“Barrera silenciosa”: investigadoras argentinas revelan el factor que más frena el desarrollo de la biotecnología en el país
Un estudio publicado en Nature Biotechnology por dos profesionales del Conicet advierte que importar insumos críticos se volvió caro, incierto y determinante
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LA NACIONAlejandro Horvat
En un laboratorio, los retrasos no siempre se cuentan en semanas o meses. A veces se expresan en una enzima que no llega, en una muestra que pierde la cadena de frío, en un experimento que debe rediseñarse “con lo que hay” o en una publicación que se posterga por la falta de un reactivo clave. Ese freno, silencioso y cotidiano, es el que dos investigadoras argentinas decidieron sacar de la trastienda y poner sobre la mesa global.
Lilia Stubrin y Gabriela Bortz, ambas profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), publicaron junto con Rafael Anta, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un artículo en la revista científica Nature Biotechnology en el que advierten que la importación de materiales biológicos para investigación funciona como una barrera concreta –y subestimada– para el desarrollo de la biotecnología en el hemisferio sur. A la vez, en la comparación regional, la Argentina aparece como el país con los mayores sobrecostos para importar insumos biológicos.
El punto no es menor: mientras las discusiones sobre brecha tecnológica suelen concentrarse en talento, infraestructura o financiamiento, el trabajo pone el foco en un eslabón básico sin el cual nada arranca. En el artículo señalan que, aunque existen grandes desafíos estructurales, hay un obstáculo más llano y persistente: conseguir insumos importados a un costo razonable, en tiempos aceptables y con una complejidad regulatoria manejable, condición indispensable para que la investigación y la innovación puedan comenzar.
En diálogo con LA NACION, Stubrin sintetiza el problema con una definición clara: se trata de una “barrera silenciosa” porque, aunque afecta de manera cotidiana a científicos, empresas y startups, rara vez aparece en la discusión pública o en la agenda central de políticas de desarrollo del sector. “Si no tenés los insumos, los reactivos y los materiales biológicos a tiempo y a un costo razonable, la investigación, el desarrollo de productos y la innovación no pueden arrancar ni ser competitivos”, subraya la economista.
El fenómeno, explica, ocurre puertas adentro de los laboratorios y de las empresas, circula en conversaciones informales, pero queda fuera del radar de las políticas públicas, a pesar de tener consecuencias directas sobre la productividad científica y la competitividad industrial. Y si ese diagnóstico vale para buena parte de América Latina, el caso argentino suma una complejidad adicional.
Según el estudio, al comparar nueve países de América Latina y el Caribe, los sobrecostos frente a Estados Unidos para importar insumos biológicos van del 24% al 152%, con la Argentina en el extremo más alto. En promedio, la región enfrenta un recargo del 58%. Es decir, aun cuando los tiempos de importación no sean los peores, el costo final se convierte en una traba determinante.
La politóloga Bortz aporta números y experiencia de campo. Explica que en la Argentina los regímenes de importación general –con importador formal y pago de todas las tasas– suelen demorar entre 20 y 30 días. Sin embargo, cuando la importación se realiza a través del sistema científico público, con exención impositiva, los plazos se estiran. “Hoy esos tiempos pueden irse, como mínimo, a 60 días, y eso depende mucho del tipo de producto, de su origen y de si requiere revisiones regulatorias adicionales”, señala.
A esa demora se suman factores menos visibles, pero decisivos, como los altos costos logísticos que obligan a consolidar mercadería en origen, los tiempos de tramitación dentro de las propias instituciones científicas y la falta de capacidades administrativas suficientes. “Si el investigador ya hizo el pedido, pero dentro de la institución el trámite demora, esos 60 días pueden extenderse todavía más. Y en muchos casos el investigador termina lidiando solo con todo el proceso”, advierte.
Este entramado modifica por completo la lógica cotidiana de los laboratorios, tanto públicos como privados. Mientras que en países como Estados Unidos se trabaja con inventarios mínimos (se compra hoy, llega en días u horas y se paga después), en la Argentina muchas veces hay que pagar por adelantado y esperar semanas o meses. Esa diferencia se agrava, además, por la volatilidad macroeconómica.
“Cuando finalmente tenés el dinero, muchas veces lo que pensabas comprar ya no lo podés comprar, porque los precios cambiaron o el dólar se movió”, resume Bortz. Las consecuencias son directas: laboratorios que sobredimensionan stock “por las dudas”, experimentos que se frenan por falta de insumos, y agendas de investigación que se achican y se vuelven menos ambiciosas.
“Se pierden ventanas biológicas, se rediseñan experimentos en función de lo que hay disponible y se reprograman tiempos constantemente”, describe. En el caso de startups y empresas biotecnológicas, el impacto es todavía más sensible: cada demora afecta el time to market (el tiempo que tarda un desarrollo en llegar efectivamente al mercado), retrasa validaciones, producciones piloto, entregas a clientes o hitos clave frente a inversores.
El trabajo publicado en Nature Biotechnology muestra además que el problema no se limita a los tiempos o los costos, sino que involucra una falta de gobernanza integral. La importación de materiales biológicos atraviesa múltiples organismos –sanitarios, aduaneros, fiscales y logísticos–, pero no existe una conducción de punta a punta del proceso. Cada actor ve solo una parte, lo que genera “cajas negras”, costos de transacción adicionales y mayor incertidumbre.
Stubrin reconoce que la Argentina logró avances institucionales relevantes frente a otros países de la región, como el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (Roecyt), que permite importar insumos de investigación con exención impositiva y un circuito burocrático específico y digitalizado. En el análisis comparado, este tipo de herramienta aparece como una innovación casi exclusiva del caso argentino.
Sin embargo, aclara que se trata de una solución parcial. El Roecyt funciona como un instrumento de política científica y beneficia principalmente al sistema público de investigación, mientras que las empresas y startups biotecnológicas quedan en gran medida fuera y deben importar bajo el régimen general, con una carga impositiva elevada.
En la simulación utilizada en el estudio, un insumo que cuesta 4000 dólares en Estados Unidos termina nacionalizado en la Argentina a un costo cercano a los 10.000 dólares, antes incluso de que el distribuidor agregue sus propios márgenes. “Eso impacta de lleno en la competitividad de la ciencia y de la industria”, remarca Stubrin.
Un rasgo distintivo
A ese escenario se suma un rasgo distintivo del caso argentino: la inestabilidad. De los nueve países analizados, la Argentina fue el único que requirió actualizar su diagnóstico de importación de materiales biológicos en reiteradas ocasiones entre 2022 y 2024, debido a cambios constantes en permisos, condiciones de pago al exterior y reglas administrativas.
El efecto combinado de costos elevados, incertidumbre y demoras persistentes termina empujando decisiones de alto impacto. “Ya estamos viendo empresas que trasladan parte de su I+D o de su operación a países donde el acceso a insumos es más previsible o más barato”, alerta Bortz.
En ese contexto, el artículo publicado propone una serie de mejoras posibles, como centralizar la supervisión del proceso, modernizar y armonizar regulaciones, digitalizar trámites y extender beneficios impositivos también al sector privado innovador. Porque, como coinciden las autoras, sin insumos a tiempo y a un costo razonable, la biotecnología no puede desplegar todo su potencial, por más talento o infraestructura que exista.
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