“Dos pesos, dos medidas”: Tras la muerte de un joven de extrema derecha en Lyon, vuelve el debate por el crimen de un exPuma
El reciente asesinato reabrió la discusión sobre la violencia ideológica en Francia y puso otra vez en agenda el caso de Federico Martín Aramburú
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La muerte de Quentin Deranque, militante identitario y monárquico, reavivó en los últimos días el debate sobre la violencia política en Francia y el tratamiento que reciben sus víctimas. En ese contexto, el nombre de Federico Martín Aramburú volvió al centro de la escena pública. El rugbier argentino, asesinado en pleno París en 2022, fue citado por distintos diputados y retomado por varios medios franceses, tras los homenajes al joven Deranque. Los dos militantes del Grupo Unión Defensa (GUD), agrupación de extrema derecha acusados del asesinato del deportista argentino, serán juzgados ante un tribunal penal con jurado entre el 7 y el 25 de septiembre próximo.
El jueves 12 de febrero de 2026, cerca de las 18, militantes del grupo de extrema derecha Némesis se reunieron frente a Sciences Po Lyon para protestar contra la visita de la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan. Deranque, de 23 años, estaba allí porque formaba parte del dispositivo de seguridad del colectivo.
Tras desplegar una bandera, se produjo un primer enfrentamiento con integrantes del movimiento de ultrazquierda Joven Guardia (Jeune Garde). Los disturbios se desplazaron luego unos cientos de metros, al otro lado de las vías del tren, a la salida de un túnel, donde la situación derivó en una pelea generalizada. Fue ahí que Deranque recibió los golpes mortales.
Desde entonces, sectores de la izquierda francesa fueron objeto de fuertes críticas y señalados como responsables, dado que los nueve principales sospechosos identificados por la policía serían exmiembros de Jeune Garde. Entre ellos figura Jacques-Élie Favrot, colaborador parlamentario del diputado insumiso Raphaël Arnault, quien estuvo presente frente a Sciences Po Lyon la noche de los hechos.
“Existe, evidentemente, una distinción fundamental en la manera de abordar los actos delictivos atribuidos a militantes de extrema derecha y a militantes de extrema izquierda. Solo puedo hablar de la particularidad de la situación en Lyon, aunque pueden encontrarse rasgos comunes en todo el territorio francés. Es evidente que los militantes de extrema izquierda están mucho más criminalizados que los de extrema derecha”, explicó Oliver Forray, abogado francés que defiende a víctimas de la extrema derecha en Lyon a LA NACION.
Y añadió: “Esta diferencia puede tener varios motores: la voluntad política expresada por los gobiernos, que buscan dar señales a la extrema derecha para captar votos; la realidad del terreno, donde la policía francesa está fuertemente politizada y con una proximidad mayoritaria hacia la extrema derecha; y quizás también la voluntad de los militantes de extrema izquierda de llevar adelante acciones reivindicadas públicamente, lo que los vuelve más visibles e identificables”.
Sin embargo, según el abogado francés, hay que hacer una distinción importante. “Los delitos atribuidos a la extrema izquierda suelen referirse a daños contra bienes, lo que permite asumir políticamente ese combate con mayor facilidad. En cambio, las acciones de la extrema derecha suelen consistir en ataques contra personas, con escenas de violencia extrema. El diagnóstico es evidente: sigue existiendo una forma de impunidad respecto de la extrema derecha que resulta extremadamente preocupante, mientras que los militantes de extrema izquierda viven una represión creciente, desproporcionada e inadmisible”, afirmó
El martes 17 de febrero, en la Asamblea Nacional, la presidenta Yaël Braun-Pivet abrió la sesión en el hemiciclo con un minuto de silencio en homenaje a Deranque. En ese marco, la diputada Mathilde Panot, de LFI, tomó la palabra y puso en evidencia lo que definió como un esquema de “dos pesos, dos medidas” y una instrumentalización política destinada a cargar responsabilidades sobre la izquierda.
“Señora presidenta, mis primeras palabras, en nombre del grupo insumiso, son para la familia de Quentin Deranque, asesinado en plena calle en Lyon. No aceptamos que la violencia física, venga de donde venga, se utilice para resolver conflictos. Nunca lo hemos aceptado. Nunca lo aceptaremos”, expresó.
Y añadió: “Quienes instrumentalizan este drama para ensuciarnos deben detenerse. Sus maniobras son indignas. Ningún insumiso está implicado, ni de cerca ni de lejos, en esas violencias. Y si combatimos a la extrema derecha y a los grupúsculos fascistas que la rodean es precisamente porque glorifican la muerte y la brutalidad, erigen el racismo como principio y no hay nada más antirrepublicano que eso”.
A su vez, la diputada sostuvo que sería desconocer la historia aceptar la victimización de la extrema derecha y pretender que las violencias estarían de este lado del hemiciclo. “Hizo falta este drama para que ustedes salieran del silencio. No los escuchamos cuando fue asesinado el rugbier Federico Aramburú, a apenas dos kilómetros de nuestra Asamblea, por militantes del GUD, ni respecto de las doce personas asesinadas por la extrema derecha desde 2022”.
El exjugador platense vistió las camisetas de Biarritz Olympique y USA Perpignan, además de la de Los Pumas. Integró la selección argentina que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 2007, la mejor actuación histórica del equipo.
Tenía 42 años y era padre de tres hijos. Vivía en la costa vasca francesa tras su retiro deportivo y trabajaba en el sector turístico cuando fue asesinado.
El fin de semana de los hechos había viajado a París para presenciar el partido entre Francia e Inglaterra del Torneo de las Seis Naciones, junto a su amigo y también rugbier Shaun Hegarty. Tras un altercado en el bar Mabillon, en el VI arrondissement, con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos hombres vinculados al GUD, ambos deportistas abandonaron el lugar a pie. Sin embargo, fueron perseguidos por los militantes, uno de ellos a bordo de un Jeep. Dispararon diez veces antes de huir. Federico Martín Aramburú murió en el lugar a causa de las heridas.
Por su parte, Alma Dufour, también diputada de LFI, sostuvo al día siguiente en declaraciones a BFMTV: “Volviendo al joven Quentin, lo que me conmueve enormemente, como a muchas personas, es su edad: 23 años es demasiado joven para morir por sus ideas. Pero era militante de Acción Francesa, agrupación de extrema derecha nacionalista. Participó en desfiles neonazis donde se coreaban consignas de nostalgia del Tercer Reich. Noventa años después del linchamiento de Léon Blum por Acción Francesa, hoy hacemos un minuto de silencio por este joven”.
Y añadió: “Lo que hay que preguntarse es por qué hay personas víctimas de crímenes racistas que no tienen derecho a ese minuto de silencio. El Rassemblement National (RN) tiene vínculos con el GUD, que asesinó al señor Aramburú, y nadie les inicia un proceso por ello”.
Para Forray, el asesinato de Federico Aramburú tuvo una cobertura mediática relevante. No obstante, señaló la cobertura política no estuvo a la altura del drama, especialmente en comparación con la muerte de Quentin Deranque. “La palabra política, hoy monopolizada por la extrema derecha o por los temas que ella impone, permitió apagar la mediatización del caso de Federico Aramburú y evitar una politización de su muerte”, sostuvo.
Y aseguró: “Su asesinato es una muestra evidente de la peligrosidad de la extrema derecha y de sus ideas. Como la batalla mediática ha sido ganada por la extrema derecha, las muertes no reciben el mismo tratamiento. Esto también se refleja en el minuto de silencio que la Asamblea Nacional observó el pasado 17 de febrero: el homenaje de la nación fue rendido así a un militante neofascista, miembro activo de grupos violentos, entre ellos Acción Francesa. Simbólicamente, vale recordar que Acción Francesa intentó tomar la Asamblea Nacional el 6 de febrero de 1934 para derrocar al poder”.
El caso también fue retomado por varios medio franceses en especial por el independiente Mediapart, que publicó varios artículos en los últimos meses. Además, el pasado 17 de noviembre ese medio difundió una entrevista con Cecilia Aramburú, madre del exPuma. Allí sostuvo que la muerte de su hijo “podría haberse evitado” y apuntó a la responsabilidad de las autoridades francesas, ya que ambos sospechosos eran conocidos por los servicios policiales por antecedentes de violencia y se encontraban bajo control judicial en otra causa por hechos agravados.
La experiodista, que perdió familiares durante la dictadura militar argentina en los años setenta y ochenta, afirmó que Loïk Le Priol y Romain Bouvier “también son consecuencia de disfuncionamientos profundos”.
Y agregó en esa entrevista: “Que los asesinos de ‘Fede’ sean terroristas de extrema derecha, de extrema izquierda o terroristas religiosos, para sus familiares el dolor es el mismo. Lo que cambia es saber que ya estaban imputados, liberados bajo control judicial y que deberían haber estado vigilados. Todo esto podría haberse evitado. Si hubo errores, negligencias o protecciones indebidas, hay responsables. No se puede responsabilizar únicamente a los autores materiales”.
El caso de Federico se inscribe en un fenómeno más amplio. Según un estudio realizado por Isabelle Sommier, profesora universitaria de Sociología Política, titulado Violencias políticas en Francia de 1986 a 2016, el trabajo registró 53 víctimas por motivos ideológicos en ese período, de las cuales 48 fueron atribuidas a la extrema derecha.
La investigación subraya que la amenaza de la extrema derecha fue durante mucho tiempo subestimada en su virulencia. Según el estudio, sus formas de acción son variadas, pero la especialidad de estos colectivos o individuos han sido las agresiones físicas. En efecto, dos tercios de los ataques les son imputables, principalmente a grupos identitarios, skinheads y neonazis. En el 67,2% de los casos, el móvil fue alterofóbico, es decir, dirigido contra el “otro”, mientras que en un 30,8% respondió a una lógica de venganza contra militantes de izquierda o antirracistas.
De violencia dispersa a organizada
Estas cifras, advierte la investigación, plantean hacia adelante la pregunta sobre el posible pasaje de una violencia social dispersa a una violencia política organizada: si esa frustración o esa rabia encontrarán una traducción política más amplia, ya sea a través del voto o mediante nuevas formas de violencia.
“La violencia contra las personas es, indiscutiblemente, patrimonio de la extrema derecha. Practican acciones violentas sin complejos y se organizan, se estructuran y se entrenan para eso. Hemos comprobado que estos militantes han organizado campamentos de entrenamiento en combate sin que eso haya provocado una reacción por parte de las autoridades, que los dejan actuar pese a que esas actividades anuncian futuras violencias” explicó Forray.
Y agregó: “El militante antifascista existe únicamente para combatir el ascenso del fascismo. Su único enemigo es el fascista. En cambio, el militante fascista puede enumerar decenas de enemigos identificados por su pertenencia a un grupo social, étnico, religioso o político. Ser gay, musulmán, comunista, árabe o incluso sudamericano puede bastar para ser designado como enemigo y potencial víctima de la extrema derecha”.
El juicio por el asesinato de Aramburú sucederá entre el 7 y el 25 de septiembre próximo. Los dos militantes de extrema derecha acusados serán juzgados ante un tribunal penal con jurado. Sin embargo, la acusación no incorporó una motivación política.
“La muerte de Federico Aramburú fue calificada como asesinato con premeditación, pero sin considerar una motivación política. Su muerte es presentada por algunos como una simple pelea de bar que terminó mal. La motivación política no fue incorporada por el juez de instrucción que investigó el caso y lo remitió al tribunal penal con jurado”, explicó.
Y concluyó: “No obstante, debe subrayarse que la pena máxima puede aplicarse con circunstancias más fáciles de objetivar, lo que tal vez llevó al juez a evitar un debate jurídico más complejo sobre la motivación política del crimen. Aun así, el tribunal conserva la libertad de considerar el aspecto político del delito y calificarlo como tal”.
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