Frente a la Agencia I+D+i: “Le pedimos al niño Jesús insumos para investigar”, la llamativa protesta del sector científico
Autoridades, investigadores y becarios de institutos se manifestaron en Palermo para denunciar el desfinanciamiento del sistema y la suspensión de proyectos claves
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LA NACION
Frente a las puertas de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), en el barrio porteño de Palermo, la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología convocó a todo el sector a manifestarse por lo que describen como un “vaciamiento” sostenido del sistema de ciencia y técnica.
En el lugar se congregaron estudiantes, docentes, investigadores y directivos de distintos institutos científicos de todo el país. Como parte de la protesta, montaron una escultura con cajas forradas como regalos de Navidad, en alusión al lema de la convocatoria: “Navidad con Ciencia”. La puesta en escena buscó visibilizar, de forma simbólica, la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos del sector y el deterioro de las condiciones de trabajo en los organismos de investigación.
Según los convocantes, la situación del sistema científico es “crítica” y el nivel de desfinanciamiento no tiene antecedentes recientes. “En el año 2002, luego de una de las peores crisis económicas y sociales que haya atravesado nuestro país, la Argentina invertía el 0,17% de su PBI en la función científico-tecnológica. En la actualidad, esa inversión se redujo al 0,16%, lo que impactó en la pérdida de más de 4148 empleos en el sector”, detalló un comunicado difundido por becarios de la Agencia I+D+i. Se trata de una agrupación conformada por investigadores afectados por las decisiones adoptadas por el organismo, en particular en relación con los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT).
Estos proyectos constituían la principal fuente de financiamiento para numerosos grupos de investigación en universidades y centros públicos del país. Sin embargo, desde la asunción del gobierno libertario los montos asignados dejaron de actualizarse en función de la inflación. En total, alrededor de 1500 proyectos vigentes dejaron de recibir ajustes –algo que, con distintos niveles de regularidad, se había mantenido durante la presidencia de Alberto Fernández– y los investigadores afirman que la situación se volvió insostenible para la continuidad de las tareas científicas.
Uno de los ejemplos más citados es el de los estipendios que perciben los becarios que trabajan en estos proyectos. Según datos compartidos por la agrupación de becarios de la Agencia I+D+i, los montos actuales no superan los 800.000 pesos mensuales y, además, no contemplan cobertura de obra social ni reconocimiento por antigüedad, lo que agrava la precarización laboral en un sector que ya enfrenta dificultades para retener recursos humanos calificados.
A este escenario se suma la incertidumbre que atraviesan los ganadores de los PICT correspondientes a la convocatoria 2022. Desde el cambio de administración, esos proyectos quedaron en un limbo administrativo, sin definiciones claras sobre su inicio o ejecución. La situación se extendió durante meses hasta que, hace unas semanas, las autoridades de la Agencia I+D+i anunciaron oficialmente que esas iniciativas quedarían sin efecto. En su lugar, informaron que se abrirían nuevas convocatorias para los programas Apoyo a la Investigación Científica (AIC) y START UP 2025.
Desde el Gobierno explicaron a LA NACION que se trata de esquemas con un presupuesto superior al de los PICT y anticiparon que en las próximas semanas se lanzarían nuevas convocatorias. No obstante, en el sector científico persisten las dudas sobre el alcance real de estos programas y respecto de qué disciplinas serán priorizadas.
En ese sentido, becarios de la Agencia I+D+i y miembros de la la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) denunciaron que el Poder Ejecutivo detuvo de manera deliberada las convocatorias de los PICT y que ahora destinará esos fondos a programas focalizados en un número acotado de áreas. Según lo informado oficialmente, los sectores elegibles son tres: agroindustria, minería y energía, y salud. Para buena parte de la comunidad científica, esta definición implica un corrimiento de la ciencia básica, entendida como la rama del método científico orientada a ampliar el conocimiento fundamental sobre fenómenos naturales, leyes y mecanismos, sin una aplicación práctica inmediata.
Otro de los cuestionamientos centrales gira en torno de cuatro fondos internacionales de los que dispone la Agencia I+D+i, pero que, según denunciaron, no fueron ejecutados casi en su totalidad durante los últimos años. Tanto los becarios como autoridades de distintos institutos científicos acusaron al organismo de haber mantenido un “congelamiento deliberado” del presupuesto disponible, pese a que desde el Ejecutivo se había señalado en su momento que aún existía margen para su utilización.
La Agencia I+D+i fue una de las instituciones más afectadas por el recorte general aplicado al área de ciencia y técnica, aunque no fue la única. De acuerdo con datos del propio sector, el organismo sufrió una reducción presupuestaria del 76% en comparación con el cierre de 2023, mientras que el conjunto del sistema científico registró una caída cercana al 70%. Pero los reclamos no se limitan al plano presupuestario.
En la convocatoria a la manifestación también se denunció la disolución por decreto del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Nacional de Semillas (Inase), del Instituto Nacional del Agua (INA) y del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), así como la reducción de competencias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). A estas medidas se suma, según los convocantes, el intento de degradar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que pasarían a cumplir funciones meramente administrativas.
Además del ajuste presupuestario y la reestructuración institucional, los científicos denunciaron un quiebre en los canales de comunicación con las autoridades. Según relataron distintos investigadores consultados, se instaló una verdadera “caja negra” en torno al manejo del presupuesto del sector. Desde hace más de un año, tanto la Raicyt como otros actores del sistema presentaron pedidos de acceso a la información pública que nunca fueron respondidos por las autoridades de la agencia. Ante esta falta de respuestas, representantes del sector iniciaron acciones judiciales.
El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de La Plata (Sala II), que hace diez días resolvió que el Estado nacional debía entregar la documentación vinculada al financiamiento del área de ciencia y técnica. En cumplimiento de esa decisión, la Jefatura de Gabinete deberá presentar, en un plazo de 15 días, información completa sobre ocho programas del sector, incluido el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación establecido por la ley 27.738.
Por último, el pasado 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declara la emergencia y el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa incorpora, en su artículo 7°, la actualización de los ingresos de todo el personal comprendido en el sistema, con un aumento retroactivo desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, que no podría ser inferior al índice de inflación. El proyecto aguarda ahora su tratamiento y votación en el Senado.
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