El gobierno inhabilitó Pachá en enero

La disco Pachá, en la Costanera, fue inhabilitada por el gobierno porteño como local bailable en enero pasado. Sin embargo, siguió funcionando con permisos especiales que, en al menos una ocasión, incumplieron con la capacidad permitida del lugar.

El local está concesionado a Dell Producciones SA, uno de cuyos socios, Adrián Conci, está detenido por orden de la justicia federal tras la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de música electrónica Time Warp, en la que, según la investigación, la cantidad de personas que podían ingresar fue sobrepasada en al menos 7000 asistentes.

El retiro de Pachá del Registro Público de Lugares Bailables se hizo público en el Boletín Oficial porteño el lunes pasado. Hasta aquí, nada llamativo. Pero si se leen los argumentos por los que se lo inhabilita, cuesta entender que la autoridad local permita eventos particulares en la misma locación.

Según la resolución que firma el director de Habilitaciones porteño, Diego Pérez Lorgueilleux, la falta de documentación presentada ante la autoridad "denota un desinterés y desapego a la norma".

En los considerandos, esa resolución da cuenta de que la compañía de la que es apoderado Maximiliano Ávila, también con prisión preventiva por orden del juez Sebastián Casanello, no presentó ni revalidó el certificado de los bomberos. Éste, según detalla, "venció el 23/12/2015" y no había sido presentada la reválida un mes después.

Otra de las irregularidades que menciona la disposición es que Dell Producciones SA no inició los trámites de habilitación luego de haberse hecho cargo de la concesión del inmueble en la avenida Rafael Obligado, en la Costanera. Dell Producciones SA se hizo cargo de esa explotación en julio del año pasado. Hasta ese momento era de Pachá Buenos Aires SA.

En la Agencia Gubernamental de Control (AGC) indicaron que sólo se trata de una cuestión administrativa. Que Dell inició un nuevo trámite de habilitación y no un traspaso, y por eso se habilitaba cada fiesta en el mismo lugar. Según la dependencia, se aprobaron ocho fiestas electrónicas con un permiso individual cada una.

LA NACION tuvo acceso a una de esas disposiciones, la que permitió la edición del 20 de febrero pasado, y se observa que se permitió el ingreso de 2400 personas. El local tiene como capacidad permitida 1942 personas. En el ente oficial indicaron que no conocían el detalle del expediente de ese día, aunque advirtieron que no cuentan "con tantos inspectores como para estar en todos lados". Precisamente, LA NACION informó la semana pasada que 79 inspectores recorren la noche porteña.

La Auditoría de la Ciudad aprobó realizar un informe sobre el control de los eventos masivos y la noche. "Lo que está ocurriendo constituye una muestra más de la connivencia entre los funcionarios del gobierno de la ciudad y la empresa Dell Producciones, razón por la cual no puedo dejar de lamentar que los bloques ECO y Pro hayan impedido que auditemos la fiesta Time Warp", indicó Cecilia Segura (FPV), presidenta del organismo.

Eduardo Epszteyn, ex legislador y auditor kirchnerista, indicó: "La AGC es una cueva oscura; estamos desprotegidos. La solución no está en prohibir y cambiar las leyes, sino en garantizar que las que están se cumplan".

Por Laura Rocha

• Tragedia en una fiesta electrónica

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