El papa Francisco expulsó a un sacerdote argentino por abusar sexualmente de un menor

El Calafate, SANTA CRUZ.-Daniel Omar Acevedo es ahora exsacerdote. Así lo decretó el papa Francisco al expulsarlo del estado clerical, la pena máxima dentro de la Iglesia, tras considerar que había cometido el delito de abuso sexual contra un menor y conducta indebida como sacerdote. A su vez, en la Justicia ordinaria, deberá enfrentar el juicio oral en Resistencia, Chaco, que estaba previsto para abril, pero que debió suspenderse por la pandemia.

La decisión del Papa, jefe máximo de la Iglesia Católica, tiene el carácter de suprema e inapelable. Acevedo no podrá ejercer el ministerio sacerdotal y quedó dispensado del celibato. La decisión que fue comunicada por el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva, cierra un capítulo que empezó a escribirse hace varios años y recorrió el país de un extremo a otro.

"Por mi parte, ya me comuniqué con él y con los denunciantes para comunicarles la decisión del Santo Padre", explicó el monseñor García Cuerva, en el comunicado dado a conocer en las últimas horas por el Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina.

Daniel Omar Acevedo ejercía el ministerio en la parroquia San José Obrero de Río Gallegos cuando estallaron las primeras denuncias contra él, pero se radicó en Ushuaia, ciudad en la que estuvo de paso y se encontró con su víctima. LA NACION se comunicó con el ahora exsacerdote para conocer su versión de los hechos, que por correo electrónico desistió de hacer mayores comentarios: "La noticia me tomó por sorpresa y todavía lo estoy procesando, más adelante posiblemente podré dar mi versión", explicó.

Los hechos que ahora juzgará la Justicia chaqueña se remiten a tiempos en que Acevedo era seminarista a punto de convertirse en diácono y vivía en el sur del país. En unas vacaciones en Resistencia, Chaco, cometió abuso contra un menor dentro del ámbito familiar y, según pudo reconstruir LA NACION con fuentes de acceso a la causa, hubo otros menores involucrados.

Según quienes investigaron la causa, ni el menor ni la familia sabían que Acevedo era seminarista. Años más tarde, el denunciante se trasladó a vivir a Ushuaia, donde se encontró con Acevedo quien se encontraba de paso, y en esa circunstancia se enteró que era sacerdote. Si bien ya no era menor de edad, la víctima decidió denunciarlo en Ushuaia en el año 2016, por los hechos de Chaco y por circunstancias que se dieron en Ushuaia.

Las dos justicias

En este punto se abrieron dos caminos: el de la Justicia canónica y el de la Justicia secular. La Iglesia, a partir de la denuncia judicial, inició su propio proceso en el marco del derecho canónico. El monseñor Miguel Angel D'Annibale designó a un sacerdote de la Diócesis para realizar la investigación preliminar que incluyó Río Gallegos y Chaco, con entrevistas a testigos y conocedores del entorno del entonces sacerdote

Se envió la investigación a Roma y la Congregación para la Doctrina de Fe ordenó la apertura de un proceso administrativo penal. En 2018, tras analizar las más de 500 páginas que componían la investigación, el Obispo D'Annibale elevó su voto a Roma y sugirió que Acevedo fuera expulsado del ejercicio clerigal, medida extrema que solo puede tomar un Papa, por considerar que se había configurado el delito de abuso contra un menor y conducta indebida de un sacerdote mientras estaba en Río Gallegos.

Por su parte, la Justicia secular hizo su propio camino. La denuncia se radicó por dos hechos en el Juzgado de Instrucción de Segunda nominación de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler: uno de los hechos ocurridos en esa ciudad se cerró dado que, desde el punto de vista jurídico, no había prueba suficiente, en tanto que se remitió a los tribunales de Resistencia el resto de la causa, a finales de 2017, donde la causa avanzó.

Según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales con acceso a la causa, en Resistencia la investigación penal preparatoria en la cual Acevedo está imputado por abuso sexual está terminada. El año pasado la causa fue elevada a juicio oral y tenía fecha para abril pero se suspendió por la pandemia y aún no hay fecha. En el expediente habría elementos suficientes para lograr una condena.