Contaminación “aberrante”: los vecinos que denunciaron a la Provincia dicen vivir en “una cloaca a cielo abierto”
Los vecinos detrás de la demanda judicial que culminó en el embargo de la Justicia Federal contra el gobierno bonarese destacan las problemáticas de vivir junto a una cuenca contaminada; obras inconclusas y denuncias cruzadas
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LA PLATA.- “Hace cincuenta años se podía nadar en el río. Ahora es una vertiente de basura. Hay días en que es insoportable el olor. Incluso, cuando el agua baja, se ve directamente la materia fecal. Todo esto a menos de 1000 metros de la boca de toma de agua”, dice el abogado Fernando Montichelli, uno de los impulsores de la demanda judicial al gobierno bonaerense por contaminación en la cuenca hídrica del Río de la Plata.
Montichelli creció cerca del río, a la altura del Club Regatas. Fue testigo del aumento de la contaminación de la cuenca a lo largo de cinco décadas. En 2006, formó una agrupación ecologista que llegó a interponer 17 demandas. La última fue la denuncia al gobierno de la Provincia ante la Justicia Federal de esta capital.

Esta demanda, que contó con el patrocinio de la Clínica de Extensión Universitaria de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata, culminó en un embargo multimillonario: el juez federal Alberto Recondo resolvió un embargo de más de $157 mil millones contra el gobierno provincial por dilación de obras para sanear la contaminación en la cuenca, la cual, en su escrito, definió como “aberrante”.
La demanda fue interpuesta junto a otros vecinos que se presentaron como damnificados por las graves consecuencias de vivir junto a lo que consideran una “inmensa cloaca a cielo abierto”.
Uno de ellos es Iván Vigo Mariños. En su presentación, el platense exigió “el cese de manera urgente y definitiva y para siempre del daño ambiental de incidencia colectiva ya provocado en especial al Río de la Plata, el río Santiago y el arroyo El Gato”. Él y sus vecinos promovieron la demanda “en ejercicio del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado”.
De acuerdo con los denunciantes, en el arroyo El Gato se vierten efluentes cloacales de la zona norte del municipio de La Plata “sin tratamiento o con tratamiento deficiente”, provocando un daño ambiental que resultó motivo de la demanda.

“En los más de 40 kilómetros de este arroyo descargan unas 60 industrias —aseguró Montichelli—. Desaguan desde los desechos de la cárcel de Lisandro Olmos, pasando por el hospital Melchor Romero, hasta los desechos industriales de una cooperativa papelera”.
También denunció obras inconclusas: “Aguas Bonaerenses tiene una planta depuradora en Ringelet que nunca terminó. Y los efluentes cloacales van al arroyo El Gato en forma directa”.
Consultados por LA NACION sobre las obras de infraestructura que se desarrollan en la provincia, fuentes de la empresa de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), dependiente del Ministerio de Infraestructura bonaerense, indicaron que actualmente avanzan en la ejecución de 113 obras para los municipios que conforman la región capital de Gran La Plata. Las obras se desarrollan dentro del marco de la subsecretaría de Recursos Hídricos. Una parte de estas obras son cambios de cañerías de La Plata, Berisso y Ensenada.
“En el Río de la Plata desemboca el río Santiago. Y sobre este desemboca el arroyo El Gato, siendo este último la cuenca más importante del Río de la Plata. El arroyo El Gato nace en la ruta 36, localidad de Lisandro Olmos, y atraviesa la localidad de Melchor Romero, San Carlos, Ringelet y Tolosa para confluir en el río Santiago a través del arroyo Zanjón, a la altura del puerto de Siderar, partido de Ensenada”, detalló Vigo.
Y agregó: “La desembocadura del río Santiago se encuentra a 1200 metros de la toma de agua de la planta potabilizadora Donato Gerardi, que distribuye el agua potable a la mayor parte de los partidos circundantes”.
“Un sumidero de desechos”
El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así fue descrito en uno de los informes técnicos de los que se valió la Justicia Federal de esta capital al trabar el embargo.
Recondo detalló en el escrito que quiere que se garantice un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato por “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos”.
Para tal trabajo, el magistrado pidió auxilio técnico a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. De acuerdo con el informe técnico aportado en la causa judicial, se trata de “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios”.
Los peritajes revelaron: “El aporte cloacal es masivo en las descargas de La Plata en El Gato (después de la calle 1), muy marcado por el nitrógeno total abundante en la orina, pero es también significativo aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y posiblemente en Melchor Romero”.
Además, afirmó: “Los arroyos urbanos (Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada) son fuentes secundarias de contaminación urbana (Saladero y Doña Flora, en menor medida) e industrial (Canal Oeste)”.
Otro informe pericial adjuntado al expediente, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del Club Regatas, constata la formación de un “corredor costero de aguas contaminadas, con aportes urbanos industriales sucesivos desde la Capital Federal, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras”.
Kicillof responsabilizó a Nación
Tras el embargo, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires informó ayer por la mañana que apelará la orden judicial. El argumento detrás de la apelación es que el gobierno de Axel Kicillof pidió hace dos años al gobierno de Javier Milei el correspondiente financiamiento para las obras de saneamiento.
La provincia enfatizó en ese entonces ante el gobierno nacional la necesidad de dar respuesta eficaz ante una crisis o emergencia elegible en materia de contaminación ambiental.
En 2024, el Ministerio de Economía de la Provincia solicitó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación que se priorice el financiamiento para el proyecto de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
La obra, detallaron desde la gobernación bonaerense, implica una inversión total de US$ 270.000.000, tiene un plazo de ejecución de cinco años y requiere, según el gobierno de Kicillof, de financiamiento internacional.
Omisión del Estado
En su resolución, Recondo señaló graves omisiones estatales. Argumentó que “las carencias presupuestarias (de Provincia), aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones”.
El magistrado detalló que la omisión del estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de 20 años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.
Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 —es decir, en el primer mandato de Kicillof—, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producido en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.
“Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”, expresó el magistrado.
En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales.
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