Intentaron frenar un aborto legal en el Hospital Rivadavia

La presunción de que en el Hospital Rivadavia se practicaría un aborto hizo que un abogado denunciara que "podría estar por ocurrir un delito". La fiscalía interviniente desestimó los argumentos de la presentación porque se trataba de una interrupción legal del embarazo (ILE).

"Solo contamos con una apreciación personal que hace una persona que evidentemente se encuentra en contra de la práctica médica del aborto y eso la ha llevado a efectuar esta denuncia, en la que, sin poder fundarlo en ningún dato objetivo, consideró que en un hospital público harían un aborto a una mujer por fuera de la ley", redactó en su dictamen Daniel Pablovsky, fiscal en lo criminal y correccional porteño.

Desde el Ministerio de Salud porteño informaron que se hizo el procedimiento. "El ministerio y sus efectores cumplen con la ley vigente, el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema, que establece las causas para la ILE -indicaron-. No hablamos sobre casos en particular en cumplimiento del secreto médico". Tampoco se refirieron a qué medidas adoptarán ante la filtración de información confidencial de una paciente, que originó la denuncia.

En el país, el aborto no es punible si está en riesgo la salud (física o mental) de la madre, su vida o si la mujer fue víctima de violación. El fallo de la Corte eliminó la necesidad de judicializar, en esos casos, el acceso a la ILE e instó a las autoridades sanitarias a elaborar un protocolo para los equipos de salud.

En el Hospital Rivadavia, el procedimiento estaba previsto para el 2 de este mes por problemas de salud mental de la madre, según pudo conocer LA NACION. Pero se demoró por presentaciones administrativas y judiciales. La denuncia del abogado Marcelo Breide Obeid fue rechazada en el dictamen fiscal. En otra denuncia, de Juan Carlos Monedero, se solicitó que se investigaran los delitos de aborto y abandono de persona. "De acuerdo con la información proporcionada enfática pero 'extraoficialmente' por médicos y enfermeras del hospital, la práctica no encontraría encuadre jurídico en las causales de no punibilidad previstas", se lee en la presentación. Una prueba ofrecida es "un mensaje de alerta" de WhatsApp de "un integrante del personal del hospital", donde en los últimos días representantes de grupos como Red Federal de Familia, +Vida y Abogados por la Vida hicieron una vigilia.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir criticaron la forma de actuar de estos grupos. "No podemos aceptar que se siga quebrantando la ley -señalaron-. Ningún grupo puede intervenir en las instituciones de salud para afectar la confidencialidad de la atención de las personas ni el acceso a los servicios de salud. La difusión por las redes sociales de cualquier caso es un atentado a la privacidad y viola la ley de derechos de los pacientes".

Por Fabiola Czubaj

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