Adiós al celular en la escuela: los alcances de la regulación que rige desde mañana en las primarias bonaerenses
El debate ahora se traslada al nivel secundario, con una ley ya aprobada en la Cámara de Diputados provincial
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El timbre sonará este lunes 2 de marzo y, junto con el regreso de las clases, en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires empezará a regir una regla distinta: durante la jornada educativa, los celulares y otras pantallas quedarán fuera de escena, salvo que un docente los solicite con un fin pedagógico concreto.
La medida se enmarca en la ley N° 15.534, sancionada por la Legislatura bonaerense el 18 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre de ese año. La iniciativa fue impulsada por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN). Con la entrada en vigor al inicio del ciclo lectivo 2026, Buenos Aires se convierte en la tercera provincia en implementar una política de este tipo en el nivel primario.
“Con la sanción de esta ley, damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires. No se trata de prohibir la tecnología, sino de organizar su uso, ponerla al servicio del aprendizaje y garantizar que los niños y niñas puedan concentrarse, desarrollarse plenamente y aprovechar al máximo cada clase. Queremos que la escuela siga siendo un espacio de enseñanza, atención y desarrollo integral, donde la tecnología sea una herramienta y no una distracción”, expresó Santalla.
La norma establece que, en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia, alumnos y alumnas del nivel primario deberán hacer un uso responsable de pantallas únicamente para dar cumplimiento a objetivos pedagógicos. En la práctica, eso implica que durante la jornada escolar no podrán utilizar dispositivos digitales, salvo requerimiento o autorización explícita del docente. Los estudiantes pueden llevar el celular por razones de seguridad en el trayecto entre la casa y la escuela, pero debe permanecer guardado y apagado, incluso en los recreos, salvo indicación específica.
El debate que dio origen a la ley se apoyó en datos sobre distracción y rendimiento escolar. Según el informe PISA 2024, entre 80 países participantes, la Argentina registra el mayor nivel de distracción en clase por el uso de dispositivos: más de la mitad de los estudiantes de 15 años admite perder concentración por su propio celular o el de sus compañeros. A nivel provincial, el 54% de los alumnos reconoce que se distrae durante la jornada escolar, afectando su atención, lenguaje y desarrollo emocional. Además, los resultados del Operativo Aprender 2024 muestran que más de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en matemática.
Para Santalla, el eje de la medida es pedagógico y vincular. “El objetivo principal es recuperar el espacio pedagógico y el vínculo humano. La ley busca que el celular deje de ser un distractor constante y un foco de conflictos (como el ciberbullying o las apuestas online) para volver a ser, eventualmente, solo una herramienta educativa cuando el docente lo decida. Queremos proteger el desarrollo cognitivo y emocional de los chicos, garantizando que el tiempo en la escuela sea de calidad, juego real y aprendizaje profundo”, explicó a LA NACION.
Consultado sobre por qué la regulación se limita al nivel primario, respondió: “La neurociencia nos indica que la ventana de los 0 a los 12 años es crítica para la formación de la arquitectura cerebral. En esta etapa, el cerebro es más vulnerable a la gratificación instantánea de los algoritmos. En primaria el foco son la alfabetización y la socialización básica, y el dispositivo interfiere directamente con la adquisición de estas habilidades. En secundaria, si bien el debate está abierto, se entiende que los adolescentes requieren un trabajo más orientado a la alfabetización digital y el pensamiento crítico, donde la prohibición total podría ser menos efectiva que una regulación de uso responsable”.
Sobre la aplicación concreta, agregó: “La ley es clara: uso cero, salvo requerimiento explícito del docente para una actividad curricular. Los alumnos pueden llevar el dispositivo, pero debe permanecer guardado y apagado durante toda la jornada, incluyendo los recreos. El recreo es un punto clave, queremos que vuelva a ser un espacio de movimiento físico e interacción cara a cara, no de niños aislados mirando una pantalla en silencio”.
En relación con los cambios esperados, sostuvo que esperan una mejora sustancial en el clima escolar. “Menos interrupciones por notificaciones significan mayor capacidad de escucha y concentración; también, reducción de la ansiedad: los chicos se liberan de la presión de las redes sociales por unas horas. Al quitar la pantalla, surge la necesidad creativa de interactuar con el otro. Se nivela la cancha para aquellos niños que quizá no tienen el último modelo de smartphone, eliminando un factor de discriminación socioeconómica en el aula”, detalló.
Asimismo, indicó que está previsto un seguimiento de la implementación. “El Poder Ejecutivo designará una autoridad de aplicación que tendrá la tarea no solo de concientizar, sino de monitorear la implementación. Trabajaremos junto a la Dirección General de Cultura y Educación para relevar datos sobre niveles de atención y desempeño académico, conflictividad escolar y casos de bullying iniciados en el aula, y salud física en coordinación con centros de salud”, señaló.
La exsenadora Lorena Mandagarán puso el foco en las transformaciones observadas en la dinámica escolar. “Principalmente la desatención, el déficit de atención. Asociado a ello, problemas de lectura, escritura y comprensión de consignas y textos. También se han observado problemas en la relación con el otro y en la socialización: en los recreos no se vinculan cara a cara, no dialogan y no buscan consensos frente a una diferencia. Los juegos online y el chat han pasado a ser el medio de comunicación y relación, y de allí también los modos y formas de vincularse se modificaron, con presentaciones de más acciones y vocabulario violento”, describió en diálogo con LA NACION.
En ese sentido, agregó: “La ley es la herramienta legal que docentes nos estaban pidiendo como resguardo y respaldo a la decisión institucional de que el niño no concurra con celular a la escuela, o si concurre con el mismo, no lo utilice en el horario escolar. Fue un pedido de docentes, directivos y padres también, frente a la negativa de otros padres y de los niños”.
Mandagarán destacó además el rol de las familias. “La familia es fundamental. Es necesario en este tema, como en todo lo que se desarrolla en el ámbito educativo, deportivo y social, el acompañamiento y la comprensión de las familias. Por ello, la ley también tiene un eje de capacitación y sensibilización destinado a los adultos responsables. Si bien lo que mayor relevancia tomó respecto de la ley fue la cuestión de los celulares en el aula, el proyecto es más amplio y se preocupa y ocupa de cuestiones que tienen que ver con la salud física y mental, con la socialización, con prevenir y evitar violencia y discriminación digital, y todo ello requiere del acompañamiento de las familias o adultos responsables”.
Sobre los desafíos, afirmó: “Los desafíos tienen que ver con la resistencia que puede haber en este tema por parte de los padres, de los alumnos e incluso de algunos miembros del establecimiento educativo. El celular en las escuelas sabemos que no solo lo utilizan los niños, y es necesario no solo un marco normativo, sino el ejemplo, para que los niños se sientan acompañados y respetados. Que no sientan que es un castigo sobre ellos, sino un cuidado. Otro desafío es el real acompañamiento de los estamentos de conducción. Si el docente o directivo de la institución educativa no se siente acompañado por los estamentos de conducción, es difícil que pueda sostener cambios que se sabe van a traer como primera reacción la resistencia”.
En relación con el nivel secundario, explicó: “En la Cámara de Diputados se trató una ampliación de esta ley que contempla el ámbito secundario y se aprobó. Tomamos la decisión de dividirlos, es decir, presentar un proyecto que regule el uso del celular de 0 a 12 años y otro de 13 a la juventud, porque los problemas que el uso desmedido del celular trae aparejados en uno u otro grupo etario son totalmente distintos y, como tal, consideramos que el abordaje debía serlo también. Creíamos que ambos proyectos se iban a trabajar al unísono, pero lamentablemente no fue así. Entiendo que el proyecto que representaba al rango adolescente se metía con otros intereses, como por ejemplo la ludopatía”.
Desde la Dirección General de Cultura y Educación provincial informaron a este medio que la sanción de la ley N° 15.534 se suma a prácticas que ya se desarrollaban en las escuelas primarias respecto del uso de celulares en situaciones puntuales con direccionalidad docente, y a una red de formación y acompañamiento en educación digital que se lleva adelante desde hace varios años con perspectiva pedagógica. Señalaron que la tecnología es concebida como una dimensión cultural que requiere sentido político, orientación pedagógica y un proyecto institucional que la sustente, por lo que la instrumentación de la norma se realiza desde el enfoque pedagógico correspondiente.
Añadieron que en las escuelas se continuará trabajando en acuerdos institucionales claros entre docentes, estudiantes y familias; en la sensibilización sobre riesgos y conflictos asociados al uso sin orientación, y en la construcción de criterios para integrar dispositivos en propuestas de enseñanza cuando exista planificación y sentido pedagógico. Mencionaron experiencias en las que los teléfonos se utilizan para elaborar podcasts, registrar secuencias fotográficas y editar videos con aplicaciones específicas, integrando música en proyectos de matemática, educación ambiental, ESI, derechos humanos y educación artística. En los recreos, sumaron, se diseña una política de promoción de actividades lúdicas y de lectura en la que las pantallas no tengan protagonismo.
Para 2026, anticiparon la continuidad del equipo territorial de Educación Digital para acompañamiento situado, formación en ciudadanía digital y convivencia en entornos digitales.
Desde el sector privado, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), dijo a LA NACION: “Esta medida abre un debate necesario sobre el rol de la escuela y las familias en la formación digital de los niños”.
En ese sentido, sostuvo que “el celular llegó a las aulas como un recurso valioso, una herramienta útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto y en cuanto sea bien utilizado y acorde a la edad de los alumnos”. Sin embargo, advirtió que junto con su incorporación “irrumpieron en las escuelas algunos conflictos difíciles de resolver (el bullying y las apuestas, entre otros)”.
Respecto del nivel secundario, recordó que “hoy no hay consenso absoluto en que debería prohibirse su utilización en el secundario. Algunas escuelas toman esa decisión, y es muy válida; otras creen oportuno la restricción, o sea limitar su uso con fines estrictamente pedagógicos”. Y agregó: “Para esto sabemos que el rol del docente en la clase es fundamental; es quien debe monitorear, en tanto adulto responsable a cargo de los estudiantes, que esta herramienta sea utilizada adecuadamente”.
También remarcó el cambio en la mirada de las familias: “Antes estábamos preocupados solo los docentes, pero desde hace un tiempo la comunidad de padres comparte esta preocupación. Los colegios necesitamos que los progenitores se involucren en estas problemáticas porque, si familia y escuela van en la misma dirección, parte del éxito estará asegurado”.
Zurita consideró necesarias “campañas de concientización dirigidas a familias, docentes y estudiantes, con el objetivo de fomentar un uso responsable y equilibrado de la tecnología desde edades tempranas” y sostuvo que “cada comunidad educativa pueda tener un tratamiento de la problemática acorde a su proyecto educativo, es muy importante porque garantiza pluralidad en un universo de escuelas que mantienen su singularidad y diversidad”.
Jesica Gutiérrez es directora institucional del Instituto Avellaneda, en el partido bonaerense homónimo. Explicó que en el nivel primario el celular no es un requisito y solo se utiliza en ocasiones puntuales con fines pedagógicos, con aviso previo a las familias, especificando materia y horario; luego vuelve a guardarse sin inconvenientes. El resto del tiempo permanece apagado en la mochila, incluso durante la jornada completa. “La ley vino a regular lo que ya hacíamos”, apuntó, y señaló que no representó un cambio sustancial para la institución. En secundaria, los estudiantes depositan los dispositivos en cajas numeradas al ingresar al aula y solo se habilitan si el docente lo considera necesario, detalló.
María Victoria Solari, directora de Secundaria del Instituto Loris Malaguzzi, en Mar del Plata, dijo a LA NACION que la regulación es “necesaria para proteger a niños, niñas y adolescentes” y se inscribe en la pedagogía centrada en el desarrollo integral y la escucha que desarrolla el colegio. Indicó que, tras la pandemia, observaron un aumento del uso de pantallas con impacto en la atención, el sueño y los vínculos, así como en el acceso a contenidos no acordes a la edad. En la institución, los celulares se resguardan bajo llave y forman parte de acuerdos de convivencia; aunque los alumnos los lleven por seguridad, priorizan educar en un uso responsable y consciente de la tecnología.
En la misma línea, Isabel Oms, directora de Colegios del Solar, en Bahía Blanca, afirmó que en primaria el celular está prohibido durante toda la jornada para priorizar la concentración y los vínculos cara a cara. Añadió que ya aplicaban esa política antes de la ley y que no implica rechazar la tecnología: desarrollan el programa Be Tech con robótica, programación e inteligencia artificial desde un enfoque pedagógico. En secundaria mantienen el criterio, promoviendo comprensión crítica y uso formativo.
Provincias argentinas y países de América Latina que ya los prohibieron
La regulación que comenzará a aplicarse mañana en la provincia de Buenos Aires se suma a una tendencia que ya avanzó en otras jurisdicciones del país y de la región. En la Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue pionera: en agosto de 2024 oficializó, mediante la resolución ministerial N° 2075, la restricción del uso de celulares en los niveles inicial, primario y secundario en establecimientos públicos y privados. En primaria, la medida alcanza también a los recreos; en secundaria, los dispositivos deben permanecer guardados salvo indicación docente con fines pedagógicos. Según las autoridades porteñas, los primeros relevamientos señalaron mejoras en la atención en clase y en la interacción entre pares.
Neuquén sancionó la Ley N° 3520, que establece la limitación total en inicial y primaria durante toda la jornada, con excepciones acotadas a emergencias o necesidades especiales, y permite el uso en secundaria solo con autorización docente. Salta avanzó con la Ley N° 8474, vigente desde julio de 2025, que rige para todos los niveles y también impide la creación de grupos de WhatsApp con fines institucionales.
En América Latina, Brasil adoptó en 2025 una prohibición nacional que veda el uso de celulares en clases y recreos en colegios públicos y privados. Chile aprobó su ley en diciembre de 2025, con vigencia desde marzo de 2026 en todos los niveles. Bolivia mantiene restricciones desde 2017 y Perú se sumó en 2025. En México la regulación avanza por estados.
El debate también llegó a Estados Unidos. El 25 de febrero de 2026, The New York Times publicó un artículo en el que analizó cómo distintas escuelas intentaron aplicar vetos mediante fundas especiales para bloquear los teléfonos. Según informó, al menos 34 estados exigen restringir o prohibir su uso en clase y destacó experiencias dispares: mientras algunos docentes reportaron mejoras en la concentración, en otros casos se discutieron los costos y la eficacia de los mecanismos de control.
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