El geriátrico del horror en Belgrano: qué penas pidieron para los dueños y médicos por las muertes y cuándo se conocerá el fallo
En la etapa de alegatos, fiscales y querellantes pidieron condenas de cumplimiento efectivo para los principales responsables del establecimiento, donde murieron diez residentes durante la emergencia sanitaria
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LA NACIONAlejandro Horvat
En una sala colmada de tensión y expectativa, el juicio por la muerte de diez adultos mayores en el geriátrico Apart Incas, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, ingresó esta semana en su tramo decisivo. Según confirmaron a LA NACION fuentes vinculadas al caso, los fiscales —Maximiliano Vence, Sebastián Stoppani y la prosecretaria Tatiana Muñiz— junto con los abogados querellantes que representan a algunas familias de las víctimas, solicitaron penas de prisión de cumplimiento efectivo para los principales acusados. Se espera que el tribunal emita su veredicto el 30 de este mes.
El trabajo conjunto entre la fiscalía y la querella, conformada por Martin López Quesada, Lucía Filipelli Colletto, Juan Carlos Salerni, Ignacio Trimarco, Alejandro González Nava y Adrián Albor, derivó en pedidos de 3 años y 8 meses de prisión para el apoderado del geriátrico Luis Daniel Megyes, 3 años y 6 meses para el otro apoderado Hugo Visca y para la directora médica Carla Raffo, mientras que para Cecilia Gonzalo y Natalia Allegue —quienes integraban el directorio del geriátrico— solicitaron penas de tres años.
Según los fiscales y la querella, hubo incumplimientos graves de los protocolos sanitarios: el llamado al 107, que debió haber activado las alertas sanitarias, se realizó con varios días de demora; el personal no contaba con insumos básicos de protección y se ejercieron presiones para que empleados con síntomas compatibles con Covid-19 continuaran trabajando. En el caso de la funcionaria pública, Paula Trunzo, que está imputada, se pidió la absolución por falta de pruebas.
Por su parte, los abogados defensores ejercieron su defensa el martes ante el tribunal. LA NACION consultó a la defensa de los acusados, pero por ahora prefirieron no dar declaraciones.
Tras los alegatos de la acusación, comenzó la ronda de defensas. La representación legal de Megyes y Allegue fue la primera en hablar y sorprendió al atribuir responsabilidades a todos —empleados, familiares, Estado y Gobierno— excepto a sus propios defendidos. Hoy continuará la defensa de Raffo y Visca, y el jueves se realizará una audiencia adicional para réplicas y dúplicas.
“Mi madre fue atendida por un electricista y un empleado de mantenimiento”
Sergio Federovisky, uno de los impulsores de la demanda penal, tenía a su madre internada en el geriátrico Apart Los Incas y fue una de las evacuadas durante el fin de semana crítico.
Relató que, en ese momento, los 28 residentes quedaron al cuidado solamente de un electricista y un empleado de mantenimiento, personal sin la experiencia necesaria para atender a personas en esa condición. Precisó que intentaron acostar a su madre, que no podía caminar, y como resultado de la falta de práctica y pericia de los cuidadores, sufrió una fractura de pelvis.
Federovisky aclaró que su madre no falleció por COVID-19 durante ese episodio, aunque estuvo aislada por la enfermedad durante 45 días, sino que murió semanas más tarde.
El caso
El 21 de abril de 2020, personal del SAME debió evacuar de urgencia a los residentes del geriátrico, luego de que se recibieran denuncias que advertían sobre un posible brote de coronavirus dentro del establecimiento. La escena se convirtió en una de las primeras imágenes del colapso sanitario en hogares de adultos mayores: pacientes en camillas, ambulancias alineadas en la avenida y familiares desesperados esperando respuestas.
Con el paso del tiempo, lo que inicialmente parecía una tragedia inevitable comenzó a ser observado bajo otra lupa. La investigación judicial reveló indicios de que hubo un intento deliberado de ocultar la circulación del virus en el establecimiento por parte de sus responsables.
La falta de comunicación con las autoridades sanitarias, el incumplimiento de protocolos de prevención y la presión ejercida sobre el personal para continuar trabajando pese a presentar síntomas formaron parte del expediente. El geriátrico, gestionado por los apoderados Luis Megyes y Visca, y bajo la dirección médica de Raffo, quedó en el centro de las acusaciones. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, según establece el artículo 205 del Código Penal.
Además, se les atribuyen lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes. Según la causa, los acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se documentaron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y omisiones en la actualización de historias clínicas.
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