1
Jorge Macri envió a la Legislatura porteña un nuevo Código Contravencional con penas más duras para manteros y trapitos
Establece multas de hasta $58 millones por venta ilegal en el espacio público, de más de $7 millones por conducir alcoholizado y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes
5 minutos de lectura'
LA NACION
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió este miércoles una reforma del Código Contravencional de la Ciudad con penas más duras. La medida abarca sanciones de mayor costo para trapitos, manteros y aquellos que conduzcan alcoholizados.
El proyecto, una modificación integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12), establece multas de más de $7 millones por transitar bajo los efectos del alcohol, de hasta $58 millones por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes.
También suma penalizaciones por acoso callejero, estafas digitales y elementos destinados a provocar disturbios, entre otros, y amplía sanciones accesorias en el ámbito de los eventos masivos -como partidos de fútbol y recitales-, el tránsito, las apuestas y en materia de protección animal.
“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación... A todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sentenció Jorge Macri en un video que compartió en sus redes sociales.
Y sumó: “No hay ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y violentos. Con este nuevo Código que presentamos, endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”.
“No vamos a mirar para otro lado. En la Ciudad hay consecuencias”, coronó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Los detalles
Uno de las reformas más destacadas es el aumento generalizado de las penas. Las multas serán más altas, crecerán los días de trabajo comunitario y de arresto previstos para distintas contravenciones y se ampliarán las herramientas para garantizar el cumplimiento de las sanciones.
Por ejemplo, quienes generen ruidos molestos, como música a volumen elevado en espacios comunes de edificios, podrán recibir multas de hasta 600 unidades fijas, realizar entre tres y quince días de tareas comunitarias y enfrentar hasta diez días de arresto.
También se endurecen las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, que pasarán de un rango de entre 300 y 1000 unidades fijas a uno de entre 1000 y 6000, lo que supera los $7 millones en el caso de la sanción máxima. Además, el arresto podría extenderse de cinco a treinta días y la inhabilitación para conducir llegar hasta cuatro años.
En el caso de la venta ilegal en el espacio público, las multas podrán alcanzar las 50.000 unidades fijas, equivalentes hoy a más de $58 millones.
La reforma también prevé sanciones para quienes se hagan pasar por agentes de autoridad mediante credenciales falsas, financien contravenciones reiteradas o agrupaciones que cometan este tipo de faltas, interfieran sistemas de videovigilancia pública o porten y distribuyan elementos considerados aptos para provocar disturbios.
Endurecimiento de la reincidencia
El proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y establece agravantes progresivos para quienes vuelvan a cometer faltas.
Las sanciones aumentarán un 50% ante una primera reincidencia, un 66,6% en la segunda y se duplicarán en la tercera. Además, el concepto de reincidencia se amplía: ahora podrán computarse faltas similares cometidas de manera habitual en el espacio público.
Los reincidentes, en principio, tampoco podrán cumplir arresto domiciliario. En el caso de los trapitos, las penas podrían llegar a 90 días de arresto si reinciden.
En el plano procesal, la reforma elimina la condena en suspenso y suprime para los adultos la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation, como mecanismo alternativo de resolución. El plazo general de prescripción de la acción contravencional seguirá siendo de dos años. Para los adolescentes, en cambio, la probation se mantendrá, aunque condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad de los estudios.
Menores de edad
La reforma introduce cambios en el régimen aplicable a los menores de edad. Actualmente quienes tienen menos de 18 años no son responsables por contravenciones, salvo algunas excepciones vinculadas con el tránsito.
La iniciativa permitiría que los jóvenes sean responsabilizados por estas conductas a partir de los 14 años. Sin embargo, no podrán ser detenidos, deberán contar con defensa especializada y las medidas previstas estarán orientadas a la educación, la integración social y la reparación del daño.
Entre las posibles sanciones figuran amonestaciones formales, seguimiento por equipos interdisciplinarios, asistencia a programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, tareas comunitarias adaptadas a la edad y acciones destinadas a reparar los perjuicios causados.
LA NACION
