Denuncian que la Iglesia de Mendoza intentó ocultar un escándalo de abusos

En una clara contradicción con la prédica de apertura y acompañamiento a las víctimas impulsada por el papa Francisco durante una reunión celebrada a fines de febrero pasado en el Vaticano, el Arzobispado de Mendoza intentó detener y ocultar una investigación de abusos sexuales que habrían sido cometidos por dos monjes contra un estudiante de uno de sus monasterios.

La maniobra de ocultamiento queda clara a partir de la difusión de una carta del 17 de agosto de 2018 firmada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo. La carta se refiere a la investigación en curso por los abusos en el Monasterio Cristo Orante, en Mendoza.

En la carta a la Signatura Apostólica en el Vaticano, el máximo órgano judicial de la Iglesia Católica, Colombo pidió trasladar a San Juan la investigación y prorrogar el juicio canónico contra dos monjes mendocinos acusados de abuso sexual. El objetivo, explica, es "evitar la judicialización" del caso y el strepitum fori (el escándalo), ya que entonces, agosto pasado, su diócesis estaba en el centro de la tormenta por otro suceso, el del Instituto Próvolo. La carta pide que se tenga en cuenta que uno de los dos acusados, el director del Monasterio Cristo Orante, Diego Roqué Moreno, tiene "un alta imagen y consideración personal y espiritual".

A fines de febrero de este año, en una reunión sin precedente, el Papa convocó a los obispos del mundo para acordar un protocolo de acción ante los abusos. Una vez más, Francisco insistió ante la jerarquía de la Iglesia en que es un deber apoyar a las víctimas: "La Iglesia no ahorrará esfuerzos en hacer todo lo necesario para entregar a la Justicia a quien haya cometido tales delitos y no tratará de encubrir ni subestimar ningún caso".

Escándalo

El escándalo mendocino estalló a fines del año pasado, cuando Nicolás Bustos Norton, que tiene 27 años, decidió presentarse ante la Justicia para denunciar las violaciones que habría sufrido desde los 17 hasta los 24 años por parte de los monjes Roqué Moreno y Oscar Portillo. Estaba insatisfecho con la respuesta que le habían dado cuando denunció los hechos en la Iglesia. En la Justicia ordinaria, en cambio, no hubo demoras: Portillo y Roqué están procesados y con prisión preventiva domiciliaria por los delitos de "abuso sexual simple, agravado por ser figura de autoridad y por abuso sexual con acceso carnal y en tentativa".

En un reportaje con LA NACION, Bustos Norton contó que, luego de denunciar a Roqué, el arzobispo auxiliar, Marcelo Mazzitelli, le dijo que era momento de que bajara la persiana y pasara a otra cosa.

"Sin violencia física, Roqué logró hacerme sentir que yo no existía y hasta me puso en contra de mi familia. Me tenía totalmente manipulado", contó.

La primera reunión en el arzobispado fue en 2015, cuando estaba a cargo de monseñor Carlos María Franzini. Sin respuestas, regresó en marzo de 2018 para iniciar una denuncia formal. Pero cuatro meses después de esa presentación el nuevo arzobispo, Marcelo Colombo, pidió a la Santa Sede que la investigación fuera aplazada.

"Atento a que se trata de un sacerdote perteneciente a una asociación pública de fieles que ha sido oportunamente erigida por la autoridad arquidiocesana y trabaja bajo su égida y alta dirección", argumentó el arzobispo en la carta dirigida al cardenal Dominique Mamberti.

Todavía faltaban varios meses para que se hiciera público lo que ocurría en el monasterio. En parte, su pedido fue atendido: la investigación se trasladó a Buenos Aires, según informó el arzobispado en un comunicado.

Sede judicial y canónica

Consultados por LA NACION, fuentes del arzobispado de Mendoza solo dijeron que todo lo relacionado con los sucesos del Cristo Orante están en sede judicial tanto civil como canónica, y que han colaborado "con total disponibilidad con la Justicia para llevar adelante la investigación correspondiente". Según el diario mendocino El Sol, fuentes de la diócesis dijeron que la carta de Colombo intentaba garantizar la imparcialidad del juicio canónico.

El monasterio -cerrado a raíz de las denuncias- es uno de los más reconocidos del país. Está ubicado en un lugar de encanto, en Gualtallary, al pie de la Cordillera de los Andes, en el Valle de Uco. Construido con una arquitectura bizantina, depende del arzobispado y, además de la actividad habitual, los monjes se dedicaban a la producción de vino y chocolates. En el Cristo Orante los seminaristas vivían pupilos.

Cuando Bustos Norton presentó la denuncia formal en el arzobispado, Mendoza ya se había convertido en una de las diócesis con más escándalos tras la investigación por abusos de niños sordos en el Instituto Próvolo, una megacausa con derivaciones en Verona, Italia, y La Plata. Por esa razón, argumentó Colombo en su carta al Vaticano, no era una buena idea seguir sumando más denuncias.

"El clima hostil y negativo que rodea el ejercicio de la labor judicial canónica en la Arquidiócesis de Mendoza por la trascendencia mediática y social que ha tenido y tiene la causa judicial penal ante los tribunales ordinarios estatales, por el caso del instituto Antonio Próvolo" (centro educativo para hipoacúsicos que se encontraba bajo la dirección de los sacerdotes de esa congregación), fue su explicación para poner "bajo su consideración" la "conveniencia y oportunidad" de "conceder una prórroga" en el juicio.

Colombo pidió al Vaticano la prórroga para "evitar, conforme a los antecedentes que existen en la Arquidiócesis de Mendoza y con resultados negativos para la misma, la posible judicialización, en sede estatal, de las acusaciones de nuestro tribunal. Acciones estas que, a pesar de ser contrarias al concordato firmado por el Estado argentino con la Santa Sede, suelen prosperar en el ámbito de la Justicia ordinaria local". Y agrega que un strepitum fori, un escándalo jurídico, afectaría a una "obra querida y valorada por numerosos fieles".

El pedido de Colombo va a contramarcha de la guía de actuación en "los delitos cometidos por clérigos y religiosos" que la Conferencia Episcopal presentó en agosto de 2015. Allí, se define que el abuso sexual de menores es un "grave pecado" y un "grave delito tanto para el ordenamiento jurídico canónico como para el Código Penal Argentino". Y pide a las autoridades eclesiásticas acompañar a las víctimas en sus denuncias ante la Justicia ordinaria.