El Gobierno dice que recibió más de 2000 llamados en la línea de denuncias por “adoctrinamiento” en las aulas
El sistema de atención existe hace más de una década, pero la gestión libertaria reforzó el canal para la politización en las clases; un caso en un colegio de la localidad bonaerense de Banfield, uno de los más recientes
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Fuentes del Gobierno informaron a LA NACION que en lo que va del año la difusión de la línea 0800-Convivencia Escolar —destinada a recibir denuncias por casos de “adoctrinamiento” en las aulas bajo el lema “Educar no es imponer”— recibió más de 2000 llamados. "Tiene que haber justicia para todos, que no quiere decir ensañamiento“, consideró el secretario de Educación Carlos Torrandell, mientras el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, resolvió reforzar la difusión del canal de atención.
Apoyada en uno de los discursos más alentados desde el Gobierno, que tiene que ver con sancionar la imposición de pensamientos en la niñez —principalmente en el ámbito educativo—, la línea telefónica gratuita recibe denuncias sobre “situaciones que condicionan y vulneran el bienestar integral de estudiantes y docentes” y busca “fortalecer la protección del libre pensamiento en el aula, para lograr que los docentes transmitan contenidos sin impartir su propia ideología —ni en un sentido ni en otro—, sin importar sus orientaciones o creencias".
Según datos oficiales a los que accedió LA NACION, entre enero y octubre de 2025, el sistema de atención recibió más de 2000 llamados, de los cuales un 43% corresponde a situaciones vinculadas directamente a la convivencia escolar. Dentro de esa cifra, el 27% implicó una imposición político-partidaria o adoctrinamiento, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Educación de Carlos Torrendell.
Fuentes de Presidencia indicaron que en los últimos tres meses se detectó un “crecimiento significativo” de los reportes por presunto adoctrinamiento, con un incremento del 90% entre agosto y octubre. Por este motivo, el Gobierno decidió reforzar la promoción de la línea como “canal de escucha, orientación y derivación inmediata” hacia las jurisdicciones provinciales.
Creada en 2014 —durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner—, la línea telefónica se constituyó con el objetivo de atender situaciones de violencia en las escuelas, entre ellas, el acoso, la discriminación y el maltrato. Desde 2024, la gestión actual amplió su alcance a denuncias de imposición ideológica y propaganda político-partidaria.
Si bien el mileísmo reforzó el canal especialmente a las denuncias por adoctrinamiento, otros indicadores educativos muestran cifras preocupantes. Según un informe reciente del Ministerio Público Tutelar, el 66,2% de los adolescentes de entre 12 y 18 años en la ciudad de Buenos Aires sufrió o conoce a alguien que padeció situaciones de acoso escolar o conoce a alguien que haya sufrido bullying.
El protocolo de intervención estatal
El proceso de intervención de la Secretaría de Educación se realiza en conjunto con la jurisdicción local en donde esté ubicado el establecimiento educativo primario o secundario que haya recibido la denuncia.
Cuando una persona se comunica con la Línea 0800-Convivencia Escolar, el llamado es recepcionado por un operador que se identifica y registra a su interlocutor. Una vez que se releva la localidad y provincia desde donde se realiza la comunicación, se procede al registro del llamado en una plataforma de uso interno con la que buscan “asegurar la trazabilidad del caso” y “facilitar su seguimiento posterior”, aseguran.
Una vez registrado, el llamado es derivado a la jurisdicción o dependencia que corresponda según la naturaleza del caso y la competencia institucional.
Ahí entra en juego la etapa de intervención jurisdiccional o provincial, en donde cada equipo actúa conforme al grado de urgencia del caso y de acuerdo con los propios protocolos. “En caso de que no se registre intervención en un plazo de quince días, la plataforma emite automáticamente un correo electrónico recordatorio para promover la continuidad del seguimiento”, destacan desde el Gobierno.
El seguimiento del avance del caso es realizado por un equipo de Educación que recibe la información enviada por las jurisdicciones y monitorea los avances a través de la plataforma (que también notifica automáticamente los casos que permanecen sin resolución después del plazo de 15 días). Sin embargo, la sanción para el docente denunciado no corre a cargo del Ejecutivo, sino que depende de lo que determine cada institución.
El caso de un colegio en la provincia
El programa volvió a cobrar visibilidad luego del caso del Colegio Bertrand Russell, en Banfield, donde un docente fue denunciado por familiares de alumnos por presunto adoctrinamiento. El hecho derivó en la intervención del Ministerio de Capital Humano y en la suspensión del profesor.
Al respecto habló el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien dio más detalles sobre el hecho, que se habría originado cuando un grupo de estudiantes comenzó a hacer chistes en alusión al diputado José Luis Espert (que renunció a su candidatura tras quedar involucrado en una presunta maniobra de lavado de dinero) y el titular de la materia de Lengua y Literatura los insultó y criticó a la gestión oficialista.
“No sucede todos los días, pero son cosas que pasan. Son episodios que se repiten cada tanto y hay que estar atentos. Pettovello me ordenó desarrollar el protocolo que tenemos para estas cuestiones, y que consisten en comunicarse con las autoridades jurisdiccionales para ponerse en contacto y ver cómo van a proceder", explicó el funcionario el martes.
Y, sobre el caso de la institución bonaerense, añadió: “Son cosas que me superan. Tiene que haber justicia para todos, que no quiere decir ensañamiento. Les enseñamos a los chicos que cuando hay una falta, hay que reparar esa falta y tiene que haber una sanción como corresponde”. “Es un acto de violencia este, viene acompañado de un insulto, de un acto de minusvaloración del chico porque piensa distinto. No debe suceder y, en caso de que suceda, hay que repararlo", sentenció en diálogo con radio Mitre.
Los antecedentes del Gobierno
El 10 de diciembre de 2024, mediante el Decreto 1086/2024, la administración mileísta modificó la reglamentación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que había sido aprobada en 2006. La norma estableció que la imposición de una manera de pensar “político-partidaria, especialmente en el ámbito educativo”, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los estudiantes.
El decreto, sin embargo, no prevé qué sanción le podría corresponder a quien infrinja la norma, más allá de lo que decida la institución en donde trabaja.
Esta medida fue aceptada de buena manera por los especialistas de distintos ámbitos que reclaman hace años que la educación no se convierta en una "caja de resonancia" de la política.
En línea con esa política, en enero de este año el Gobierno también dispuso una revisión de los materiales digitales de Educación Sexual Integral (ESI) en la plataforma Educ.ar. Se eliminaron aquellos considerados “ideologizados” por el equipo pedagógico de Capital Humano, que los reemplazó por nuevos contenidos “acordes a la normativa vigente”.
Asimismo, indicaron que se reemplazaron por los considerados correctos por el equipo pedagógico. “Lo eligió un equipo que sabe lo que está bien o no para los chicos. Sólo reemplazamos los que están ideologizados”, remarcaron a este medio. Ante la consulta sobre cuáles fueron los eliminados, evitaron dar detalles e insistieron en que “hay gente que sabe y evalúa lo que los niños necesitan”.
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