Conflicto en el Garrahan: cómo respondieron los gremios a la decisión del Gobierno de echar a 10 dirigentes sindicales

Los gremios intransigentes del Hospital Garrahan realizaron este mediodía una conferencia de prensa en el ingreso por la calle Combate de los Pozos para repudiar la decisión del Gobierno Nacional de pedir el desafuero de diez dirigentes sindicales, paso previo a avanzar con su despido por una toma de oficinas del directorio. La protesta fue encabezada por Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, referente de la Junta Interna de ATE, principales caras del prolongado conflicto que atravesó al mayor hospital pediátrico del país durante el último año y alcanzados por la reciente medida, a la que calificaron de “un ataque directo a la organización sindical” y “un laboratorio de la reforma laboral”.

“La semana que viene se va a tratar [en el Senado] una ley que quiere arrasar con todos nuestros derechos. En el Hospital Garrahan lo que están haciendo es un laboratorio para poner en práctica la reforma laboral al precarizarnos, no permitirnos que nos reunamos ni que nos organicemos sindicalmente y sacándonos todas nuestras garantías”, apuntó Lezana, que dijo haber “quedado en shock” ayer cuando a conoció la noticia, aunque hoy marcó tener “fuerzas para luchar tras los apoyos recibidos”.

Según fuentes del Ministerio de Salud, el pedido de desafuero se fundamenta en “graves faltas disciplinarias”, entre ellas “la ocupación de oficinas, el bloqueo de áreas administrativas y la afectación del normal funcionamiento del hospital en momentos críticos de atención”. La decisión se apoya puntualmente en un episodio ocurrido el 31 de octubre de 2025, en pleno conflicto salarial abierto, cuando los dirigentes señalados realizaron una toma de las oficinas de la Dirección Médica en reclamo por la decisión de descontarles los días de paro.

“Han tocado acá es una fibra íntima del hospital, porque todo el hospital sabe que acá nos están sancionando por estar al frente de una lucha que no es solo nuestra, no es una sanción individual, buscan ser un castigo colectivo. Esto no solo es sobre lo que estamos amenazados de despido porque, si esta gente cumple su cometido, lo que se viene es más vaciamiento y más precarización, lo que no vamos a permitir”, sostuvo Lipcovich, que añadió que el sumario que se les había abierto el año pasado “era una amenaza que pendía sobre la cabeza de los trabajadores, que buscaba, justamente, cercenar el derecho a la protesta”.

En ese sentido, los miembros de APyT y ATE arremetieron contra Mariano Pirozzo, el director del Garrahan, a quien señalaron de “un emisario del gobierno sin ningún pergamino, ni académico ni de servicio ni de nada, enviado para hacer pelota al hospital”. Sin embargo, afirmaron que “la confirmación de los despidos en un tuit” por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “significa que la decisión está tomada” y que “la reforma laboral se trata de esto: despidos, aprietes y prevaricación”. A su vez, parafrasearon al funcionario de Javier Milei. “Adorni dice ‘el que las hace, las paga’. Bueno, los despidos y los ajustes a la salud, los van a pagar. Y no la van a pagar en el 2027 sino ahora”, apuntaron.

La conferencia aglutinó a casi un centenar de personas entre médicos, enfermeros y familiares de pacientes. En paralelo, hubo presencia de referentes y dirigentes políticos de la Izquierda, como las diputadas nacionales Myriam Bregman y Néstor Pitrola; las ex diputadas nacionales Mercedes Mendieta, Vilma Ripoll y Cristian Castillo; y la legisladora porteña Vanina Biasi.

“Imagínense que el jefe de Gabinete anunció sanciones ya consumas, que en realidad todavía no cumplieron su plazo reglamentario, porque todavía queda la parte de apelación. Es decir, faltan un tiempo, pero evidentemente confirman que hay una sentencia escrita por parte del Poder Ejecutivo, que no hay acá ninguna independencia y ningún sumario interno”, cuestionó Lipcovich al respecto.

En total, son once las personas con pedido de cesantía de los 44 que habían sido sumariados. En el caso de los diez delegados gremiales, la resolución del Consejo de Administración no es de ejecución inmediata, ya que previamente la Justicia debe expedirse sobre el levantamiento de la tutela sindical. “Si la Justicia no entiende la gravedad de los hechos, no se puede sancionar a los violentos”, señalaron desde la cartera que conduce Mario Lugones. En cambio, aclararon que el único cesanteado que no es delegado sindical “podrá ser desvinculado de manera inmediata una vez finalizado el proceso administrativo”.

El conflicto del Garrahan se consolidó en 2025 como uno de los frentes más delicados para el Gobierno, tanto por el peso simbólico del hospital como por su impacto político. Las protestas reiteradas lograron proyección nacional y forzaron la intervención directa de la Casa Rosada. Tras vetar la ley de emergencia pediátrica aprobada por el Congreso, el Ejecutivo había dado por cerrado el conflicto a comienzos de noviembre pasado con el anuncio de un aumento salarial del 61%, enmarcado en un “proceso de orden, transparencia y eficiencia”.

Ahora, con el pedido de desafuero de delegados gremiales, el Gobierno busca abrir un nuevo punto de inflexión y sentar un precedente frente a futuras protestas en el sector público. La decisión, sin embargo, abre un nuevo frente judicial y político y anticipa una escalada de la tensión con los gremios del sector. “El día lunes vamos a realizar una asamblea gremial en el Hospital y el miércoles vamos a marchar (al Congreso) contra la reforma laboral. Esto recién empieza”, avisó Lipcovich.

Por Manuel Casado

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