¿Justicia de Familia o censura y atropello?
El caso del periodista Sebastián Domenech abre interrogantes sobre una decisión judicial que lo obligó a borrar sus expresiones en Twitter
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LA NACIONLuciano Román
Cualquiera que se asome al funcionamiento de la Justicia de Familia saldría horrorizado ante la mezcla de ligereza, arbitrariedad, prejuicios e ineficacia con la que se suelen tomar decisiones cruciales para la vida de padres, madres e hijos. Por supuesto que cada causa es un mundo y sería una audacia irresponsable emitir juicios periodísticos sobre casos particulares. Pero abogados, psicólogos, asistentes sociales o docentes que conozcan ese mundo podrán dar fe de las enormes y dolorosas distorsiones que atraviesan a un sistema en el que se administran las cuestiones más sensibles de la vida. Se dictan “perimetrales” con asombrosa velocidad; se fijan regímenes de visitas como si los chicos fueran mercancías y se levantan muros y barreras familiares con “lapicera fácil”, siempre amparados en el lenguaje frío y desangelado de la burocracia judicial. Con llamativa frecuencia, parecen imponerse los prejuicios y la ideología más que los Códigos y la prudencia. Un exceso de reglamentarismo suele anteponerse a la humanidad de los vínculos filiales.
En este contexto, acaba de conocerse una decisión judicial que le ordena a un padre (el periodista Sebastián Domenech) borrar sus publicaciones en las redes sociales en las que expresa su posición ante una causa que lo involucra. Esa Justicia que dicta “perimetrales” también impone mordazas. ¿Cómo no ponerse en guardia frente a un hecho semejante? No hace falta zambullirse en expedientes ni revisar jurisprudencia para advertir que la libertad de expresión no puede ser coartada con pasmosa liviandad. Quizá sea la consecuencia de una burocracia judicial demasiado acostumbrada a “decretar” prohibiciones, administrar permisos y forzar distanciamientos. “Mándenlo a callar. Y que retire lo dicho”, habría ordenado –en la jerga de los expedientes– un engranaje de la Justicia de Familia. Si no lo fuera, se parece demasiado a un acto de prepotencia y totalitarismo judicial.
¿No puede un padre hablar de su dolor? ¿No puede plantear su opinión sobre el sistema al que está sometido? ¿No puede impugnar públicamente una decisión judicial ni valerse de su palabra para luchar por lo que considera justo?
¿En qué doctrina se funda la orden de borrar los tuits en los que un hombre expone su lucha y su derrotero en los tribunales? La Justicia tiene derecho a examinar los contenidos de cualquier declaración pública y, eventualmente, determinar si configuran una conducta judicialmente reprochable. Pero impedir que esas declaraciones se hagan, u ordenar que se borren, se parece más a un acto de censura y atropello que a la prudente y equilibrada decisión de un magistrado. Un ciudadano está obligado a acatar las decisiones de la Justicia, pero no se le puede exigir que las comparta y que no se queje de ellas si las considera injustas. Los jueces deben ser respetados, pero en una democracia también pueden ser criticados.
Acá no se juega un conflicto de familia, sino un principio elemental del sistema republicano: la mordaza y la censura hieren el sistema de libertades individuales.
Sería bueno que todos conozcamos, si es que existen, los fundamentos de un recorte a la libertad de expresión. ¿O dejamos de tener jueces para tener emperadores?
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