Apuntan a Macri y desplazan a Rívolo, no andan los subtes y ganó River

Pablo Sirvén
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17 de mayo de 2012  • 10:22

Macri, a un paso del juicio oral; el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo; los graves trastornos y molestias sufridos por "un millón de usuarios" (según Muy) por culpa del paro de subtes (otra fuente permanente de pelea entre Nación y Ciudad, con imputaciones también hacia el Grupo Roggio, accionista mayoritario de Metrovías) y el contundente triunfo de River, 2 a 0, sobre San Lorenzo (con goles de Villalva y Funes Mori), son los temas que hoy dominan las portadas de la prensa matutina porteña.

• Adquiere mayor visibilidad la primera noticia sobre la segunda a pesar de que Clarín abre y elige como "tema del día" el desplazamiento del fiscal que allanó el departamento de Amado Boudou en Puerto Madero.

• Es que además de la prensa oficialista en bloque, La Nación también abre su edición con la decisión del juez Norberto Oyarbide de dar por cerrada la investigación en la causa por las escuchas ilegales en la que el jefe de gobierno porteño se encuentra procesado como presunto integrante de una "asociación ilícita".

• Las expresiones usadas en los títulos que aluden al tema consignan que Macri quedó "al borde" (La Nación, Página 12, El Cronista y BAE), "a un paso" (Tiempo Argentino) o "cerca" (Clarín y Crónica) del juicio oral.

• Tiempo recuerda que "junto con Macri están procesados Mariano Narodowski, Jorge ‘Fino’ Palacios y Ciro James" y agrega que "el líder del PRO apostó una vez más a la victimización" al acusar ayer en conferencia de prensa al kirchnerismo de buscar por todos los medios "complicar el día a día de la gestión de la Ciudad".

• La causa, según Paz Rodríguez Niell en tapa de La Nación, había tenido "tantos meses de letargo que Macri bien podría haber pensado que la Justicia se había olvidado de él. Había sido procesado por Oyarbide hace exactamente dos años, en un fallo confirmado, dos meses después, por la Sala I de la Cámara Federal. Pero la causa se trabó cuando llegó a Casación, el máximo tribunal penal, al que Macri le pidió, hace más de un año, que revisara su procesamiento".

• La periodista de La Nación consigna que "las acusaciones contra Macri son graves" ya que "según la Cámara Federal se probó que el jefe de gobierno montó ‘una estructura de inteligencia subterránea’ de carácter ‘clandestino’ (como una ‘vertiente paralela’ de la Policía Metropolitana), y prueba de ello son los casos de pinchaduras telefónicas detectadas en la causa" contra el propio cuñado de Macri, Daniel Leonardo, y el dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein.

• "Pero las pinchaduras fueron al menos una decena", apuntan Irina Hauser y Raúl Kollmann, desde Página 12. BAE, en su primera plana, suma que "constitucionalistas aseguran que corresponde que [Macri] pida licencia". En cambio, Clarín subraya que "el macrismo sale a la calle y se prepara para ‘la guerra final’" ya que "buscan evitar que se paralice la gestión y creen que crecerá la pelea con los K".

• Adrián Ventura desde La Nación interpreta que esta nueva instancia judicial de Macri debe leerse a la luz de la nutrida ofensiva kirchnerista sobre el líder del PRO. "El Gobierno –opina el mencionado periodista– lo acusó de no gestionar los subtes; le fogoneó conflictos gremiales con los metrodelegados; le transfirió 33 líneas de colectivos; lo intimó a pagar más precio por depositar la basura en Buenos Aires -una forma de la Presidenta de enfrentar a Macri con Scioli y, según Macri, de ahogar a la Ciudad- y, ayer, el juez federal Norberto Oyarbide, el más funcional al kirchnerismo, decidió elevar a juicio oral la causa de las escuchas telefónicas".

• Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, opina en la misma sintonía: "Las decisiones sobre Schoklender y Macri que tomó Oyarbide casi al unísono son pasos en una misma dirección política", escribe hoy en página 2 de Clarín.

• Clarín y el Buenos Aires Herald prefieren poner en primer plano lo que puede interpretarse como un nuevo triunfo del vicepresidente de la Nación en la desactivación del grave caso Ciccone que lo tiene como principal protagonista. Según Omar Lavieri, "el juez federal Ariel Lijo encontró una manera elegante de evitar que el fiscal Carlos Rívolo siguiera acumulando pruebas para demostrar que Amado Boudou se había interesado en ayudar a un grupo de conocidos a quedarse con la empresa Ciccone que imprime billetes por orden del Estado Nacional".

• Aclara la nota de Clarín que "aunque formalmente no lo apartó, Lijo desplazó a Rívolo al sumar la causa Ciccone a la nueva por enriquecimiento ilícito contra el vice. Así, [Jorge] Di Lello quedó como fiscal del expediente unificado".

• Sin embargo, a pesar de que la defensa de José María Núñez Carmona, amigo de Boudou, solicitó la anulación del allanamiento al departamento de Puerto Madero, "Lijo le dijo que no. Es decir que las pruebas halladas en el procedimiento son válidas".

• Amplía Daniel Santoro en otro artículo que "igual, el vice tendrá que mostrar sus cuentas bancarias ya que el magistrado "quiere saber si puede justificar su aumento patrimonial".

• Julio Blanck dice en su columna que ahora resta por verse si Lijo "toma decisiones y dispone medidas de investigación drásticas y urgentes, o si por el contrario le brinda al caso Ciccone y al supuesto enriquecimiento de Boudou &Cía un confortable colchón para que duerman una larguísima siesta".

• Con tanto tema judicial en danza, Ambito Financiero le busca una original variante a su título principal ("El Gobierno quiere que jueces paguen ahora ganancias") y para El Cronista lo más importante es que "los Eskenazi incumplieron una deuda y los bancos se quedarían con parte de YPF".

• Los diarios destacan que "aflojó la presión sobre el dólar paralelo" (BAE) y que el "mercado intervenido le permitió al BCRA salir a comprar u$s 150 millones" (El Cronista), en tanto que también se consigna en varias tapas que la reforma impositiva de Daniel Scioli no tuvo quórum en la legislatura bonaerense.

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