Cómo se gestó la decisión del Gobierno de despedir a 10 dirigentes sindicales del Hospital Garrahan
Entre los sumariados, una decena cuenta con protección gremial, lo que requiere la intervención judicial para que se efectivicen los despidos
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Ante el anuncio oficial con el resultado de los 40 sumarios abiertos desde octubre pasado por la toma de la dirección del Hospital Garrahan, para las autoridades del hospital la ocupación de la dirección “fue un punto de quiebre” en la adhesión interna a las medidas de fuerza. Entre los sumariados, diez cuentan con protección gremial, lo que requiere la intervención judicial para que se efectivicen los despidos a los que ayer se refirió la Casa Rosada, además del plazo administrativo para los descargos.
“Durante 2025, que fue un año electoral, hubo 40 paros [en el Garrahan] y la frecuencia fue aumentando hacia las elecciones. Solo los primeros días de septiembre, tuvimos nueve paros. Respetamos las medidas de protesta, pero cuando están dadas en condiciones sanas. Los últimos estaban decididamente programados y organizados no para reclamar mejoras, sino para lastimar al hospital y al Gobierno. Tuvimos que hacer algo para cuidar a los chicos: en esos 40 paros nos dedicamos a cubrir la atención. El personal que trabaja en el Garrahan es altamente especializado. Es muy difícil, por ejemplo, salir a buscar enfermeros especializados de un momento a otro, además del costo extra que eso demanda”, señalaron desde la conducción del hospital nacional de pediatría.
En diálogo con LA NACION tras el anuncio de ayer del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, autoridades del Garrahan señalaron que la decisión interna de descontar los días de paro a los que adherían –lo que terminó en la toma de la dirección el 31 de octubre pasado– no solo fue una “necesidad estratégica” para garantizar el normal funcionamiento de los servicios, sino también “un reclamo” del personal que no adhería a las protestas.
“En los pasillos, nos decían [a directores e integrantes del Consejo de Administración] que esperaban un aumento salarial, pero también nos pedían que hiciéramos algo con la gente que interrumpía el ingreso del personal [por la calle Pichincha], que aparecía disfrazada de payaso en la calle y que amedrentaban en los pasillos a los que querían trabajar”, indicaron a este medio.
Con el descuento de los días con medidas de fuerza, las protestas crecieron hasta la ocupación del área de dirección. “La toma fue un punto de quiebre. Gran parte de la gente del hospital les soltó la mano a los que la promovieron, inclusive los que antes hacían paro y participaban de las medidas de fuerza.
La adhesión a las acciones sindicales bajó internamente desde entonces. Una cosa es el reclamo laboral o salarial legítimo y, otra, ser parte de una campaña política”, evaluó uno de los directivos que habló con LA NACION sobre el proceso administrativo que se abrió internamente.
La investigación se inició sobre 44 personas que participaron de la toma, pero se terminaron abriendo 40 sumarios porque no fue posible identificar a las otras cuatro con las cámaras de seguridad que cuenta el Garrahan ni las filmaciones difundidas a medios y por redes sociales en aquel momento. Todos son empleados del hospital y los 10 que tienen tutela gremial pertenecen a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), más combativos y sin diálogo desde el año pasado con la dirección médica del Garrahan, a cargo de Mariano Pirozzo.
Los otros dos gremios con presencia en ese hospital que, en un 80%, depende del Ministerio de Salud de la Nación, son la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). Entre ambos, representan a alrededor de más de la mitad del personal y los canales de comunicación están abiertos tanto con el Consejo de Administración como con Pirozzo.
“No es cierto que no hablamos con los gremios. No hablamos con los políticos”, sentenciaron desde el Garrahan sobre las afirmaciones de representantes gremiales de que las autoridades no los reciben. “Teníamos poco contacto con ellos [por ATE y APyT]. Tergiversaban lo que conversábamos y decidimos no seguir el diálogo. Para llamar a un paro, les pedíamos que tenían que avisar con cinco días de antelación y decirnos quiénes iban a cubrir los sectores críticos. Pero ellos nos informaban de la medida de fuerza el mismo día. Hacer esto en un hospital de alta complejidad no está bien”, ampliaron.
Sumarios y cesantías
Los sumarios, como sostuvieron desde la conducción del hospital pediátrico, consignan las distintas responsabilidades durante las horas que duró la toma de octubre. Las sanciones contemplan suspensiones de entre 10 y 20 días, mientras que para 11 involucrados indican cesantía (despido).
Diez de ellos gozan de protección gremial, como Norma Lezana, titular de la APyT, y Alejandro Lipcovich, secretario adjunto de ATE en el Hospital Garrahan, que fueron los primeros nombres que trascendieron ayer a pesar de que aún rige el secreto sumarial. Solo se levantó ayer, según indicaron letrados actuantes, para que las partes accedan a las actuaciones.
Ahora, se abre el plazo administrativo para que, individualmente, el personal sumariado presente pruebas y haga sus descargos. Son cinco días hábiles más otros 10 que pueden solicitar las partes. Pasada esa etapa, ya con esas presentaciones, el área a cargo de la investigación administrativa puede cambiar o mantener las sanciones consideradas en cada caso.
Recién una vez notificados los involucrados, se hacen efectivas. En aquellos que poseen tutela sindical, es la justicia laboral la que puede levantar esa protección para imponer la sanción. El hospital ya había solicitado la exclusión de la tutela gremial y, los trabajadores, el amparo sindical desde el inicio de las actuaciones. Todo se tramita en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 32, según pudo saber LA NACION.
La primera imagen de la toma de la dirección del Garrahan fue la de la dirigente Norma Lezana con un cartel escrito a mano que rezaba “Permanencia hasta que devuelvan lo que descontaron”. Se refería a los días descontados del salario a quienes habían participado de los paros. Mientras que los representantes de ATE y la APyT denunciaban “descuentos brutales” de parte del Consejo de Administración, las autoridades del hospital y el Ministerio de Salud sostenían que se correspondían con “la normativa vigente y a la política de presentismo” que rige para la todo el plantel.
A cuatro meses del hecho, los responsables de la administración del Garrahan afirmaron que la toma tuvo fines políticos, de campaña. “Necesitaban no tener que poner dinero para cubrir la diferencia a quienes se les había descontado el día no trabajado porque esa plata la usaban para la campaña. Esta gente dejó de tener caja para eso -dijeron-. De los 44 delegados que participaron, diez eran candidatos a diputados por partidos de Izquierda. El Garrahan es su plataforma de campaña, no su lugar de trabajo. Son vividores del hospital porque lo utilizan para eso.”
En conferencia de prensa, hoy al mediodía, Lezana denunció persecución sindical e incursión del Gobierno en el proceso sumarial. “Está completamente viciado. No hay ninguna garantía para nosotros”, sostuvo en la puerta del Garrahan a propósito del secreto que pesa sobre el curso del proceso administrativo. La referente de la APyT acusó a las autoridades de no cumplir con la ley de empleo público y el estatuto del hospital. “Tendrían que estar sumariados los funcionarios”, dijo.
Las autoridades refirieron que hubo una recomposición salarial, más que alcanza al 76% desde octubre pasado y por fuera de las paritarias, junto con la formalización por escrito de $650.000 mensuales, dinero que proviene de la redistribución del recupero de costos por prestaciones a coberturas privadas y obras sociales. Según afirmaron, “nadie gana menos de $1,5 millones” e indicaron que una jefatura ronda los $5 millones.
“Cuando llegamos, encontramos que un alto porcentaje del equipamiento provenía de donaciones en un hospital donde sobraba el presupuesto. Las camas que estamos cambiando tenían 38 años, eran obsoletas y era un peligro para los chicos. Se caían nenes de las camas -describieron-. El quirófano tenía equipos viejos, falta de calefacción y, en el verano, no funcionaba el aire acondicionado. Les instalamos aire acondicionado a la mayoría de los sectores críticos. No obstante, y con un presupuesto prorrogado de 2023, pusimos al 10% del hospital en obra, con equipamiento nuevo y se mejoró el parque de camas.”
Sobre las obras en proceso, desde la dirección médica del Garrahan informaron que son las siguientes:
- Compra de 310 camas nuevas
- Reforma de la zona de descanso y habitaciones para residentes y médicos de guardia
- Nueva área de internación para sumar 16 habitaciones y 32 camas
- Nueva área de farmacia estéril y de estudios de sueño
- Reforma de seis office de enfermería
- Reforma de un área de internación completa (CIM 63)
- Compra de equipamiento quirúrgico para siete quirófanos
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