En fotos: la progresiva integración de la Villa 31 a la ciudad
Un recorrido en imágenes por la barriada más emblemática de Buenos Aires
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LA NACION
La casa de Miguel Molina tiene dos pequeñas habitaciones sin ventanas, suelo de tierra y techos de zinc por donde filtra el agua cuando llueve. A unas pocas manzanas de allí se elevan los elegantes edificios de arquitectura francesa de uno de los barrios más caros de Buenos Aires.
Después de dos décadas viviendo en la Villa 31, este empleado de limpieza de 47 años se emociona cuando expresa su deseo de tener una vivienda digna en la barriada más emblemática de Buenos Aires, a la que distintos gobiernos quisieron borrar del mapa y que ahora busca integrarse a la ciudad mediante un proyecto que prevé que sus 40.000 habitantes cuenten en unos tres años con casas seguras, alcantarillado, electricidad y espacios verdes.
“Hay gente que realmente lo necesita. Necesitamos más por los chicos, nosotros ya somos grandes”, dijo Molina a The Associated Press en su vivienda ubicada cerca de una esquina donde el viento arranca los cables eléctricos precariamente instalados por los vecinos y suelen producirse explosiones.
Desde su nacimiento en la década de 1930 el asentamiento ha sido un símbolo de resistencia. La dictadura militar de 1976 a 1983 destruyó viviendas y trasladó compulsivamente a cientos de sus ocupantes. A mediados de los 90 los vecinos se enfrentaron a las topadoras que se abrían paso para construir una autopista. Finalmente en 2009 y gracias a su lucha se aprobó una ley para urbanizar el barrio.
Rodeado de platos que no habían sido lavados en días y de ropa que se secaba en sogas que atravesaban una de las habitaciones, Molina recordó que cuando eran pequeños sus hijos se “enfermaban con la humedad”.
El hombre construyó su vivienda a fines de los 90 tras regresar a la villa luego de ser conminado a abandonarla para la edificación de la autopista que se eleva sobre la barriada y desemboca en el centro de la ciudad. Si el plan se cumple, esa autovía será desviada y el tramo que circula sobre las casillas se transformará en un parque.
La villa está situada en una zona adyacente a una de las principales estaciones ferroviarias y cerca de las altas torres de oficinas del centro capitalino y del coqueto barrio de Recoleta.
El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta “planteó que para 2023 no haya más barrios informales en la ciudad... el Barrio 31 tiene una representación simbólica tanto para los habitantes que están acá hace muchos años luchando para que esto ocurra como para los de todo el país”, dijo a AP Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana de la capital.
Buenos Aires tiene unos 50 barrios carenciados donde viven más de 275.000 personas a las que afecta de lleno la pobreza que actualmente aqueja a 30% de los argentinos.
El proyecto de 320 millones de dólares financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contempla la remodelación de 7.000 viviendas y que los vecinos que se apiñan debajo de la autopista en casillas sin estándares de seguridad sean trasladados a unas 1.350 casas que serán construidas dentro del asentamiento.
“Si ellos hablan de sacarnos y mandarnos a un sitio mejor, ¿por qué no construyen ya las casas, nos enseñan cómo van a ser, para que los vecinos podamos ir a verlas?”, se quejó a AP Jonathan Vásquez, un peruano que vive en una casa sin cimientos.
Los funcionarios deben lidiar a diario con quienes no ven resultados rápidos de las obras que comenzaron en julio, no están seguros de recibir viviendas adecuadas y desconocen cómo se les va a reconocer la propiedad de las casillas que habitan.
Agustina Márquez, del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, señaló a AP que también hay al menos un 30% de inquilinos “que no saben qué pasará con ellos cuando se haga la regularización del dominio de las propiedades” que otros construyeron.
El gobierno trabaja en un plan para pagar las tierras a través de créditos blandos a largo plazo que a su vez permita formalizar las relaciones de alquiler.
En los últimos años muchas de las construcciones de la Villa 31 alcanzaron los dos o tres pisos al calor de la recuperación económica y el déficit habitacional en Buenos Aires. Muchas de las construcciones irregulares de ladrillo a la vista se suceden desordenadas en las estrechas calles que se inundan cuando llueve y sobre las que penden madejas de cables eléctricos.
Según Fernández, hay un 50% más de desempleo en la villa respecto del resto de la ciudad y sólo 27% de los jóvenes terminó el secundario en comparación con el 80% de los de toda la capital.
El 52% del barrio, donde conviven argentinos, paraguayos, peruanos y bolivianos, no tiene cloacas o no recibe agua potable en los volúmenes adecuados, agregó.
El plan también contempla 22.000 metros cuadrados de pavimento y 21.600 metros de red cloacal, desagüe pluvial y suministro de agua potable.
El gobierno ya restauró unas 80 viviendas en las que fueron instalados pisos y cañerías nuevas, según constató AP. Sus fachadas fueron remodeladas y las escaleras externas por las que los vecinos suben a las habitaciones superiores fueron reforzadas.
A su vez trasladará la sede del Ministerio de Educación capitalino y construirá tres escuelas y varios centros de salud con financiación del BID, que también mudará su sede en Argentina al barrio.
“El BID piensa tener su principal oficina fuera de Washington en la región y la más grande no solo en Buenos Aires sino en la villa porque es el que puede ayudar a hacer ese puente hacia el futuro”, dijo el titular de la institución, Luis Alberto Moreno, durante una visita al asentamiento semanas atrás.
Está previsto asimismo que un banco público y un local de McDonald´s abran sus puertas en el corazón de la barriada, donde a falta de transporte público muchos vecinos transitan en motos con carros acoplados.
La jefatura de gobierno, del mismo signo político que el presidente Mauricio Macri, intenta convencer a los vecinos de Recoleta de que acepten la progresiva integración de la villa a la ciudad y les recuerda que los dos mayores aguantaderos de narcotraficantes del lugar fueron erradicados en 2016 y hay más presencia policial. En uno de ellos funciona ahora un centro de desarrollo laboral y la oficina en la que el Jefe de Gobierno trabaja una vez por semana.
“Nuestra función es escuchar a unos y otros y trabajar para derribar esos temores basados en prejuicios”, afirmó Fernández, para quien el barrio debe ser “uno más, con todos los derechos” y la misma obligación de pagar por los servicios a los que la mayoría de los habitantes se conecta clandestinamente.
La peruana Tania Villanueva, de 33 años, dijo que está dispuesta a pagar por los servicios siempre que sean iguales a los de los barrios acomodados porque “si quieres sacar un préstamo en el banco te piden un recibo de agua o de luz”.
Los 930 comercios que funcionan en la villa también tributarán.
Según Fernández, “los vecinos quieren tener responsabilidades, porque la responsabilidad da derecho y da dignidad... la dignidad de saber que paga por sus servicios y que nadie lo puede acusar de que está colgado (de la luz clandestinamente)”.
Algunas voces críticas sostienen que detrás del proyecto se esconde un emprendimiento que desencadenaría la especulación inmobiliaria.
Fernández aseguró que el objetivo es que los vecinos se queden y progresen y anticipó que buscarán la aprobación de leyes que contemplen, por ejemplo, “la venta con condición de compra preferente por el Estado o que no se puedan comprar cinco viviendas para hacer un edificio”.
Pese a que desconfía de las promesas de los políticos Molina reconoció que las obras avanzan y deseó que representen un “buen futuro” para los niños. “Yo cuando era chico pasé hambre y tuve que golpear puertas para que me dieran un pedazo de pan”, recordó.
Texto: AP/ Almudena Calatrava
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