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Colchones ignífugos e instructivos desatendidos
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LA PLATA.- Una protesta de presos por la suspensión de las visitas. Quema de colchones. Puertas que permanecen cerradas. Fuego y humo asfixiante. Treinta y tres muertos. Podría ser la descripción del motín de Santiago del Estero o del ocurrido hace dos años, en vísperas del Día de la Madre, en la cárcel de Magdalena. En la provincia de Buenos Aires, aquella tragedia disparó la polémica por la seguridad en las unidades penales e impulsó cambios en las medidas contra incendios. El debate se instaló también en el plano nacional, aunque los cambios demoran en llegar.
Hace sólo dos meses se reunió, precisamente en Santiago del Estero, el Consejo Federal Penitenciario, que reúne a los responsables de los sistemas carcelarios de las distintas provincias, apuntaron fuentes oficiales.
Empujado por la conmoción que generó el trágico motín de Magdalena, que terminó con 33 víctimas fatales, el gobierno bonaerense puso la lupa sobre las deficientes condiciones edilicias y de seguridad de las cárceles.
Una de las primeras medidas dispuestas por el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, fue la compra de 25.000 colchones ignífugos para reemplazar los de gomaespuma, que los presos suelen encender y colocar contra las puertas de los pabellones en protesta por las condiciones de detención o por reclamos puntuales. Fueron distribuidos en seis meses en todos los penales bonaerenses.
También se elaboró un instructivo referido a la lucha contra incendios y se instruyó a los directores de las cárceles para que coordinaran con los bomberos de cada distrito la capacitación de los agentes penitenciarios. Y se formó una brigada antiincendios en cada unidad penal.
Además, una comisión de familiares de los internos muertos en Magdalena recorre periódicamente las cárceles provinciales para verificar las condiciones de seguridad, alertar sobre fallas y sugerir mejoras.
De todos modos, la violencia sigue estallando periódicamente en las cárceles. No es ajena a esto la superpoblación que aqueja al sistema penitenciario, que ya fue motivo de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y de amonestaciones de la Suprema Corte de Justicia provincial. El jueves último tuvo lugar una audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en la que se debatió el estado de las cárceles de la provincia y, en particular, el hacinamiento.
