Esperan justicia desde hace 56 años

Pasaron 56 años de juicios desde que los herederos de Julio Ramón Pinasco iniciaron la batalla para recuperar los bienes que Corrientes les expropió en forma irregular en 1952 para entregárselos al Ejército como depositario. El caso, uno de los más largos despropósitos de la historia judicial argentina, ahora se encuentra en la Corte.

Si bien muchos años después la expropiación de los campos se anuló, casi todos los herederos originales han muerto y la batalla legal la continúan cerca de 110 herederos de las generaciones siguientes que, con sentencia firme desde 1989, aún no pueden cobrar la indemnización por daños y perjuicios que, según diferentes cálculos, varía entre 40 y 120 millones de pesos, sólo en concepto de capital.

"El tiempo pasa, los herederos de Pinasco van muriendo y los suceden sus hijos y sobrinos, casi todos de muy escasos recursos, que viven en Uruguay, Corrientes, Chaco y Buenos Aires. Algunos ni siquiera tienen el dinero para pagarse el ómnibus hasta la Capital para firmar los documentos", explica Eduardo Crudele, abogado de la sucesión Pinasco y coordinador de un equipo que suma varios abogados en Corrientes.

Crudele, correntino, lleva ya 39 de sus 84 años en esta lucha sin haber cobrado un peso de honorarios. "Hay valores de más peso que los pesos. Y también está el amor propio", responde cuando se le pregunta por qué no baja los brazos.

Cuenta Crudele que Pinasco había muerto en la Capital, soltero, sin hijos e internado en un instituto para enfermos mentales, cuando Corrientes expropió dos estancias suyas, La Uruguaya y La Casualidad, y otros terrenos, en las cercanías de la ciudad correntina de Mercedes. En total suman 4673 hectáreas, entregadas en depósito al Ejército, fuerza que durante décadas "arrendó en forma ilegal buena parte de ellas", agrega Crudele.

Luego de que LA NACION reveló el caso, en 1999, las dos estancias que usufructuaba el Ejército fueron restituidas a la sucesión Pinasco porque se determinó que la expropiación de 1952 había sido irregular.

Sin monto establecido

Sin embargo, los herederos aún esperan que la Justicia les fije el monto del juicio que entablaron contra Corrientes para resarcirse de los daños y perjuicios sufridos por no haber podido explotar aquellos campos durante medio siglo. Ese monto, dice Crudele, varía entre 40 y 120 millones de pesos según si la Justicia considera que la deuda se ha consolidado o no.

La sucesión Pinasco había planteado el largo debate judicial en dos frentes: por un lado, demandaron para que Corrientes y el Ejército les devolvieran las tierras; por el otro, reclamaron una indemnización por el dinero que dejaron de ganar.

Corrientes nunca había llevado a buen término el juicio de expropiación que es imprescindible para que el Estado pueda quedarse con bienes que son propiedad de un particular, y la provincia había entregado parte de esas extensiones al Ejército. Esta fuerza, durante la jefatura del teniente general Martín Balza, hoy embajador en Colombia, "increíblemente demandó a los Pinasco para quedarse con las tierras, pero perdió el juicio. Balza y su plana mayor -agrega Crudele- fueron indagados en una causa penal conexa por presunta usurpación".

Todos esos factores tuvieron un peso decisivo para que la sucesión Pinasco pudiera, muy lentamente, obtener la devolución de las tierras.

Efectivamente, en 1978, el Superior Tribunal de Corrientes dio por perimido el juicio de expropiación de la provincia. Ese mismo año, los herederos promovieron el juicio de reivindicación y de daños y perjuicios. En 1993, el caso llegó a la Corte nacional, que le dio la razón a la sucesión Pinasco y, en 2001, esos campos regresaron efectivamente a poder de los descendientes de Pinasco. Pero el otro reclamo, el pago de la indemnización, sigue sin resolverse.

Si bien en 1989 el Tribunal Superior de Corrientes reconoció el derecho de los Pinasco a cobrar un resarcimiento que años después se calculó en unos US$ 30 millones, en 2004 ese mismo tribunal, con una nueva composición, en pocas horas se apoderó del expediente mediante un per saltum y dejó sin efecto un embargo ejecutivo de 24 millones contra el fisco provincial. "Este es, ahora, el tema que debe resolver la Corte Suprema nacional: la legitimidad, o no, del per saltum ", dice Crudele.

Y agrega que el tiempo pasa y los herederos se siguen muriendo. "Los que no mueren quisieron vender las tierras apremiados. Pero como la Justicia exige que firmen todos, algunos se cansaron y vendieron sus derechos sobre los campos a un ganadero de la zona. En relación con el monto global, es muy poco dinero el que obtienen por vender sus derechos y, por eso, ellos esperan que la Corte decida sobre el juicio de daños y perjuicios", dice el abogado.

La larga historia que espera un final

• En 1952, la provincia de Corrientes expropió campos para entregárselos el Ejército.

• En 1978, los herederos de esas tierras iniciaron un juicio de reivindicación y de daños y perjuicios.

• En 1993, el caso llegó a la Corte Suprema de la Nación, que les dio la razón a los sucesores de Pinasco, y en 2001 las tierras volvieron a los descendientes.

• Falta resolver la indemnización por el no uso de los campos

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