea, Ciruzzi sostuvo que la sociedad y el sistema de salud argentinos no están preparados para legalizar la eutanasia.
“La ley de cuidados paliativos [N° 27.678] está lejos de haberse implementado y el programa nacional fue prácticamente desmantelado. Lo urgente no deja tiempo para lo importante y la Argentina vive de urgencia en urgencia. Me parece que es un debate que debemos darnos, pero que no debemos apresurar”, consideró.
Por su parte, el médico Gustavo De Simone, cofundador de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y profesor de medicina paliativa en la Universidad del Salvador, opinó que la nueva ley uruguaya es “un retroceso en nuestra condición de seres humanos que vivimos en sociedad”.
“Hoy la mejor respuesta al sufrimiento en circunstancias de enfermedad es la implementación de los cuidados paliativos. Está absolutamente demostrado que en una inmensa mayoría de los casos previenen el sufrimiento innecesario y lo alivian significativamente. No se trata de un tema de derechos, el tema de fondo es cómo nos posicionamos como sociedad frente al sufrimiento humano de cara a nuestra condición de seres mortales. Es una ilusión pretender abolir el sufrimiento, es parte de nuestra naturaleza, pero es posible aprender a reducirlo, aceptarlo y trascenderlo. Pienso que ningún ser humano está habilitado para quitar la vida a otro. El verdadero gesto compasivo es acompañar con ciencia, alivio y esperanza”, dijo.
Desde su punto de vista, hay una deuda pendiente en términos de la ley 27.678 . “Pese a la promulgación hace tres años, menos del 20% de quienes los necesitan reciben efectivamente cuidados paliativos. Un estudio reciente del centro de bioética de una prestigiosa universidad de nuestro país alertó sobre la significativa reducción en el presupuesto 2026 en la provisión de analgésicos y la implementación de los cuidados paliativos a nivel nacional”, recordó.
Para concluir, puso como ejemplo: “Hoy una de cada veinte personas en Canadá y también en los Países Bajos muere por eutanasia. ¿No nos habla esto de una deshumanización alentada por la ley? La respuesta es intensificar el cuidado, el amor y la esperanza, y sostenerlo con leyes y políticas acordes”.
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