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Condenas de hasta 20 años de prisión para policías de la masacre de Ramallo
El tribunal consideró que dos de los acusados fueron culpables de los asesinatos de dos rehenes
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ROSARIO.- Cinco años después, el hecho de brutalidad policial conocido como la masacre de Villa Ramallo tuvo una sentencia.
Ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de esta ciudad que impulsó el juicio oral contra ocho uniformados de la policía bonaerense, condenó a entre 2 y 20 años de prisión a siete policías que dispararon contra el automóvil en el que, el 17 de septiembre de 1999, los tres ladrones que habían asaltado la sucursal del Banco Nación intentaron escapar con tres rehenes.
Los magistrados Otmar Paulucci, Laura Inés Cosidoy y Santiago Harte condenaron a 20 años de prisión al ex suboficial principal de la policía bonaerense Oscar Parodi al encontrarlo culpable de la muerte del gerente de la sucursal Villa Ramallo del Banco Nación, Carlos Chaves.
Además, los jueces condenaron a 18 años de prisión al ex sargento del disuelto Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Zárate-Campana Ramón Leyva, por el homicidio simple del contador Carlos Santillán, y absolvieron al sargento ayudante Martín San Miguel, del Grupo Halcón Martín. A pesar de haberse comprobado que su fusil fue disparado cuatro veces, quedó en libertad.
Mediante el fallo, el tribunal dispuso que se investiguen las actuaciones de otros tres jefes policiales que estuvieron a cargo de los uniformados que rodeaban la sucursal bancaria el día de la masacre. Entre ellos figuran oficiales de la policía bonaerense y del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), de la Policía Federal.
También fueron condenados por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa el ex cabo del GEO Zárate-Campana Carlos Aravena, que deberá cumplir diez años de prisión; el ex cabo primero de la misma fuerza Ramón Darío Sánchez, y el ex cabo primero del Grupo Halcón Sergio Susperreguy, ambos con penas de seis años de prisión.
El sargento del ex Grupo de Infantería de Zárate-Campana Sergio Garea fue condenado a dos años de prisión en suspenso por el delito de abuso de armas, y el comisario inspector de la DDI de San Nicolás Omar Isaías recibió la misma pena por violación de los deberes de funcionario público, por no haber brindado seguridad en la escena del crimen.
De este modo, concluyó la segunda etapa del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal N° 1 por la masacre de Ramallo, ocurrida el 17 de septiembre de 1999, cuando tres asaltantes que habían copado la sucursal bancaria de esa localidad intentaron fugarse en un Volkswagen Polo con tres rehenes.
"Al fin se hizo justicia", dijo a LA NACION, con la voz entrecortada Flora Lacave, viuda del gerente Chaves, ni bien se conoció el fallo del tribunal.
"Estoy conmocionada, cuando escuché el fallo me quebré y, aunque siento un gran alivio por saber que los asesinos de mi esposo fueron condenados, todavía sigo muy nerviosa", añadió entre lágrimas. Lacave siguió la lectura de la sentencia, en compañía de su hijo Carlos, desde una pantalla de video ubicada en la sala de prensa.
"Necesitábamos que el círculo se cerrara para poder seguir adelante", comentó el joven mientras abrazaba a su madre. "Pero esto no termina acá, todavía falta la tercera etapa del juicio en la que se juzgarán las responsabilidades políticas", sostuvo el hijo del gerente asesinado.
El tribunal ordenó remitir al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, los antecedentes surgidos en el juicio a fin de que sean tenidos en cuenta para examinar las actuaciones del jefe táctico del Grupo Halcón, Gerardo Ascacibar, quien dio la orden de que se disparara contra los neumáticos del automóvil en el que emprendieron la fuga los asaltantes.
También resolvió que se investiguen las actuaciones del comisario Miguel Fontana, a cargo del grupo especial GEO, y del subcomisario Raúl Oscar Martínez, al frente del Comando Radioeléctrico de San Nicolás, y de los responsables del GEOF de la Policía Federal, subcomisario Claudio Pereyra y oficial Oscar Ruiz.
El abogado defensor de Parodi, Hugo Lima, aseguró que si se profundiza la investigación sobre las responsabilidades jerárquicas en la masacre se revelará que su cliente es inocente.
"Estos hombres fueron a un procedimiento y no hicieron más que lo que les ordenaron. Lo injusto es que ellos vayan a la cárcel mientras sus jefes disfrutan de la libertad", opinó el letrado.
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